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Tres años y medio después de su apertura en 2019, una licitación para la compra de miles de pares de botas tácticas sigue siendo un dolor de cabeza para el Ministerio del Interior.
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La compra, originalmente adjudicada a China Xinxing Import and Export, tras varias idas y vueltas —con cambio de gobierno incluido— recayó en un proveedor nacional. La empresa china considera que fue despojada “injusta y antijurídicamente” del negocio y por eso ahora le reclama a la cartera cumplir con el pago acordado de US$ 800.400 ante el Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo, según se establece en el expediente al que accedió Búsqueda.
El 21 de mayo de 2019 el Ministerio del Interior adjudicó una licitación pública internacional para comprar hasta 31.400 pares de botas tácticas para la Policía Nacional. Para unos 27.600, que según el pliego debían ser de “caña corta”, se eligió como proveedor a China Xinxing Import and Export.
En 2016 el gobierno le había comprado uniformes y botas a esa misma empresa, una decisión que recibió variados cuestionamientos. Por un lado, se criticó la adjudicación directa; por otro, la Cámara de Industrias manifestó su malestar por dejar afuera a proveedores locales. Finalmente los propios policías se quejaron de la mala calidad de las prendas adquiridas y de que no ajustaban a la complexión física de los uruguayos.
Pese a los cuestionamientos, resultó ser la mejor oferta en el llamado de botas del 2019. La demanda elaborada por el abogado Roberto Otero, a la que accedió Búsqueda, recuerda que China Xinxing Import and Export estaba esperando que la cartera liberara la orden de pago, cuando “comenzaron a suscitarse inconvenientes”. El 13 de setiembre de 2019, el entonces ministro, Eduardo Bonomi, decidió rectificar la resolución y dejar sin efecto la adjudicación. El argumento esgrimido y atribuido a la contaduría del ministerio fue que “no existía disponibilidad presupuestal para realizar la compra” y que el cambio respondía a “criterios de buena administración y de derecho”.
La empresa china reclamó que se revocara la resolución de Bonomi; la cartera aceptó y volvió a adjudicarle la compra en diciembre 2019. El Tribunal de Cuentas volvió a autorizar el gasto. En los considerandos, la resolución del Ministerio del Interior planteó que la necesidad del calzado era “inaplazable” por razones de servicio.
En la demanda Otero cuenta que cuando estaban otra vez a la espera de la orden de pago hubo una nueva marcha atrás. Un informe jurídico del 15 de junio de 2020 de los abogados Carlos Delpiazzo y Gabriel Delpiazzo sugirió al Ministerio del Interior hacer lugar a reclamos planteados por otros oferentes en la licitación que sostenían que la empresa china incumplía una exigencia “esencial” y excluyente del pliego. El trabajo de los especialistas estaba dirigido al entonces director general de Secretaría, Luis Calabria, y había sido contratado por el ministerio. En el texto los Delpiazzo sostenían que las condiciones del llamado exigían que las botas fueran de “cuero plena flor”, algo que no se había podido comprobar en los productos de China Xinxing Import and Export.
Al momento de adjudicar la licitación, el Latu había analizado las botas del proveedor chino y había concluido que no se podía determinar si era o no “el material exigido”. La Comisión Asesora de Adjudicaciones del Ministerio del Interior había entendido que si el Latu no podía hacer una verificación concluyente, no se podía tampoco “desestimar” la oferta por razones “técnicas”.
El 16 de setiembre de 2020 el Ministerio del Interior hizo lugar al recurso administrativo que habían presentado dos empresas participantes del llamado —una de ellas era la uruguaya Taxton— y por segunda vez revocó la adjudicación a China Xinxing Import and Export.
En el expediente de la demanda, el abogado de la empresa china afirma que le “llamó poderosamente la atención” que el Ministerio del Interior, “salteándose” su Departamento Jurídico, contratara a un estudio externo para que interviniera”.
La readjudicación de la compra de las 27.600 botas derivó en Taxton. En julio de 2021 una delegación del gobierno, encabezada por la directora nacional de Industrias, Susana Pecoy, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, visitó la planta industrial de la empresa ganadora junto con el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Alfredo Antía, donde destacaron la valorización de los productos nacionales y la importancia de la adjudicación.
En la demanda, el abogado representante de la firma china argumenta que la licitación ya había “culminado” e incluso “perfeccionado el contrato” entre la empresa y el Ministerio del Interior, al ya haber sido notificada la adjudicación. Argumenta que China Xinxing Import and Export ya no tenía categoría de “oferente” sino de “cocontratante” del Ministerio y que ese derecho “no se puede destruir en vía administrativa”.
En el expediente sostiene que el Ministerio del Interior “llegó a encargar los talles de las botas que necesitaba. Las cuales fueron fabricadas especialmente a su requerimiento”, puesto que estos “no se encontraban en stock”.
Por esas razones, China Xinxing Import and Export reclama a través del Juzgado Letrado en lo Contencioso Administrativo que el Ministerio del Interior cumpla “su parte del contrato” y pague los US$ 800.400 para recibir los 27.600 pares de botas tácticas de caña corta.
Plantean que la resolución de la cartera “causó agravio” a la empresa al “despojarla injusta y antijurídicamente de su calidad de adjudicataria” y que antes de la decisión ministerial “en ningún momento” realizaron observaciones sobre el producto ofertado”.
Fuentes del Ministerio del Interior dijeron a Búsqueda que Taxton ya entregó las 27.600 de pares de botas. En la cartera entienden que su accionar se ajustó a derecho porque la adjudicación al proveedor chino “no estaba firme” cuando se rectificó al advertir que había un apartamiento del pliego.
China Xinxing Import and Export también había sido seleccionada en al menos tres ocasiones por el Ministerio del Interior previo a la licitación en cuestión, según consta en resoluciones incluidas en el expediente del caso. En 2018 durante el gobierno de Tabaré Vázquez, la cartera le compró 5.000 chalecos antibala, a un costo de US$ 1.200.000, equipamiento táctico para la Guardia Republicana por US$ 329.500 y también indumentaria policial para el Grupo Especial de Respuesta Táctico por US$ 133.600. Luego, en febrero de 2020, se le encargó a la firma china uniformes con logo para la Policía por US$ 915.960. A todas esas cifras hay que sumarle los gastos de importación.
