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A fines del año pasado más de 100 efectivos de la Policía Federal de Brasil desarticularon a tres organizaciones criminales que, basadas en los estados de Río Grande del Sur, Santa Catarina y Mato Grosso del Sur, traficaban armas desde Uruguay. La Operación Highlander, como se la denominó, confirmó en aquel momento a las autoridades policiales uruguayas una hipótesis delictiva que barajaban desde 2018: los policías son atacados para quitarles sus armas de reglamento y luego venderlas ilegalmente a Brasil.
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El problema hoy se mantiene y es una de las principales razones para que se intente encontrar una solución habitacional definitiva a los policías que viven en las zonas metropolitanas con los índices más altos de robos, rapiñas y homicidios, una solución que los sindicatos policiales reclaman desde hace más de 10 años.
Según el último censo policial, realizado por el Ministerio del Interior en 2015, alrededor de 1.100 policías viven en asentamientos y comparten las mismas calles con los delincuentes que deben enfrentar. Para evitar ese riesgo, en la Ley de Presupuesto de 2016 se estableció descontar el 1% del sueldo a los trabajadores policiales y destinar una parte a un fondo de vivienda —administrado por la Corporación Nacional para el Desarrollo— que permitiera el acceso a casas en zonas más seguras.
Cinco años después la situación cambió poco. “Es grave lo que estamos atravesando. Tanto la ley como su decreto reglamentario establecen que semestralmente se brinden balances del fondo, pero desde 2016 hasta la fecha ni siquiera se ha presentado uno y, menos aún, se han construido viviendas suficientes. Hasta el momento no se ha construido la cantidad que esperábamos”, señaló Jorge Clavijo, secretario general del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), al acudir en junio al Parlamento ante la comisión especial para el estudio del proyecto de ley de urgente consideración. “Nos ha pasado de compañeros que estaban amenazados en sus barrios y golpeaban la puerta de la Agencia de Vivienda, de la Jefatura de Montevideo o del ministerio y no encontraban solución y terminaban viviendo en la casa de un compañero”, agregó días después Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato Policial (Sifpom), entrevistada por VTV.
La falta de transparencia del fondo y las amenazas a los policías por parte de sus propios vecinos fueron discutidos por ambos sindicatos en reuniones que mantuvieron con el ministro Jorge Larrañaga, antes y después de que asumiera el cargo. En la última, realizada en setiembre, se acordó convocar a una comisión entre ambas partes para elaborar propuestas definitivas a la falta de vivienda. Aunque la existencia de esta comisión está establecida en el Decreto 344 de 2017 que reglamenta el fondo de vivienda, hasta ahora no funcionaba.
El ministerio concluyó además una auditoría al fondo de vivienda que detectó dinero sin traspasar a la Corporación Nacional para el Desarrollo. Según cálculos de los sindicatos, el fondo policial recauda al año más de US$ 7 millones.
Mientras se avanza en la administración del fondo y en encontrar nuevas opciones de vivienda, por ahora el único cambio concreto está incluido en el artículo 140 del proyecto de ley de Presupuesto, que modifica los porcentajes que se quitan al salario de los policías. Hasta ahora del 1% que se descuenta del sueldo, 0,85% se destina específicamente a vivienda y 0,15% al fondo de tutela, que incluye seguro de vida e invalidez y pago de gastos de sepelio, entre otros servicios. Con la modificación prevista en el Presupuesto la relación pasará a ser de 0,70% y 0,30%, respectivamente. Las autoridades del Ministerio del Interior aseguran que la disminución del porcentaje de vivienda no va a debilitar el acceso a nuevos hogares.
“Prevemos cambiar porque nos parece fundamental atender el socorro de la inmediatez del reclamo de la familia policial. Entendemos que no se afectan las prestaciones en materia de vivienda. Además, vamos a actuar con contundencia en esa materia, porque de lo contrario se produce una fragilización de la Policía y de la familia policial. Es una preocupación que tiene esta administración”, dijo la semana pasada Larrañaga al asistir a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados. Allí también habló sobre cómo se vincula la ubicación geográfica del hogar del policía con el robo de armas, un delito cuyo móvil se comprobó meses atrás tras casos sucedidos en Montevideo y Canelones.
“En los barrios se sabe quién es policía, y tenemos un problema que hemos advertido: el policía muchas veces es seguido por delincuentes para rapiñarlo y quizás matarlo, a fin de aprovisionarse de armas y venderlas en el mercado de la delincuencia, básicamente en el transfronterizo hacia Brasil, en virtud del alto costo que tiene la provisión de un arma de pertenencia policial por las restricciones que existen”, explicó Larrañaga.
Entre el 1o de enero y el 5 de febrero, 78 funcionarios policiales fueron víctimas de rapiña, hurto, homicidio u atentado y a 10 lograron despojarlos de su arma de reglamento. Son los últimos datos que tiene registrados el Ministerio del Interior.
Entre las armas de la Policía hay fusiles de asalto AK-47 y AK-103, revólveres Taurus calibre 38, pistolas ametralladoras Vityaz y pistolas 9 milímetros HK y Glock. Estas últimas son las más preciadas por los grupos criminales, ya que aumentó su incautación y bajó su importación.
