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La situación que se generó la última semana, cuando un paciente de 74 años murió en una ambulancia porque no fue aceptado en el Hospital de Las Piedras por falta de camas disponibles, registra un antecedente de 2011: un tribunal de Justicia obligó a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a aceptar en forma “inmediata y sin demoras” en los hospitales públicos a los pacientes que provengan de las emergencias médicas y que registren “una situación clínica de deterioro agudo de la salud” del individuo con “peligro inminente de vida”.
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Más aún, la resolución judicial dictada por el Tribunal de Apelaciones Civil de tercer turno el 10 de agosto de 2011 encomendó que el Ministerio de Salud Pública realice un “efectivo control” de lo indicado.
“Se registra un evidente desacato de la resolución judicial, ya que, según relatan las emergencias médicas, las esperas en la puerta de los hospitales siguen siendo muy pronunciadas. No hay que innovar mucho porque la situación ya está resuelta”, expresó en los últimos días a Búsqueda una fuente judicial.
En esa oportunidad, Emergencia Uno había iniciado una acción de amparo porque en los hospitales públicos no recibían pacientes aduciendo falta de camas. En primera instancia la pretensión fue rechazada pero el tribunal integrado en ese momento por los ministros Mary Alonso, Julio Chalar (hoy en la SCJ) y Fernando Cardinal revocó esa decisión y le dio la razón a la emergencia móvil.
Aquella vez se constató que en 2010 ASSE había modificado el “procedimiento de internación”. A partir de esa fecha no se admitió más la concurrencia “directa a puerta” de las emergencias móviles sino que se creó un “Coordinador de Emergencias”, que es la entidad que “asigna el hospital al que se debe concurrir”. El problema es que esa asignación “puede llevar varias horas”, según la sentencia judicial.