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El coronel retirado Eduardo Ferro, procesado por la desaparición y asesinato del militante comunista Óscar Tassino en 1977, inició un juicio al Ministerio de Defensa Nacional para cobrar su jubilación.
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La demanda, presentada en agosto ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18º turno, reclama un total de $ 5.728.783 por haberes no abonados entre 2018 y 2021, así como la retroactividad de nominales mensuales y aguinaldos de ejercicios vencidos, reajustes e intereses.
En 2017 Ferro no compareció a declarar ante la Justicia en una causa que investiga crímenes cometidos en la última dictadura (1973-1985) y se fugó a España. Fue detenido ese mismo año, pero pudo aguardar el juicio de extradición en libertad. Cuando la Justicia española accedió a extraditarlo, no lo pudo ubicar. En enero de 2021 fue detenido en Valencia y enviado a Uruguay. A fines de abril fue procesado con prisión y hoy está detenido en la cárcel de Domingo Arena.
La demanda, a la que accedió Búsqueda, asegura que mientras Ferro estuvo en España se le aplicó el artículo 127 de la Ley 16.170, que establece que los beneficiarios de una pasividad militar residentes en un país extranjero podrán recibirla solo si acreditan su existencia vía consular. Entre agosto de 2018 y marzo de 2021 Ferro no acreditó su existencia, pero sí lo hizo cuando regresó al país el año pasado. “Fue reincorporado inmediatamente a la planilla presupuestaria, por lo que se reanudó el pago de su haber de retiro. No obstante, aquellos generados y retenidos oportunamente no fueron pagados”, afirma el escrito, que agrega que el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas reconoció la deuda generada con Ferro.
El Ministerio de Defensa respondió la demanda ante el Juzgado de 18º turno para rechazarla “en todos sus términos”. La contestación del ministerio afirma que Ferro debía acreditar su existencia en el exterior y tenía pleno conocimiento de los efectos que se producirían en el caso de que no cumpliera con el requisito: “Los haberes dejan de ser acreditados y se procede a dar la baja presupuestal, implicando de esta manera la pérdida definitiva del crédito del titular”.
“Omite el verdadero motivo por el cual no acreditó su existencia en tiempo y forma durante el período de tiempo que reclama. No se encontraba residiendo de forma libre y voluntaria en el exterior, como pretende dar a entender, sino que estaba prófugo de la Justicia uruguaya. Tenía un pedido de captura nacional e internacional desde 2017, cuando no se presentó a la audiencia que estaba citado en calidad de indagado”, indica el escrito. “Pudo haber acreditado su revista en el extranjero como cualquier otro beneficiario de pasividad militar y de ese modo haber reclamado la reincorporación al presupuesto, lo cual no hizo por motivos ilícitos, dejando transcurrir pacífica y voluntariamente el plazo”, añade.
El argumento del Ministerio de Defensa también explica que cuando un beneficiario vuelve a acreditar su existencia y pide su reincorporación a las planillas presupuestales debe manifestar los motivos por los cuales incumplió con la exigencia en los meses anteriores para intentar así evitar la pérdida definitiva de los créditos que no solicitó. Estos motivos son luego analizados por la administración para determinar si fueron producto de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. “El encontrarse prófugo de la Justicia por su propia voluntad no puede configurar de ninguna manera una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor”, afirmó el ministerio.
