La teoría indica entonces que se trata de una cuestión jurídica y no política, pero otra cosa es la praxis. “Todo el Uruguay estaba en una actitud muy dubitativa frente a la guerra”. Esa fue la crítica interpretación que hizo Fritz, un judío austríaco refugiado en Uruguay, cuando fue entrevistado para un libro que la antropóloga Teresa Porzecanski publicó en 2011.
El testimonio hacía referencia a que, en 1941, el Partido Colorado en el gobierno tenía un diputado nazi que había llegado al Parlamento de la mano de Gabriel Terra, el presidente constitucional que en marzo de 1933 había encabezado un autogolpe. El legislador pronazi Kayel dirigía el periódico Libertad. La Policía había reprimido una manifestación estudiantil en 18 de Julio y Ejido frente a la redacción de la publicación, que tenía una agresiva línea antijudía, antiestadounidense y antibritánica. Luego de cruentos incidentes en Durazno, la cámara votó el desafuero, para que Kayel pudiera ser juzgado por un delito de imprenta. Recién al año siguiente Uruguay tomó partido oficial por los aliados.
Después de este caso hubo otros de resultado negativo, entre ellos un pedido de desafuero del diputado comunista Rodney Arismendi, ya en plena Guerra Fría, luego de unos graves incidentes que se produjeron en 1949 en el excine Trocadero.
Milicos y tupas.
En la década de 1970 la cámara volvió a votar desafueros. En 1972 se produjo el de Washington Leonel Ferrer, un diputado olimareño suplente que había sido electo por el sector liderado por Enrique Erro y a su vez militaba en el MLN-Tupamaros. La noche en que se estaba votando el levantamiento de sus fueros, Ferrer se retiró del Palacio Legislativo, luego estuvo exiliado en Europa, años después regresó al país y falleció en 2008.
Ese mismo año, Ariel Collazo había sido detenido por la Policía. La captura se produjo dos días después de cesar como diputado frenteamplista, ya que había perdido la banca por unos 400 votos.
El mayo de 1973, a partir de testimonios —entre otros— de Héctor Amodio Pérez y Alicia Rey Morales, dos extupamaros que colaboraron con el Ejército, la justicia militar presentó el pedido para desaforar al propio Erro y aunque el resultado fue negativo, el proceso ayudó a consolidar el golpe de Estado del 27 de junio, cuando se disolvieron las cámaras.
“Se daban actos muy hostiles con las Fuerzas Armadas. Y el caso de Erro desbordó el vaso”, contó el exdictador Juan María Bordaberry a Miguel Ángel Campodónico para el libro Antes del silencio.
Erro tenía una vasta carrera política que había comenzado en la Lista 2 del Herrerismo, dirigida por Atilio Arrillaga Safón, y había accedido por primera vez a una banca de diputado en 1955. Fue ministro de Industria, propuesto por Luis Alberto de Herrera, pero al poco tiempo renunció por discrepancias con Benito Nardone y cuando perdió la banca rechazó la jubilación de parlamentario y se dedicó al rubro editorial.
En la misma lista militaban Lucy Cordano y su hijo José Mujica, que luego abandonó el Partido Nacional junto con Erro y después del fracaso de la Unión Popular en las elecciones de 1962 se hizo tupamaro.
A pesar de los viejos lazos y de las declaraciones de Amodio, que afirmó que todos los martes de mañana visitaba a Erro en su casa de La Paz como colaborador tupamaro, el veterano político se mantuvo en la negativa. Declaró que conocía a Amodio desde la época en la que él era presidente de la Asociación de la Prensa y el traidor a los tupamaros, obrero gráfico, pero que jamás lo había recibido en su casa.
Al final, Erro logró sortear no solo el desafuero sino un juicio político que quincistas y pachequistas quisieron votar en la Cámara de Diputados, como forma de salir del atolladero. No obstante, convertido en un blanco de los militares camino al poder se refugió en Buenos Aires, estuvo preso en la cárcel de Villa Devoto y después se exilió en París, donde murió en 1984 alejado del Frente Amplio.
El senador frenteamplista José Germán Araújo perdió su banca en 1986 por decisión de la mayoría del Senado que le hizo un juicio por llamar, desde CX 30, a manifestar y provocar incidentes la misma noche que se votó la ley de caducidad.
