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Falta un poco más de un mes para la realización de las elecciones parlamentarias de Venezuela a las que la Unasur, la OEA y otros organismos internacionales que nuestro país integra, nuestro gobierno y el Frente Amplio han calificado como fundamentales para la “normalización” y para el fin de los graves enfrentamientos sociales que, desde hace varios años, afectan con creciente gravedad a lo venezolanos. Es una posición incomprensible ya que las dictaduras, sin una muy fuerte presión internacional de los gobiernos y partidos políticos democráticos, no abandonan el poder ni realizan elecciones democráticas y sin trampas.
Los fraudes electorales se realizan antes, durante o después del acto electoral. Todo indica que en Venezuela la dictadura va a hacer trampas en todas las etapas ya que se niega a que las elecciones tengan observadores internacionales de la OEA, de la Comunidad Europea o de otras organizaciones que puedan verificar su limpieza. La excusa es que ha invitado a la Unasur. Claro que esta organización ha mostrado, desde su creación, no ser más que un cerrado club de presidentes en ejercicio, listos para defenderse mutuamente ante cualquier posibilidad de que tengan problemas y pierdan poder. La falta de imparcialidad y hasta de compromiso democrático de la Unasur es clarísima: a pesar de que la dictadura venezolana ha venido haciendo todo tipo de trampas desde hace mucho tiempo, no ha dicho una sola palabra exigiendo o siquiera insinuando que las elecciones deben ser limpias.
Que la dictadura venezolana ya ha estado haciendo todo tipo de trampas es público y notorio. Para empezar tiene presos a algunos de los principales dirigentes políticos de la oposición; el más notorio es Leopoldo López pero no es el único. La Unasur mostró claramente su parcialidad y apoyo a la dictadura cuando no solo no condenó a la parodia de juicio al que fue sometido López sino que, con la excusa de que fue la “justicia” la que lo condenó, no correspondía hacer comentario alguno. Por supuesto que la Unasur, todos los gobiernos que la integran y por supuesto el de nuestro país, saben que el Poder Judicial en Venezuela no es independiente sino que hace lo que dispone la dictadura. Como aún no han encarcelado a todos los dirigentes políticos opositores más populares, empezando por María Corina Machado, los ha proscripto con ridículas resoluciones administrativas.
Eliminar de la contienda electoral a políticos opositores quita todo vestigio de legitimidad a las elecciones, pero ni la Unasur ni nuestro gobierno han dicho una sola palabra ante esta trampa. ¿No entienden que la realización de elecciones con los principales dirigentes de la oposición excluidos constituye un enorme fraude electoral?
La dictadura modificó los circuitos electorales tratando de que las zonas en las que supone tiene más votantes requieran menos votos para elegir sus representantes de forma de tener más parlamentarios que la oposición a pesar de tener menos votos. Esto también es una trampa. Tampoco la Unasur ni nuestro gobierno han dicho una sola palabra frente a ella.
La dictadura usa todo el aparato del Estado para publicitarse y para criticar y no pocas veces calumniar a los dirigentes de la oposición. Que la Unasur y nuestro gobierno guarden total silencio al respecto no puede sorprende a nadie. El Frente Amplio y buena parte de los partidos de los presidentes de los países latinoamericanos no han tenido ningún prurito en hacer lo mismo. Parece que usar al Estado y los dineros de los ciudadanos para publicitarse no les suena deshonesto ni reñido con la democracia.
La dictadura, además, ha seguido abusando permanentemente de los medios de comunicación obligándolos ha transmitir en cadena nacional discursos del dictador o de sus allegados e impidiéndole a la oposición tener tiempo para difundir sus ideas o posiciones. Completando las formas de monopolizar las comunicaciones políticas y hasta las noticias, la dictadura ha cerrado innumerables medios de comunicación, ha comprado muchos otros y a los que no puede manejar los persigue con todos los poderes del Estado, incluido el abastecimiento de papel en el que realizar la impresión de los diarios o revistas. Además, la dictadura ha perseguido y persigue a los periodistas de manera de tener la mayor hegemonía posible en las comunicaciones y evitar la difusión de ideas críticas. Sin libertad de prensa y comunicación no hay ninguna posibilidad de que las elecciones sean libres y limpias. La Unasur y nuestro gobierno no han dicho una sola palabra respecto a estas otras trampas preelectorales.
La dictadura no ha modificado la integración del Tribunal Electoral cuyos integrantes son todos militantes chavistas con lo que está asegurada su parcialidad. La carencia de un Tribunal Electoral independiente también es parte del fraude electoral que está llevando adelante la dictadura, es lo que garantiza el fraude en todas las etapas de las elecciones. Este aspecto del fraude tampoco ha sido reconocido ni mencionado por la Unasur ni por nuestro gobierno. ¿Acaso creen sinceramente que son posibles elecciones democráticas con ese Tribunal Electoral?
Los aspectos mencionados configuran un enorme fraude electoral ya en la etapa preelectoral. No es necesario ser adivino para afirmar que si la dictadura continúa con el fraude y modifica el resultado de las elecciones, los conflictos en Venezuela se incrementarán y las posibilidades de que lleguen a un conflicto muy violento y hasta armado son enormes. ¿Cómo es posible la pasividad de nuestro gobierno ante el fraude electoral que está llevando adelante la dictadura venezolana?
Nuestro gobierno no es el gobierno del Frente Amplio, en el que abundan simpatizantes de la dictadura chavista, que es la minoría mayor pero justamente solo representa a la opinión de una minoría de los uruguayos. Como es el gobierno de los uruguayos debe representarnos a todos, que mayoritariamente somos demócratas y como tales defensores de la democracia, especialmente en Venezuela hoy, donde hay muchos demócratas luchando, sin violencia, por restaurarla.
El gobierno no puede olvidar además que los venezolanos fueron solidarios con los uruguayos durante la dictadura que asoló a nuestro país y que por ello está moralmente obligado a respaldar a los demócratas venezolanos para que puedan restaurar la democracia en su país.
Por último, el gobierno debe recordar que los tratados internacionales, incluidos el de la Unasur y el de la Celac, que han sido suscritos cuando gobernaba el Frente Amplio, con mayoría en el Parlamento además, tienen cláusulas que lo obligan a defender y a involucrarse en defensa de los derechos humanos y de la democracia en los países que integran esos organismos.
Nuestro gobierno debe actuar de inmediato ya que la etapa preelectoral está en pleno desarrollo y solo queda un poco más de un mes y medio para la realización de las elecciones. De lo contrario, nuestros gobernantes serán personalmente responsables de la tragedia venezolana.
Los partidos y dirigentes de la oposición han tenido una actitud de solidaridad y apoyo a la democracia y a los demócratas venezolanos, responsable pero insuficiente. Deben retomar el tema, volverse a expedir públicamente, nacional e internacionalmente, y si fuera posible hasta concurrir a Venezuela. No se puede esperar más.
