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    El régimen de construcción promovida con exoneraciones fiscales “no fue suficiente” para resolver problema del acceso a la vivienda

    Falta “cultura del ahorro” y se prioriza la compra de celulares, autos y viajes, afirma el titular de agencia gubernamental

    Planear el próximo viaje o cambiar el auto antes que ahorrar para la casa propia es parte del “problema cultural” por el cual muchas familias no logran reunir el dinero necesario para financiar la compra de una vivienda. Con esa “preocupación” por el consumismo y sobre qué valor la sociedad le otorga al ahorro, el presidente de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), Francisco Beltrame, comentó a Búsqueda: “Hay quienes se horrorizan con el sobreprecio que significa el pago de la vivienda en operaciones a 25 años. Pero si uno hace la relación con respecto a la financiación de otros elementos, como por ejemplo un vehículo —que cuando se empieza a usar ya bajó de precio—, el valor de la vivienda es mucho más fuerte, se mantiene e incrementa prácticamente en cualquier ubicación”.

    A su juicio, “no se está fomentando una cultura de ahorro pensando en la vivienda” y en eso “hay un problema cultural en qué valor se le asigna”. Agregó: “Si priorizamos determinadas cosas antes que la vivienda y no conformamos aporte propio, es difícil poder llegar a obtener un crédito. Y hay otra serie de bienes (…) más mediatizados o que podemos satisfacer más de inmediato, como celulares, autos, viajes, que muchas veces conspiran en contra. Muchas veces, se termina alquilando porque no se tuvo el ahorro para acceder a compra o al financiamiento. Y más allá de casos particulares, hay alquileres que son superiores a los valores de una cuota” de un préstamo.

    La ANV es un organismo descentralizado creado en 2007, como el brazo ejecutor de las políticas de vivienda del gobierno.

    Desde el punto de vista del acceso, Beltrame tampoco está satisfecho con los resultados de la política de “vivienda promovida” con exoneraciones tributarias para la construcción, a pesar de los cambios en la reglamentación que en los últimos años tuvo ese régimen, que hasta mudó de nombre (antes se denominaba “vivienda de interés social”). Es que, si bien se logró aumentar el stock y se fijaron topes a los precios de comercialización, ese régimen “no fue suficiente” para mejorar el acceso a la vivienda, opinó el titular de la ANV. “La expectativa que uno tiene y que, en general la población tiene, es otra”, admitió.

    Reconoció que en los últimos años hubo “incrementos importantes” del costo de la construcción y, particularmente, del valor de la tierra que “conspiraron” contra el propósito de que los inmuebles fueran accesibles. Consideró que “hoy hay que estar pensando en números bastante más fuertes de lo que se pensaba al inicio de esta política. Siempre están los problemas de moneda, pero en 2012 el ahorro necesario” para acceder a un crédito rondaba los US$ 10.000; “hoy se tiene que pensar al menos en el doble. Ahí hay un problema”, comentó.

    En 2018, se dieron estímulos impositivos a la construcción de 63 proyectos con 1.594 viviendas en total, 3% más que las promovidas el año anterior, según datos de la ANV. El organismo no dispone de información procesada de 2019.

    Pero mirado en perspectiva, Beltrame dijo que el volumen de construcción bajo este régimen promocional “ha sido muy parejo desde 2012 a la fecha”. Hasta diciembre estaban terminadas 9.240 y había otras 6.153 en obra.

    El jerarca reconoció que la ANV “no sabe” cuántas de estas viviendas edificadas bajo este régimen fueron adquiridas por inversores para ser alquiladas y cuántas las compraron familias para habitarlas. A su juicio, el “problema básico” es el acceso al crédito para la compra.

    Recaudación

    En un análisis general, Beltrame se mostró conforme con la cantidad de soluciones habitacionales ofrecidas en el actual período de gobierno. “Se está por encima de lo proyectado” en el plan quinquenal, afirmó. Hasta diciembre pasado totalizaban 35.237, 5.547 más que las planificadas.

    Entre las soluciones, la agencia contabiliza diferentes acciones: 1.290 viviendas libres, usadas reacondicionadas, a refaccionar en propiedad horizontal y vendidas en remates extrajudiciales; 462 unidades en edificios sin terminar (“esqueletos”) vendidos por la ANV, que pertenecían al Banco Hipotecario y le fueron traspasados; 4.030 préstamos para refacción; 14.018 reestructuras de deudas; 7.248 carpetas escrituradas y 8.189 viviendas promovidas.

    Beltrame destacó la concreción, en 2018, de la venta de cinco “esqueletos”, como dos complejos habitacionales (Nº 277 y Nº 286, con casi 300 viviendas en total), el edificio Veredith de Santiago de Chile y Barrios Amorín, el Rivera Park, en Pocitos y, en el interior, el edificio Mirador, de 10 pisos, que estuvo abandonado por más de 30 años. Esas ventas ayudaron a una mejora en la recaudación de la ANV: en todo el año pasado registró ingresos por US$ 91 millones, el máximo desde 2012.

    Desde 2010, acumula US$ 723 millones de ingresos por la administración de las carteras que le transfirió el BHU en el marco de su reforma, que fueron estructuradas como fideicomisos. El beneficiario es el Ministerio de Economía, que capitalizó al banco en unos US$ 240 millones.

    Beltrame indicó que del total de garantías de los créditos o inmuebles transferidos en su momento (54.099), a la fecha fueron cancelados 22.692 (42%).

    Viviendas abandonadas

    El titular de la ANV tiene la expectativa de que en los próximos meses se comience a aplicar la ley de viviendas abandonadas y degradadas, aprobada por el Parlamento en 2018. Informó que, en breve, la agencia elevará una propuesta de reglamentación de esa norma a la ministra del ramo.

    Se trata, aseguró, de un “instrumento que encara el tema” de los inmuebles abandonados, que “no es mágico” porque hay situaciones “multifactoriales”.

    Explicó que la ley busca “poner en valor la tierra, dar las oportunidades a quienes son los eventuales dueños y salida a algunos predios que no necesariamente tienen un titular atrás en condiciones de ejercer los derechos y obligaciones que conlleva ser propietario. Y en ese caso es donde se va a actuar”, primero para que se pongan en valor esos bienes y, en caso contrario, como está previsto en la ley, pasándolos a remate público, con la posibilidad de que el Estado iguale determinadas ofertas.

    El jerarca prefirió no manejar cifras respecto al universo de inmuebles que se encuentran abandonados porque, aseguró, el mercado es “muy dinámico y muy difícil” de estimar.

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