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Como ocurría cinco años atrás, es generalizada la percepción en el sistema financiero de que en Uruguay se blanquean activos del narcotráfico y se financia el terrorismo, no solo en su actividad. Pero los bancos, las casas e instituciones financieras externas, la única cooperativa de intermediación activa, los corredores de bolsa y las casas de cambio que componen dicho sistema están hoy mejor preparadas para luchar contra ese tipo de ilícitos, según se desprende de una encuesta efectuada por la consultora KPMG entre ejecutivos de esas entidades.
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El sondeo, a cuyos resultados accedió Búsqueda, fue efectuado al inicio del año pasado y pueden compararse con los que arrojó la primera encuesta de estas características realizada por la misma consultora en 2006.
Unánimemente, los consultados contestaron afirmativamente ante la pregunta acerca de si existen actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el país. Cinco años atrás también el 100% dio esa respuesta.
En el sondeo también se les interrogó sobre qué proporción del blanqueo se realiza a través del sistema financiero: 60% opinó que menos de 25%, 20% estimó que menos de 50% y 3% cree que más de 75% de los fondos.
Además de la actividad financiera, los encuestados entienden que el lavado de activos se concentra fundamentalmente en los sectores inmobiliario y de construcción, casinos, servicios profesionales, venta de jugadores de fútbol y zonas francas.
Respecto del grado de exposición al riesgo que tiene la institución para la que trabajan, la encuesta más reciente reveló un cambio relativamente significativo en las respuestas que indican que el mismo es “alto”: pasaron de ser 11% en 2006 a 20% en 2011.
Según KPMG, se incrementó “considerablemente la percepción de la existencia de voluntad de combatir el lavado de dinero en el país” (de 79% a 100%).
Añade que si bien disminuyó ligeramente la cantidad de respuestas relativas al conocimiento completo de la normativa existente en materia de combate a estos ilícitos (a 90%), se trata igualmente de un nivel alentador.
La mitad de los ejecutivos del sistema financiero local opinó que el costo de los programas de cumpilmiento anti-lavado de activos es elevado. A pesar de eso, el 27% aseguró que prevé incrementar la inversión en esa área en los próximos tres años.
Clientes.
El 90% de los encuestados aseveró que en su empresa existen programas de monitoreo formal de sistemas y controles contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Asimismo, la aplicación de un enfoque basado en los riesgos es prácticamente unánime (97%).
“Teniendo en cuenta lo vital que resulta el conocimiento de los clientes, es destacable que ninguno de los encuestados haya asegurado que puede lograr que el cliente documente lo que informa verbalmente, en todos los casos”, acota KPMG en el informe que sintetiza los resultados del estudio. Con una frecuencia regular alta lo consigue el 37% de los casos, mientras que el 56% lo hace con una frecuencia media. Esos porcentajes son similares a los que había mostrado la encuesta hecha cinco años atrás.
Para establecer una relación segura con sus clientes es necesario verificar continua y satisfactoriamente la identidad, remarca la consultora. Su encuesta revela que esa premisa no es seguida por muchas instituciones del sistema financiero y, de hecho, la mayoría (53%) actualiza el perfil de los clientes una vez al año. Otro porcentaje también elevado (27%) lo hace cada dos o tres años.
Las entidades que revisan mensualmente la información del perfil de sus clientes son solamente 3%.
Casi la totalidad de los encuestado aseguró que sus empresas cuentan con pogramas para corregir las deficiencias en el conocimiento de clientes.
Mientras, aumentó de 79% en 2006 a 87% en 2011 la proporción de ejecutivos que dijo que en las firmas para las que trabaja poseen sistemas automatizados para el monitoreo de transacciones.
A modo de conclusión, KPMG afirma que las respuestas obtenidas revelan los “efectos que ha tenido sobre los sujetos obligados, la adecuación en materia de prevención” del delito de blanqueo de activos y financiamiento del terrorismo en la legislación uruguaya, la creación de nuevos organismos de regulación y las acciones de control. Ello “denota importantes avances en todo el sitema”, agrega. Remarcó como un indicador de esos progresos el hecho de que solamente uno de cada 10 encuestados aseguró que nunca reportó operaciones sospechosas a la Unidad de Información y Análisis Financiero que actúa en la órbita del Banco Central, cuando la proporción había sido de 36% en 2006.
