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Uruguay es uno de los países del mundo con mayor cantidad de personas presas por habitante: ocupa el lugar 28 en un ranking de 222 países, con 321 presos cada 100.000 habitantes (www.prisonstudies.org). La población penitenciaria en Uruguay aumentó de 8.700 personas en 2010 a 10.259 en 2018 (datos actualizados a setiembre, según el Ministerio del Interior). Del total de esta población, solo 4,7% corresponde a mujeres, y aunque el número de presas ha bajado en los últimos años (de 688 en 2010 a 479 en setiembre de 2018), estas cifras se consideran altas con respecto a los datos históricos.
Un problema grave para las mujeres privadas de libertad en Uruguay es que las cárceles no toman para nada en cuenta las especificidades de la población femenina, siendo simplemente una adaptación del modelo de cárcel de hombres. Como expresa Juan Miguel Petit (comisionado parlamentario para el sistema carcelario), la mayor parte de las mujeres privadas de libertad llegan a la ilegalidad “como forma extrema de supervivencia” (para ellas y sus hijos/as), y tanto su comportamiento en la cárcel como sus necesidades específicas son muy diferentes a las de los hombres. Sin embargo, se las suele ubicar en espacios “adosados” o “incrustados” en las cárceles masculinas, generando dificultades en el uso de los espacios abiertos, los espacios comunes o las visitas familiares. Las mujeres son las grandes relegadas del sistema penitenciario, con una menor oferta de actividades y casi siempre atadas a estereotipos culturales, en especial en el interior del país (por ejemplo, mientras que los hombres se dedican a tareas de herrería, carpintería o huerta, a ellas les toca “hacer la fajina”).
Según el último Informe Anual del Comisionado Parlamentario Penitenciario, el mayor centro de alojamiento femenino del país, ubicado en Montevideo (Centro Metropolitano Femenino, Unidad Nº 5), presenta graves problemas estructurales y de mantenimiento, incluyendo una persistente invasión de roedores que implica serios riesgos para la salud de las reclusas y graves consecuencias para la vida cotidiana.
Por otro lado, es importante entender que las mujeres que cometen delitos reciben mucho más que la pena que dispone la Justicia: reciben también la pena social por parte de su entorno, por haber roto el mandato de género, porque “el delito es cosa de hombres”. Como plantea Corina Giacomello en Género, drogas y prisión (2013), aquella que delinque es considerada desde una postura sexista como una “mujer mala”, transgresora del “orden natural” y que rompe con las normas sociales y legales que se deben respetar. Es por esto que, una vez en las cárceles, las mujeres reciben menos visitas que los hombres y tienen menos apoyos externos, sociales o familiares, que ellos; son abandonadas por sus familias y tachadas de “mala madre”. El rechazo social es mucho más fuerte que el que reciben los hombres, lo que las deja en una situación de gran precariedad vincular. A esto se suma que, una vez liberadas, la reinserción resulta muy difícil porque se transforman en “mujeres-que-cometieron-un-delito”. A este fenómeno se lo conoce como el “triple castigo” hacia las mujeres que delinquen (Informe Anual del Comisionado Parlamentario, 2017).
La creciente vinculación de las mujeres al narcotráfico y su tratamiento desde los medios, exige también una revisión desde la perspectiva de género que nos permita entender mejor las complejidades que el tema implica. Al igual que en muchos países de la región, los delitos vinculados al tráfico de drogas representan la mayor causa de procesamiento entre las mujeres en Uruguay, al menos en el área metropolitana. Como analiza Serrana Mesa Varela (2016), estas mujeres viven por lo general en situaciones de extrema vulnerabilidad, y muchas veces recurren a maternidades tempranas para lograr salir del hogar paterno o materno donde sufrieron abusos. Pero el círculo de abusos se repite en los nuevos hogares, ahora por parte de sus parejas, y se terminan encontrando solas como único sostén de sus familias. El microtráfico de drogas aparece entonces como una opción que no contradice las tareas “naturales” de los estereotipos femeninos: “poder desarrollar la tarea en la propia casa o hacer algún ‘mandado’ en momentos puntuales no genera un quiebre con el lugar asignado e introyectado como natural para la mujer” (Mesa Varela, 2016).
Aunque muchas cometen delitos vinculados a drogas como estrategia de supervivencia, son también comunes los casos de procesadas por ingresar droga en establecimientos carcelarios a pedido de su pareja o de su padre; así como también los procesamientos por “causas externas”, sin que ellas sean partícipes directas del delito (por ejemplo, por compartir domicilio con una persona vinculada al tráfico).
Expresiones sensacionalistas como “las jefas del narco uruguayo” solo logran aplanar la complejidad en la que viven muchas de las mujeres procesadas por narcotráfico. El análisis de género se vuelve imprescindible para entender las condiciones de vida y las consecuencias que recaen sobre las “malas mujeres” que delinquen, en un sistema penitenciario que las invisibiliza sistemáticamente.
