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El diputado Vega en Malvinas. El tema de la soberanía sobre las islas Malvinas es una reivindicación histórica de la República Argentina. Un tema de estricta justicia y sobre el cual nuestro país, al igual que el resto de América Latina, tiene una posición tomada hace muchísimos años.
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Creo que, al menos en esta parte del mundo, nadie discute que se trata de territorio sudamericano, concretamente argentino, ocupado ilegítimamente por una potencia colonial.
A la debacle del Imperio Británico, que fue perdiendo una a una sus colonias, Londres fue reteniendo, al menos, algunos enclaves de valor estratégico militar para la navegación. Tal es el caso de Hong Kong (que debió devolver a China hace algunos años), el Peñón de Gibraltar (indiscutiblemente parte integrante del territorio español) y las islas del Atlántico Sur.
No existe argumento alguno que pueda justificar, en pleno siglo XXI, la presencia de una colonia británica en mitad del Atlántico Sur.
En este sentido, el actual gobierno uruguayo ha actuado con innegable coherencia con las mejores tradiciones del país. De allí que esté prohibida la entrada a puertos orientales de buques militares británicos que tengan por destino el archipiélago y que se desconozca la bandera de conveniencia que otorgan las autoridades coloniales de las islas, prohibiendo por tanto el ingreso a aguas territoriales uruguayas de buques con dicho pabellón.
En medio de este conflicto, en una nueva chicana del Foreign Office británico, se ha planteado la posibilidad de realizar “una consulta” a los habitantes de las islas sobre su soberanía. Es decir consultar a los “kelpers” si quieren perder todos los privilegios que el Reino Unido brinda a sus ciudadanos que viven en territorios de ultramar y pasar a ser ciudadanos argentinos. El planteo de por sí es, no sólo ridículo, sino que ilegal, ya que las Naciones Unidas plantea que no son válidas las consultas a poblaciones trasplantadas a territorios de ultramar sobre la pertenencia o no de los mismos a la metrópolis de la que provienen. El principio de autodeterminación no aplica aquí, por las razones expuestas. Así lo ha entendido durante décadas el comité de descolonización de Naciones Unidas.
En medio de esto, leemos con asombro e indignación una nota de prensa en la cual el diputado Álvaro Vega, del mismo gobierno y sector que el presidente y los ministros que tan acertadamente han defendido en nuestro país la posición de la soberanía argentina sobre las islas, declara, muy suelto de cuerpo él, que está dispuesto a “observar” un eventual referéndum sobre la soberanía del archipiélago.
En principio, aclaremos que la observación electoral es una práctica profesional que se viene desarrollando hace décadas en varias partes del mundo a través de instituciones especializadas. Se trata de un mecanismo mediante el cual se verifica que un determinado proceso electoral transcurra en condiciones “libres y justas”. Se debe verificar que las elecciones se realicen sin presiones indebidas y con respeto de la voluntad popular (entre otros varios etcéteras que no es del caso explicar aquí).
En todo caso, si concurren personalidades invitadas a presenciar un acto electoral, estos lo hacen en carácter de veedores o simplemente de invitados internacionales. Aún así, la presencia tanto de observadores como de veedores o invitados, si es que estos no concluyen que los comicios no fueron justos y libres, constituyen de suyo una legitimación del proceso.
En un caso como el precedentemente expuesto, el proceso tiene ilegitimidad de origen, ya que el objeto sobre el cual se va a realizar la consulta es, en sí mismo, ilegítimo. La sola presencia de observadores internacionales, o veedores, sería pretender que el proceso electoral tiene algún valor.
Pues no lo tiene. Se trata de una fantochada. Es como si, con todas las garantías, se le preguntara a una banda de ladrones si prefieren sinceramente devolver todo lo robado o quedarse con ello.
Si el diputado Vega quiere conocer las islas Malvinas, que busque otro pretexto que no sea legitimar con su presencia la existencia de una base militar extracontinental en el Atlántico Sur.
Señor diputado: usted, como representante nacional, no tiene ese derecho. Su presencia en ese acto sería contraria a las tradiciones del pueblo oriental, al sentir de su enorme mayoría y a la posición de su propio gobierno. No nos representa.
