La investigación en curso sobre el “caso uruguayo” es promovida por la Internacional de la Educación (IE) —organización que reúne a los principales sindicatos de enseñanza del mundo— y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Lo que sigue es un resumen de una entrevista de Gavrielatos con Búsqueda.
—¿Detectó privatización o comercialización educativa en Uruguay?
—En Uruguay existe una privatización incipiente y limitada en relación a otros países de América. Hay un progresivo encanto por la gestión privada, que va ganando terreno en el país.
—¿Dónde ve ese “progresivo encanto” privatizador?
—Vemos señales en todo el mundo de actores corporativos privados que buscan invadir la educación pública. Ese avance se ve claramente en América Latina, que es un mercado en crecimiento, y Uruguay está en el radar, absolutamente. Por eso vinimos, para recoger una imagen clara de lo que sucede.
—¿Y qué “imagen” se lleva?
—Estamos preocupados, porque las corporaciones dicen actuar en beneficio de la educación y los estudiantes, cuando lo que les interesa es el negocio, el lucro. Queremos traer a Uruguay las duras lecciones que hemos aprendido en otros países, advertir el impacto negativo de la privatización educativa y promover la enseñanza pública de calidad.
—¿Cuáles son esas “duras lecciones”?
—Chile, por ejemplo. Chile no solo es el peor ejemplo de privatización educativa en América Latina, es uno de los peores ejemplos del mundo. El sistema de educación chilena es uno de los más desiguales que hay. En los últimos dos años el gobierno de Chile ha hecho esfuerzos para revertir los excesos de las últimas décadas. Esfuerzo que aplaudimos.
—¿Cómo explica que ese “encanto” del que hablaba permee a gobiernos “progresistas” de América?
—Estas políticas no son exclusivas de gobiernos de izquierda o de derecha, aunque sería interesante definir lo que es “gobierno de izquierda o derecha” en América. Es un gran tema… (Sonríe).
—O sea que el fenómeno trasciende lo ideológico.
—No se puede ignorar que en los últimos 25 o 30 años ha existido un “proyecto neoliberal” con efecto en muchos países de la región. Hubo una presión externa increíble sobre algunos gobiernos por parte de organismos como el Banco Mundial, empujando a estos países a la privatización de áreas clave.
—Pero lo que usted denuncia sucede hoy, con estos gobiernos.
—También hoy muchos países aceptan ese avance privatizador, e incluso lo promueven. Es una táctica política gradual. Van privatizando de a poquito, de a poquito… Y eso es lo que más nos perturba. Hay estudios de instituciones conservadoras como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que reportan claramente que la aplicación de los principios de mercado profundizan la desigualdad y la segregación en la educación. ¿Por qué los gobiernos ignoran eso? Los sindicatos de la educación somos acusados todos los días de “ideológicos”. Pero las verdaderas posiciones ideológicas son las que aplican los gobiernos.
—Las autoridades de la educación pública dicen que no hay suficiente dinero para financiar obras y que la modalidad de participación público-privada (PPP) es una solución atendible para construir escuelas y liceos…
—No, no, no… no es una solución. Seamos claros. El establishment político en Uruguay y en todo el mundo dice: “No tenemos suficiente dinero. No tenemos opción”. Pero los gobiernos hacen elecciones políticas para definir sus prioridades. ¿Por qué nunca hay suficiente dinero para financiar la educación pública? Esa decisión es política. La pregunta es, ¿por qué hay dinero para las PPP y no para mejorar los servicios públicos?
—Pero, ¿qué son las PPP para usted?
—Las PPP son parte de un continuo privatizador donde los gobiernos renuncian a su responsabilidad y la trasladan al sector privado, en parte o totalmente. Las PPP son una herramienta privatizadora. Desde que los gobiernos recorren los caminos de las PPP luego es muy difícil dar marcha atrás.
—Las autoridades responden que los edificios, los servicios y los programas educativos, aun con las PPP, siguen siendo públicos.
—En Inglaterra, por ejemplo, las PPP proveen una garantía al privado para ser financiados por el sector público que asume el riesgo. O sea, si las cosas salen mal, el Estado se ocupa de eso. Se construye una escuela mediante PPP y la compañía privada mantiene la propiedad durante 20 o 30 años; luego, claro, la devuelve deteriorada o en escombros. Hay mucha evidencia de que las PPP no son financieramente más eficientes para los Estados.
—Usted también cuestiona el sistema de gestión pública-privada de centros de estudio —como el liceo Jubilar Juan Pablo II— que reciben donaciones de empresas para financiar la educación de chicos de zonas pobres. ¿Por qué?
—Lo interesante es que haya oportunidades para todos los niños y niñas, no para unos cuantos. Es muy fácil crear programas educativos piloto aquí y allá, pero ¿qué pasa con la responsabilidad del gobierno para alcanzar a esos niños? Sabemos que al seleccionar a los estudiantes mejoran los resultados y que esas empresas exoneran impuestos con sus donaciones. No juzgo las decisiones que los padres tomen individualmente, solo cuestiono las decisiones del gobierno. ¿Aquí uno elige a qué escuela puede ir su hijo o es la escuela que elige si su hijo puede ir a ella? ¿Qué pasa si la escuela dice que no va tomar a su hijo?
—¿Y qué pasa si este modelo funciona y se multiplica?
—El éxito de este modelo lamentablemente depende de la selección de unos chicos y la exclusión de otros. Esto es matemático. No puede universalizarse porque es selectivo. No se niega que los resultados sean muy buenos en esos centros educativos, incluso espectaculares. Pero el éxito de ese modelo depende del fracaso de muchos. Y ahí también el gobierno tiene para decir.
—Usted ha dicho que pasar más tiempo en los centros de estudios no garantiza una buena educación y pone como ejemplo el caso de Finlandia, donde los estudiantes pasan menos horas en la escuela. Pero la realidad de Uruguay es distinta a la de Finlandia y hay quienes defienden que es mejor que los chicos pasen más en la escuela que en la calle. ¿Qué responde a eso?
—No estoy diciendo que deberían haber menos horas de educación en Uruguay. Lo que digo es que en sistemas exitosos de educación, como el de Finlandia, tienen menos horas de educación. Simplemente digo que más horas en los centros educativos no garantizan una educación de calidad. Si usted habla de estudiantes en contextos adversos, le digo que la escuela es el corazón de la comunidad y debería ofrecer más oportunidades, más allá de las horas escolares.
—¿Qué otros indicios de privatización ve en Uruguay?
—La tercerización de servicios de limpieza y seguridad en las escuelas y liceos públicos es claramente una privatización. Esos servicios son provistos por trabajadores, madres y padres de niños a los que educamos. Si se privatizan esos servicios y se pierden esos trabajos, esas madres y esos padres sufrirán los efectos. Otro tema son los programas patrocinados por empresas multinacionales. Este es un problema en el mundo. Multinacionales que influencian en la currícula. Si en las escuelas le enseñamos a los niños sobre salud y los programas los patrocina Pepsi, ¿le vamos a enseñar a beber Pepsi?
—Ante este panorama que describe, ¿cuál es su evaluación?
—Nuestra investigación en Uruguay está en curso y es muy oportuna, porque así podremos construir una campaña para defender la calidad pública de la educación. No hay sistema educativo perfecto, todos son perfectibles, pero la privatización educativa, en cualquiera de sus formas, debilita la educación de calidad para todos. En Uruguay hay indicios de privatización y mercantilización educativa. Pero la mayor crisis que hay en la educación es la crisis de voluntad política.
