Durante la comparecencia, Jaime Lassevich, distribuidor mayorista, indicó que en Uruguay “los fuegos artificiales son 100% seguros”, ya que tanto su importación como su venta están reguladas por el Servicio de Material y Armamento del Ejército. Aseguró que si se cumplen las instrucciones de uso de cada producto, “no hay accidentes”.
“Es igual que el Agua Jane: a nadie se le va a ocurrir prohibirla porque haya niños que la tomen sin el control de los padres”, cuestionó.
Por otro lado, el empresario recordó los datos expuestos por una delegación de profesionales de la salud ante la comisión, quienes, según dijo, informaron que el 3% de los quemados se debe al mal uso de la pirotecnia. “Entonces el 97% restante es por otras causas. ¿Esas otras causas también se van a prohibir?”, sostuvo.
Los comerciantes coincidieron en que los argumentos a favor de la regulación de la pirotecnia sonora pueden ser subjetivos y que existen otros elementos (como martillos neumáticos utilizados en obras) que producen peores efectos en las mascotas y los niños con TEA. Además, a su entender, el proyecto no termina de definir qué se entiende por sonoro, concepto que catalogaron como “relativo y ambiguo”.
Jesús Méndez, importador de pirotecnia, también entendió necesario acotar esa idea, “ya que todo emite sonido”, mientras que el empresario Óscar Pereira opinó que “prohibir aumenta el contrabando y el mercado negro de fuegos artificiales”.
“Las empresas hace cuatro años que estamos importando la línea de bajos efectos sonoros, ya empezamos a cambiar”, destacó en referencia a la gama pet friendly.
Por último, Gustavo Prato, importador de fuegos artificiales, sugirió limitar los decibeles a 115 o 110. Esta medida, teniendo en cuenta que los petardos (los artículos más vendidos) alcanzan los 130 decibeles, implicaría sacrificar parte del rubro “para colaborar” con la iniciativa.
Pérez Bonavita presentó el proyecto a fines de 2020 (iniciativa que sustituyó a la de Cossia, que directamente prohibía el uso de todo tipo de pirotecnia). Consultada por Búsqueda, la diputada aseguró que “por la parte médica, todas las delegaciones que comparecieron desean que esto avance y reafirman que los daños que ocasiona la pirotecnia son reales”.
“Pero también les pedimos colaboración a los empresarios para que puedan reinventar su rubro”, sostuvo.
La idea de su proyecto es reglamentar específicamente la cantidad de decibeles que podrían permitirse de la pirotecnia y que se vendan en plaza opciones menos sonoras (por lo que la línea infantil no entraría en la normativa). Igualmente, la intención es “dar el tiempo de reglamentación necesaria para que se agote el stock presente en el país, ya que la idea no es prohibir algo que desencadene un problema comercial y laboral”.
En esa línea, Pérez Bonavita dijo que hay una mayor conciencia por parte de los empresarios del sector y que muchos ya tomaron en cuenta las recomendaciones de cara a las importaciones de productos para las próximas fiestas. Esto, de todas formas, responde al descenso en la compra de pirotecnia que se ha dado en los últimos cinco años, producto de diferentes campañas (en 2020, en Montevideo se redujo 40% la cantidad de permisos para la venta otorgados por la comuna).
“El país va hacia una cultura más aggiornada a lo sano, el comportamiento del consumidor está cambiando”, celebró.
Iniciativas departamentales
Salto, Colonia, Río Negro y Flores son algunos de los departamentos que decidieron regular la venta y uso de pirotecnia sonora en espacios públicos. Sin embargo, todas establecen diferentes criterios para el control de esta normativa, al tiempo que algunas plantean la aplicación de multas y otras la requisa de los artículos.
“No queda claro cómo van a regular o fiscalizar, y algunas prohíben el uso en el espacio público y no en el privado… Me da la impresión de que muchas intendencias se apuraron a legislar porque era un tema en agenda que surgió como un estallido a fin de año, pero no hubo un trabajo profundo”, dijo a Búsqueda la titular de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo (DVVM), María Elena Laurnaga.
Es que Montevideo no escapa a esa tendencia, y a fin de 2020 la DVVM envió una propuesta de prohibición de la pirotecnia sonora a la Junta Departamental, al tiempo que creó junto con más de 40 organizaciones la Coordinadora Pirotecnia Cero, que compareció el martes 10 ante el legislativo departamental.
“Nos importaba generar un espacio de participación social fuera de las fechas de fin de año, que le diera racionalidad al debate y reflejara no solo la postura de los defensores del bienestar animal, sino también organizaciones de familiares de personas con TEA y otras discusiones sobre la protección del medioambiente”, explicó Laurnaga. Y dijo a su vez que están de acuerdo en impulsar “un mecanismo gradual” que prohíba solo la pirotecnia sonora (no la lumínica) y en pensar en una transición para los comerciantes que ya tienen comprado material pirotécnico, lo que va en línea con la regulación que se busca impulsar a escala nacional.
“Se van a tener que adecuar las diferentes legislaciones departamentales a la nacional cuando la haya, pero no creo que haya una incompatibilidad muy grande”, comentó.
El frenteamplista Claudio Visillac es uno de los ediles que trabaja actualmente en un texto que unifique las tres propuestas vinculadas a la regulación de la pirotecnia de estruendo recibidas por la Junta (la de la Defensoría y otras presentadas por el Partido Nacional y el Frente Amplio). Consultado por Búsqueda, sostuvo que el hecho de que exista un proyecto en el ámbito parlamentario “es medular”, ya que si en Montevideo se prohibiera la comercialización pero a escala nacional no se prohíbe la importación, se estaría “apagando un incendio con baldes de agua”.
“El de Pérez me parece que es un proyecto más real en la medida en que diferencia un impacto sonoro de un estruendo, y no prohíbe la pirotecnia lumínica. En la Junta hay consenso también de ir en ese sentido”, indicó Visillac. El edil dijo que acompañarán lo que otras juntas departamentales han trabajado hasta ahora, “con las particularidades que tiene la capital”.
“Nos parece una buena señal que varias juntas se expidan sobre el tema, pero este tiene que terminar coronándose con una normativa nacional que vaya en la misma línea”, reconoció.
Pérez Bonavita, en tanto, dijo que la importancia de aprobar una ley nacional radica en poder unificar los criterios departamentales, tanto para la comercialización como para la fiscalización.
“Queremos ordenar el panorama. Si bien celebro la decisión de las distintas juntas de ir por este camino, una legislación nacional daría un marco regulador más amplio y coordinado”, concluyó.
Por su parte, Lassevich dijo que para muchos abogados de derecho constitucional “es obvio que los decretos de las juntas e intendencias de Salto y de Paysandú no fueron estudiados correctamente”, ya que no se puede prohibir algo que es legal para todo el territorio nacional. “Los ediles de esos departamentos tendrán que volver a estudiar el tema para respetar las leyes y normas nacionales que, según la Constitución, están por encima de las departamentales”, criticó.