Otro de los casos polémicos de fines del siglo pasado fue el del diputado pachequista Armando da Silva Tavares. El 28 de junio de 1991 faltó un voto para que la cámara aprobara su desafuero y quedara en manos de la Justicia por una estafa en la montadora de autos Sevel. El diputado cumplió su mandato y recién entonces fue procesado con prisión. Después abandonó el país y se radicó en Estados Unidos, donde actuó como consultor de inversiones. En 2005 fue acusado de estafa en Panamá, condenado a seis años y seis meses, parte de los cuales terminó de cumplir en Uruguay.
En 1996 se realizó un juicio político al senador frenteamplista Leonardo Nicolini, por falsificar pruebas en relación con operaciones del gobierno blanco con la empresa española Focoex, pero entonces no perdió su banca y solo fue suspendido por seis meses.
El exintendente de Artigas y diputado colorado Carlos Signorelli fue desaforado y juzgado en agosto de 2008 por una serie de irregularidades durante su gestión al frente de la comuna.
En noviembre de 2010, el fiscal Luis Bajac pidió el desafuero del senador frentista Rodolfo Nin Novoa, a quien quería llevar a juicio por falsificación ideológica en relación con su declaración jurada. También se denunció que —siendo vicepresidente— había pedido condiciones especiales para obtener un préstamo del Banco República.
Después de largas discusiones, el desafuero no se votó favorable y al terminar su período como legislador, el actual diputado colorado Eduardo Zubía, entonces fiscal penal, solicitó el archivo, porque el presunto delito ya había prescripto.
“Algo en la bebida”.
Cuando era legislador, el presidente Luis Lacalle Pou demoró unos meses en pronunciarse por el caso del diputado de su partido Wilson Ezquerra, al que levantaron los fueros en diciembre de 2017 y resultó condenado a 12 días de trabajo comunitario por manejar alcoholizado y provocar un accidente sin heridos. Después regresó a la Cámara.
“Cometió una gran imprudencia y nosotros, que somos los que generamos las leyes, tenemos que cumplirlas igual o más que nadie”, concluyó entonces Lacalle Pou.
Por el mismo problema de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas perdió sus fueros en abril de 2019 el senador y médico colorado Daniel Bianchi, al que un juez de Paz de Maldonado reclamaba por provocar un accidente con 1,3 gramos de alcohol en sangre.
La Cámara le aplicó el artículo 115 de la Constitución, que habilita a remover a un legislador por “actos de conducta indignos de su cargo”. Bianchi adujo que le habían puesto “algo en la bebida”, pero terminó votando su propio desafuero.
Entre los casos desestimados están los de los colorados Juan Justo Amaro y Alberto Casas, al que se quería enjuiciar por abuso en el uso de los viáticos, autos oficiales y publicidad oficial mientras estaban al frente de la OSE durante el gobierno de Jorge Batlle. Amaro fue procesado recién en 2010, por abuso de funciones y fraude, en un juicio que no alcanzó a Casas pero sí a los exdirectores del ente Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni.
El exvicepresidente Raúl Sendic renunció y evitó el debate de desafuero. Tampoco se llegó a votar el levantamiento para el senador de su sector, Leonardo de León, de quien el fiscal sostuvo que “no cometió delito, pero fue deshonesto en su accionar” durante la gestión al frente de la planta de alcoholes Alur. Michelle Suárez renunció antes de que llegara un pedido de desafuero y fue condenada por estafa, falsificación y falso testimonio, luego de que el Partido Comunista le pidió que dejara la banca.
Omisión de los funcionarios.
El fiscal penal Rodrigo Morosoli analizó en 48 páginas, ahora en poder de los legisladores, la actuación de diversos funcionarios que intervinieron en relación con las actuaciones del Tribunal de Honor que juzgó a varios militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), para eventualmente juzgarlos por el delito de omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos, artículo 177 del Código Penal, que puede acarrear entre tres y 18 meses de cárcel. Entre ellos había siete generales, el ministro de Defensa, el secretario de la Presidencia y hasta el entonces jefe de Estado, Tabaré Vázquez. Morosoli llegó a la conclusión de que contaba con elementos para formalizar solo al excomandante en jefe del Ejército Manini Ríos.
La pregunta que quedó flotando es qué habría pasado si El Observador no hubiera publicado parte de las detonantes declaraciones del teniente coronel José Gavazzo acerca de su participación en la desaparición del detenido Roberto Gomensoro, en Paso de los Toros. El fiscal que pretende imputar a Manini Ríos concluyó que, de todas formas, estas hubieran llegado a la Justicia debido a una orden emitida por el expresidente Vázquez antes de la publicación del diario.
