El reino del revés

Un comunicado de la Lista 1 de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) para las elecciones del 2 de agosto se acerca a ese reino. Aunque el comunicado es del 12 de mayo mantiene su sustancia.

Estos magistrados postulan la antigüedad como un mérito y que la Asamblea General lo homologue. Es una aspiración natural pero contra natura respecto a la Constitución, porque los jueces —incluidos los de la Corte— son los custodios de la Carta y tienen la obligación de cumplirla y hacerla cumplir.

El comunicado convocó a una reunión para el sábado 2 en una sede del Palacio de los Tribunales. Es por lo menos extraño: ¿una reunión gremial de trabajadores de un poder, en una oficina judicial, en un día inhábil? ¿Quién la autorizó? Cicerón —el filósofo, político y abogado romano— tituló uno de sus discursos “Pro domo sua” que significa “en su exclusivo provecho”.

El comunicado dice que buscan “promover y defender el sistema de la antigüedad calificada (…) derivada del régimen vigente en materia de ascensos al grado de Ministro de Tribunal de Apelaciones, estrictamente aplicado por la SJC (Suprema Corte de Justicia) por considerar que asegura la idoneidad necesaria para desempeñarlos, así como la no politización de la magistratura nacional”.

¿Se deduce que si la Asamblea General no elige a los más antiguos los ciudadanos deberemos desconfiar de los otros porque carecerían de la “idoneidad necesaria”? ¿Habrá que considerarlos ministros de segunda?

El origen del reclamo se origina en que la Asamblea General utilizó las facultades que le concede la Carta, un camino que los partidos quieren continuar. La grave omisión política fue no hacerlo antes (Búsqueda, Nº 1.651).

Los quejosos no promueven una reforma constitucional, lo que sería razonable. Insisten en la antigüedad. Pero, ¡ojo!: la antigüedad no es la regla sino la excepción. El artículo 236 de la Carta dice que si dentro de los 90 días de generada una vacante no se alcanza un acuerdo político, ingresará el ministro más antiguo de los tribunales.

Por lo tanto el argumento de “no politización” (¿hay algo más político que la Constitución?) parece buscar un refuerzo al corporativismo.

Reivindican como “calificación” el régimen del Poder Judicial a través del cual hacen su carrera. Es un sistema que concluye con una lista anual presumiblemente integrada por los mejores jueces. La deciden delegados de la Corte, de los jueces y de instituciones vinculadas. Un sistema reservado y cerrado, aunque aparente no serlo.

La prioridad constitucional es, en cambio, una ventana para que entre el oxígeno de la opinión ciudadana que se expresa a través de la Asamblea General. Esta tiene competencia para elegir a quien considere más idóneo, sea  juez, fiscal o simple abogado (artículo 235). Pablo de María, un abogado nativo de Gualeguaychú (Entre Ríos), integró la antigua Alta Corte de Justicia en 1911.

El mundo en serio funciona al revés. ¡Claro que la experiencia de la antigüedad vale! Pero lo fundamental es avanzar estudiando y concursando ante tribunales imparciales. Es lo único que asegura la “idoneidad necesaria”. No se logra mediante un sistema que habilita peligrosamente a que jerarcas, jueces, abogados y académicos (sólo de la Udelar) puedan, eventualmente, votar a amigos, familiares de amigos o conocidos, o vetar a otros por razones personales. Apertura y transparencia.

Para no ingresar en comparaciones internacionales sobre calificaciones y concursos, quedémonos en casa y observemos cómo circula el tránsito en el revés del reino donde la burocracia y el corporativismo van quedando acorralados.

El presidente José Mujica está impulsando un nuevo estatuto de la función pública. Propone que para acceder a un cargo de responsabilidad en el Estado haya concursos y compromisos de gestión; si no se cumplen, se perderá el cargo.

El nuevo fiscal de Corte, el ex juez Jorge Díaz, anunció que pretende que en el Ministerio Público todos —incluso los fiscales nacionales equiparados a ministros de los tribunales judiciales— asciendan por concurso.

El presidente del Banco República, Fernando Calloia, llegó a un acuerdo con el sindicato para terminar con la llamada “escala del burro”; los funcionarios deberán concursar para alcanzar la categoría superior.

En su canción, María Elena Walsh escribió: “Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies; que un ladrón es vigilante y otro es juez, y que dos y dos son tres”.

Ni tanto, ni tan poco.