En base a eso señalan que el nivel de penetración crediticia de Uruguay es actualmente uno de los más bajos de la región, y solo supera a Argentina y está muy lejos del primer lugar que ocupa Chile (60% en lo que respecta a bancos comerciales exclusivamente y más de 70% incluyendo a otras instituciones especializadas).
Acotan que desde 2005 creció fuertemente en Uruguay el rol de las administradoras de crédito no bancarias —como OCA, Pronto!, Creditel, Así, etc.— en el financiamiento del consumo. Pero incluso incorporando este financiamiento, el ratio crédito/PBI continúa siendo bajo (22,5%), observan.
Además sostienen que la penetración del crédito en el país se ubica por debajo de algunas economías con menor ingreso per cápita, lo que reafirma su tesis de que dicho ratio en Uruguay “debería ser muy superior a los niveles actuales, acercándose al 50%”.
Por tipo de préstamos, el mayor rezago con respecto a la región se observa en los dirigidos a empresas (12% del PBI), mientras que el segmento hipotecario se encuentra relativamente más desarrollado (7% del PBI), sólo superado por Chile (22%). Los créditos al consumo se ubican ligeramente por debajo de la media de los mayores siete países de América Latina, pero son considerablemente inferiores a los de Chile, según el estudio, fechado en enero pasado y basado en una presentación hecha para un seminario organizado por el Banco Central a fines de 2011.
En materia de depósitos, la relación con el PBI se encuenta en 33%, diez puntos por debajo del nivel previo a la crisis de 2002, lo que según los analistas del BBVA refleja que “aún no se han disipado totalmente los efectos de la misma”. Esa medición solamente computa el dinero de los residentes en el país.
“En términos relativos, el deterioro poscrisis es menor al del caso del crédito, lo cual sugiere la existencia de factores específicos, ajenos a la falta de fondeo, que impiden un mayor desarrollo crediticio”, añaden.
Acceso y limitaciones.
En la investigación se incluye una medición del nivel de acceso a los servicios financieros en Uruguay que tiene en cuenta el porcentaje de la población que utiliza algún tipo de producto (tarjetas de créditos, cuentas de ahorro, préstamos personales, entre otros) y el desarrollo de la infraestructura a través de la cual se provee estos servicios (sucursales, número de cajeros automáticos y equipos para registrar transacciones con tarjetas, conocidos por la sigla POS).
El acceso de la población a los servicios bancarios se ubica en un nivel “medio”, entre los primeros seis países de la región; el 42% es cliente bancario (59,6% en Montevideo y 21% en el interior), cerca del 43% de Brasil aunque lejos del máximo de Chile (60%).
Según el diagnóstico, la infraestructura física del sistema bancario uruguayo presenta “ciertas deficiencias ya que cuenta con 13 sucursales cada 100.000 adultos, por debajo de la media regional. Las diferencias son más notorias en la cantidad de cajeros automáticos y POS, ya que Uruguay está por debajo de la media de América Latina y lejos de Brasil, que lleva la punta.
Asimismo, “gran parte” de los servicios transaccionales son cubiertos por “redes de pequeños comercios” que efectúan cobranzas y pagos, que canalizan 49% de las operaciones del sistema de pagos minoristas, siguiéndole en importancia las tarjetas de crédito (39%) y los cheques (9%).
“El perfil de la población no bancarizada opera como restricción para el acceso a la oferta bancaria: además del bajo nivel de ingresos y la inexistencia de historial crediticio se suma la falta de garantías, factores que representan los obstáculos más relevantes para el acceso al crédito”, se plantea en el estudio. Se añade que un “bajo grado” de cobertura y de calidad de la información sobre el historial de crédito de individuos y empresas, junto con procesos administrativos “extensos y costosos para registrar propiedades y garantías” tiende a incrementar los costos vinculados a la asignación de crédito.
