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Una central térmica de ciclo combinado funciona con dos turbinas. En una se inyecta un combustible fósil que hace mover la turbina, la cual genera energía eléctrica. La expansión de ese combustible produce calor, que se usa para calentar agua y generar vapor que mueve la otra turbina como si fuera un ventilador y produce más energía eléctrica.
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En noviembre del 2012 UTE firmó con la empresa coreana Hyundai Engineering el contrato para la construcción de una planta de ciclo combinado de 530 megavatios en Punta del Tigre. El costo de la obra civil se estimó en más de U$S 500 millones. Las autoridades de la empresa estatal de energía eléctrica afirmaron que así el país podría reducir su costo de abastecimiento.
Pero la obra, que UTE preveía inaugurar en el 2016, lleva ya casi un año de retraso por varios motivos. Y en el medio se enfrentan dos empresas constructoras que trabajan en el proyecto: la ecuatoriana Santos CMI y la uruguaya Calpusa, que se reclaman mutuamente deudas millonarias en dólares.
Santos CMI.
Hyundai Engineering contrató para llevar adelante la obra civil a Santos CMI, que a su vez se asoció con Calpusa. A comienzos del 2014 empezaron los trabajos constructivos.
Santos CMI es una empresa ecuatoriana con presencia en 18 países. Su principal accionista es la compañía Posco E&C. Trabajó en la construcción de la central térmica de Punta del Tigre de UTE y en las obras de la planta de celulosa que construyó Botnia. Según su sitio web, tiene proyectos en marcha también en Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Guatemala.
El viernes 17, “El País” informó que Hyundai planteó entregar la central de ciclo combinado en agosto de 2017, diez meses después de lo previsto. Además, el diario publicó que Calpusa se presentó a concurso por un pasivo de U$S 12 millones y que le reclama a Santos CMI una deuda de U$S 2 millones.
Pero Santos CMI no sólo no reconoce esa deuda, sino que entiende que Calpusa le debe dinero. Búsqueda consultó a la empresa ecuatoriana sobre el tema y desde la Dirección informaron que le enviaron el lunes 20 una intimación de pago a Calpusa por la deuda que consideran que mantiene con ellos. Los representantes de Santos CMI afirmaron que están dispuestos a llevar adelante “todas las acciones legales” necesarias.
Según la versión de Santos CMI, esa empresa y Calpusa se asociaron para construir la planta de ciclo combinado de UTE, controlando Santos el 51% del proyecto y Calpusa el 49%. Las compañías suscribieron en junio de 2014 un “acuerdo privado de colaboración”, según el cual convinieron en “solventar conjuntamente las pérdidas” que pudiera generar el emprendimiento.
Los directivos de Santos CMI dijeron que según sus cuentas hasta ahora Santos transfirió a Calpusa $ 112 millones, de los cuales Calpusa respaldó y justificó costos por $ 96 millones. Por esa diferencia, Santos entiende que es acreedor de $ 16 millones. Además, Calpusa emitió a la compañía ecuatoriana facturas por $ 207 millones, por lo que Santos entiende que la constructora uruguaya le debe emitir una nota de crédito por $ 111 millones.
De acuerdo con Santos CMI, para obtener liquidez Calpusa emitía facturas mensuales por gastos futuros y con esas facturas cobraba en el banco.
Los representantes de Santos dijeron que consideran que Calpusa les debe unos U$S 4,6 millones. Eso surge de sumar, por un lado, las facturas no justificadas por $ 59 millones —unos U$S 2,1 millones— y por otro la mitad de las pérdidas por el contrato con Hyundai, que ascienden a U$S 5 millones.
Directivos de la empresa ecuatoriana dijeron a Búsqueda que Santos CMI garantizará al personal que está trabajando en la obra que seguirá siendo parte del emprendimiento. Además afirmaron que Santos CMI pagó las tres últimas quincenas al personal afectado a la obra que está en la nómina de Calpusa.
Calpusa.
Una empresa uruguaya fundada en el 2008, Calpusa fue adjudicataria directa de varias obras estatales. Hizo trabajos en la cárcel de Santiago Vázquez, las viviendas de los trabajadores de Montes del Plata y varias obras privadas como edificios, industrias y centros comerciales. Según informaron varios medios, emplea a una plantilla de 800 trabajadores.
Consultado sobre el tema, Alejandro Chertkoff, propietario de Calpusa, dijo a Búsqueda: “Lo que estamos reclamando a Santos CMI es el pago de facturas de avance de obra aprobadas que se encuentran conformadas por Santos CMI, firmadas por ellos, con certificación de firma por escribano público, cedidas en los bancos Santander y República. Esto se hizo en líneas de crédito de Calpusa y es lo que provocó que Calpusa se quedara sin esas líneas”.
Chertkoff dijo que Santos CMI solicitó al Banco Santander un préstamo por U$S 4 millones que debía ser desembolsado en dos etapas de U$S 2 millones cada una para cubrir las facturas descontadas por Calpusa en el Banco Santander. Chertkoff dijo que “existe una aprobación local por parte del banco y el compromiso de que los fondos que se desembolsaran se destinarían en primera instancia a cubrir las facturas adeudadas por Santos CMI a Calpusa”. Según el dueño de Calpusa, el préstamo nunca fue adjudicado porque Santos se había comprometido, a pedido del banco, a presentar una garantía de su matriz Posco, pero no lo hizo.
El empresario dijo que no son U$S 2 millones el dinero que reclama de Santos CMI, pero tampoco quiso revelar el monto exacto.
Mientras tanto, Calpusa espera la decisión de la jueza de concursos, Teresita Rodríguez Mascardi. De acuerdo con una nota de “El País” del sábado 18, Calpusa sostuvo en un escrito presentado a la jueza que en su situación influyó que el costo de la construcción casi se duplicó en cinco años, que la Ley de Responsabilidad Penal del Empleador le agregó gastos y que el alza del dólar incrementó las erogaciones en insumos y las deudas en esa moneda.
El artículo dice que Calpusa aseguró que no tiene deudas con el Banco de Previsión Social ni con la Dirección General Impositiva. Según la información disponible en la Central de Riesgos Crediticios del Banco Central, consultada por Búsqueda, Calpusa debe U$S 9,5 millones a ocho entidades financieras.