El abogado defensor del senador, Juan Fernández, luego sustituido por el exjuez Juan Carlos Fernández Lecchini, sostuvo el 1° de noviembre de 2019, cuando el caso fue derivado al Senado, que la fiscalía carece de pruebas contra el excomandante del Ejército.
En una exposición cuya grabación recibieron el martes 16 los integrantes de la comisión que preside la senadora blanca Carmen Asiaín, Fernández sostuvo que no fue su cliente sino el gobierno de Vázquez quien quiso dar un “carpetazo” a las actas de los militares Gavazzo y Jorge Silveira.
Según la defensa, Manini Ríos consultó al exministro Jorge Menéndez las dos veces que detuvo las actuaciones del Tribunal de Honor a instancias de los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún y en las dos oportunidades recibió instrucciones de continuar con las actuaciones.
A pesar de que Gavazzo contó detalles de cómo había tirado el cadáver de Gomensoro al río Negro y luego Silveira relatara el caso de Eduardo Pérez Silveira, al que Gavazzo habría arrojado una granada de gas estando preso en Artillería I y también está desaparecido, los tres generales recibieron la orden de continuar.
La primera comunicación verbal de Manini Ríos a Menéndez, que falleció en abril de 2019, según Fernández, se produjo “en una reunión oficial en el Club Naval, uno o dos días después” de recibir a los generales Fajardo, González y Erramún.
La segunda vez, también sin documentar, la respuesta del ministro habría sido la misma, después de consultar con el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma: “Seguir adelante”.
Para Fernández, “el Ministerio Público dirigió la estructura del Estado” contra su defendido a pesar de que este hizo lo que tenía que hacer, comunicar a su superior y no “salir para una fiscalía”.
Debate.
La narrativa para movilizar la acción penal que realizó Morosoli es que Manini Ríos, por el cargo que ocupaba, debió hacer la denuncia y ordenar que continuara el trabajo del Tribunal. El fiscal citó largos pasajes del presidente del Tribunal, Gustavo Fajardo: “A los tres nos sorprendió, (Gavazzo) nos tiró algo arriba de la mesa que realmente es importante”. Según declaró en la fiscalía, en ese momento “dijimos, a la miércoles, esto es grave”, se trata de “un caso para la Justicia Penal”.
La conclusión del fiscal Morosoli es que Menéndez se enteró de las confesiones de Gavazzo y Silveira recién cuando fue informado por sus asesores jurídicos, al recibir el fallo que pasó a los militares a situación de reforma no por las violaciones a los derechos humanos, sino por deslealtad con sus camaradas.
Morosoli detalla que para ese entonces habían pasado 356 días de las declaraciones de Gavazzo y 291 de las de Silveira.
El fiscal no hizo un recuento de cuántos días pasaron desde que Menéndez se reunió con Toma y el presidente dio la orden de llevar el expediente en 45 minutos y mandarlo a la Justicia luego de la nota de El Observador.
Fuentes judiciales consultadas por Búsqueda dijeron que las actas sirvieron para alrededor de una docena de causas, entre ellas para reabrir la que había sobreseído al propio Gavazzo en Paso de los Toros, además de para aportar más elementos a los familiares.
En abril del año pasado, Manini Ríos admitió a Búsqueda que optó por no llevar las actas a la Justicia “para no obstaculizar la marcha del Tribunal” y que “eso pudo haber sido un error”.
Manini Ríos dijo en varias oportunidades que iba a pedir a la Cámara Alta que le levantaran los fueros, sin embargo, en su partido empezaron a dar señales que van en otro sentido. Los senadores Guillermo Domenech y Raúl Lozano adelantaron que no comparten la opinión de su líder, informó El Observador. El semanario La Mañana, vinculado a Cabildo Abierto, publicó ayer un artículo en el que el politólogo Óscar Botinelli fundamenta por qué el planteo debería ser rechazado.
Salvo el senador Sergio Botana, que ya está en contra, en el Partido Nacional aún no se ha expresado una definición y anunciaron que primero van a analizar los documentos. La diaria informó el miércoles 15 que entre los colorados tampoco hay una definición clara. Hasta ahora, solo el Frente Amplio tiene postura tomada favorable sobre el desafuero. El senador Mujica dijo que está en contra, por lo que, llegado el momento de votarlo, podría ingresar a su suplente.