Del mismo modo, los analistas de BBVA consideran que los factores regulatorios que inciden en los costos bancarios, tales como los “elevados requerimientos de encajes o de provisiones” por riesgo de incobrabilidad, y la existencia de tasas máximas o de “usura”, pueden reducir el dinamismo de la expansión del crédito.
También inciden en ello los factores propios de la industria financiera. En el caso de Uruguay, uno a su juicio preocupante son los “bajos márgenes de rentabilidad que registran las entidades financieras en los últimos años, explicados en parte por el peso de los costos salariales” y de la “elevada liquidez que mantienen los bancos” en el sistema local.
Propuestas
“Uruguay todavía necesita trabajar en varios de estos aspectos para alcanzar un marco adecuado que facilite las interrelaciones en el mercado crediticio”, señalan en el documento, y plantean en concreto ampliar la información sobre el cliente (tanto familias como empresas), reducir los procedimientos, tiempos y costos para registrar una propiedad y mejorar el cumplimiento de los contratos.
En otro plano, recomiendan implementar cuentas de afiliación automática de “bajo costo” para toda la población impulsadas por el Estado y con libertad de participación de la banca. Un número de cuenta se asignaría a cada persona al momento de nacer y quedaría habilitada a operar cuando su titular se registre como ciudadano, simultáneamente con la entrega de una tarjeta de débito con el documento de identidad. Con experiencias de ese tipo, aplicadas por ejemplo en Chile, se reducen los costos de establecer una relación con la banca, alegan.
En el documento hacen otras recomendaciones —obligatoriedad del pago de sueldos por canales bancarios, estímulos para la instalación de POS e incentivos tributarios a las compras con tarjetas de débito, etc.— que están siendo analizadas por el gobierno o ya están en aplicación (ver Búsqueda Nº 1.698).
Costos.
“Uno de los temas más citados en los estudios que buscan diagnosticar la situación del sistema bancario uruguayo es el de los elevados costes operativos”, afirman los autores del documento. Y recuerdan que Fernando Lorenzo, actual ministro de Economía, señalaba en 1999 que Uruguay presentaba uno de los costos laborales más altos del mundo.
Eso es lo que se verifica actualmente al menos en la comparación regional, indican al analizar los ratios de rentabilidad sobre activos.
“Con los niveles actuales de reducida rentabilidad, es claro que las posibilidades de ampliar el crédito en Uruguay es bastante limitado”, advierten.
“Un crecimiento hipotético de la banca se encuentra ante el problema de que tendría que contratar más empleados costosos, y de que tendría que otorgar créditos muy baratos en contraposición, más aún en las condiciones de liquidez actual. Esta situación estructural de costes elevados ha generado que el espacio dejado por los bancos haya venido siendo tomado por otras entidades que han ido construyendo de manera empírica, relaciones financieras con la población. Las llamadas redes de pago y administradoras de crédito no se rigen por la legislación laboral del trabajador bancario y escapan así a los elevados costos de la banca”, añaden los analistas del banco español.
Sobre este aspecto no plantean recomendaciones específicas y solo apuntan que se trata de un “tema de enorme sensibilidad para la solución. Se conocen los esfuerzos que el actual gobierno ha venido realizando para empezar a abordar estos temas”.
De acuerdo con estimaciones del equipo de investigación de BBVA desarrolladas en base a un modelo estadístico de expansión del crédito y al crecimiento económico potencial, si Uruguay no llevara a cabo ninguna reforma, el nivel de crédito pasaría de 24,5% del PBI en 2009 a 32,5% en 2020. La brecha con Chile, que era de 70 puntos del Producto en el primero de esos años, se ampliaría a 85% al final de la presente década.
Pero si Uruguay consiguiese llevar a cabo todas las mejoras en las variables institucionales y regulatorias propuestas, podrían registrarse aumentos en el ratio crédito/PBI a 57,8 en un escenario “medio” y 76,6 en uno “alto”, según el documento. Ese último nivel equipararía al país con la situación de Tailandia en 2008 (78%).
