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    Empresas públicas registraron el peor resultado desde 2015

    La desmejora en UTE y Ancap llevó a que el año cerrara en rojo

    La pasada campaña electoral comenzó con un déficit fiscal en el entorno del 3,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y ese tema se ubicó en el centro del debate durante toda la carrera para acceder a la Presidencia. El oficialismo se puso entonces como objetivo llegar al 2,5% en 2019, si lograba mantener el gobierno, pero después no cumplió con esa meta y la pospuso para 2020.

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    El actual año electoral se inicia tras cerrar el 2018 con un déficit fiscal de US$ 1.600 millones, lo que implica 2,7% del PBI, con la salvedad contable del fondo generado a partir de la Ley Nº 19.590 destinado a los “cincuentones”. Si no se consideran los US$ 716 millones contemplados dentro de esa ley, el desajuste de las cuentas públicas alcanza el 4% del Producto.

    En la contienda electoral de 2014 se puso principal atención en el desempeño de las empresas públicas, con Ancap en el centro de la escena. Ni bien asumió su segundo mandato presidencial, Tabaré Vázquez exigió a los directores de los entes el mayor cuidado en la cuentas y austeridad en los gastos. Los balances positivos comenzaron a surgir y fueron presentados por las autoridades como grandes logros.

    Las ganancias en conjunto generadas por las seis empresas fue en este último año la menor de la administración de Vázquez: US$ 359 millones, cuando en los tres años anteriores superaron siempre los US$ 450 millones.

    A su vez las transferencias al Estado que brindaron los entes públicos fueron aumentando año a año desde 2015, pero en 2018 bajaron con respecto al año anterior. Por otro lado, las ganancias en conjunto generadas por las seis empresas fue en este último año la menor de la administración de Vázquez: US$ 359 millones, cuando en los tres años anteriores superaron siempre los US$ 450 millones.

    Las ganancias de 2018 fueron producto de los resultados positivos de las tres empresas más grandes —Antel, UTE y Ancap— que superaron ampliamente las pérdidas de OSE, ANP y AFE.

    Para el 2019 el lineamiento desde el Poder Ejecutivo es continuar con medidas de austeridad que implican reducir 2% en términos reales las adquisiciones de bienes y servicios (a menos que dependan directamente del nivel de actividad del organismo), bajar 5% las horas extra y continuar reponiendo dos de cada tres vacantes generadas.

    Más allá de las medidas aplicadas en 2018, el total de los egresos de los seis entes públicos aumentó 4%, descontando efectos inflacionarios, con respecto a un año atrás. Esto implicó un aumento del gasto de US$ 300 millones. Las únicas dos empresas que lograron reducir el gasto fueron ANP y AFE.

    Desde el punto de vista del ingreso se observa que solo dos empresas consiguieron aumentar lo que percibieron al cierre de 2018: Antel (3%) y Ancap (5,3%). Las demás registraron bajas, siendo AFE la que peor desempeño tuvo al disminuir en 17% sus ingresos. De todas formas los aumentos de la empresa de telecomunicaciones y de Ancap llevaron a una suba del total de los ingresos de 2% (US$ 165 millones), siempre en términos reales.

    Transferencias

    Desde la oposición se ha señalado más de una vez que el Poder Ejecutivo busca reducir el déficit fiscal a través de las tarifas que cobran las empresas públicas a los usuarios. En este período de gobierno las transferencias de las empresas públicas venían en ascenso hasta alcanzar los US$ 487 millones en 2017. En el último año el monto transferido al Poder Ejecutivo bajó y se situó en US$ 473 millones, que en términos reales significó una disminución de 14%.

    Durante los últimos cuatro años, quienes soportaron la mayor parte de las transferencias fueron UTE y Antel, en 2018 pasaron al gobierno cerca de US$ 470 millones, que sumados a los US$ 11 millones aportados por la ANP contrarrestaron los más de US$ 20 millones transferidos a AFE y Ancap.

    Luego de descontadas las transferencias realizadas por las empresas públicas al gobierno, el resultado final registró un déficit de US$ 113,6 millones, con números que empeoraron para todos los entes con la excepción de AFE, cuyo saldo quedó en cero tras recibir los aportes del Poder Ejecutivo. Este fue el primer resultado final negativo desde 2015.

    Según el comunicado divulgado junto con las estadísticas el jueves 31 de enero por el Ministerio de Economía y Finanzas, la baja en el resultado final se explica por los peores desempeños que tuvieron UTE y Ancap. En el caso de la empresa proveedora de la energía eléctrica, el comunicado dice que “el resultado se redujo como consecuencia de un mayor costo de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica”. Su saldo final empeoró en US$ 95 millones frente al cierre de 2017.

    Con respecto a Ancap, aduce un “desalineamiento de las tarifas de combustibles respecto al costo del petróleo expresado en moneda nacional en el promedio del año”.