Ese año se formó la Comisión Independiente Lésbica, Gay, Travesti, Transexual y Bisexual Pro Marcha del Orgullo del Ser que convocó a la 5º marcha bajo el lema “¿Es posible la igualdad sin visibilidad?” y por primera vez dos activistas comenzaron a hacer apariciones públicas en los medios de comunicación. Diana Mines y Fernando Frontán se transformaron en la imagen de la homosexualidad uruguaya.
Pasaron catorce años para que un jerarca de gobierno diese una entrevista y hablase abiertamente de su homosexualidad. En noviembre de 2011, Andrés Sclagliola, director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, declaró en el semanario “Brecha”: “Soy de los que por mucho tiempo pensaron que la orientación sexual de las personas le competía a cada uno, que no tenía una dimensión política. Sin embargo, si pertenecer a una minoría sexual o tener una orientación sexual diferente todavía convive en esta sociedad con una serie de prejuicios, discriminaciones, estereotipos, eso necesariamente tiene que tener una dimensión política, pues es a través de la política que se perpetúan o se cambian las relaciones entre las personas”.
Legislar.
Es que en las últimas décadas, la sociedad uruguaya sufrió una serie de transformaciones que implicaron una apertura hacia la diversidad sexual. “Cuando yo me fui en 2002, Uruguay me parecía un ambiente absolutamente hostil. En algún punto sentí la necesidad de tomar distancia porque me hacía mal, aunque no fue la razón. Cuando volví en el 2008, noté que había una situación diferente. Creo que el punto de inflexión es más o menos en 2005 y creo que tiene mucho que ver con la constitución de Ovejas Negras y la voluntad de un cambio de cabeza”, relató a Búsqueda Scagliola.
El cambio de pensamiento se produjo al punto de generar en la opinión pública una fuerte oposición a la visión hasta ese momento reinante en el statu quo. Si bien en 2003 las afirmaciones acerca de que la homosexualidad era una “enfermedad” por parte del arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, generaron duros cuestionamientos, la calificación de “tréboles de cuatro hojas” usada nueve años después por la futura rectora de la Universidad de Montevideo provocó tal grado de conmoción en la opinión pública que debió ser resuelta con consecuencias concretas (ver nota aparte).
“Vamos como sociedad redefiniendo, no de una vez y para siempre, sino con impulsos y frenos, lo que se tolera y no. Hace diez años lo de Mercedes Rovira se toleraba perfectamente y se amparaba en el derecho a la libertad de expresión y vamos descubriendo que eso no es así, que la libertad de expresión no puede amparar discursos xenófobos”, opinó Scagliola.
Este proceso tuvo asimismo su correlato en la legislación. En julio de 2003, el Poder Ejecutivo promulgó una ley que modificó el Código Penal y dispuso que se castigue con prisión a quienes cometan actos de violencia física o moral contra personas, por su identidad u orientación sexual.
“El Estado de derecho se sostiene sobre una serie de valores esenciales dentro de los cuales está la igualdad. Derecho que debe ser defendido a ultranza, ya que marca un límite para el Estado, ya sea en su actuar administrativo, judicial y legislativo, a la misma vez que un deber. No olvidemos que nuestro país está comprometido según el Pacto de San José de Costa Rica a tomar todas las medidas necesarias y de cualquier índole que lleven a efectivizar un verdadero acceso a la justicia, en pie de igualdad, bajo el criterio de la no discriminación y a través de un debido proceso”, sostiene la abogada y mujer trans Michelle Suárez en su libro “Hacia una igualdad sustantiva” que releva el avance de la legislación uruguaya respecto a la diversidad sexual, y fue presentado el 31 de octubre.
En ese sentido, Suárez —que también integra la organización Ovejas Negras— menciona además la ley —aprobada en octubre de 2009— que permite el cambio de nombre de la partida de nacimiento —y demás documentos— de aquellos que no se identifican con el género que les fue dado; así como la inclusión de parejas del mismo sexo en la legislación de la unión concubinaria en 2007.
Asimismo, al modificar el Código de la Niñez y Adolescencia permitiendo la adopción por parte de concubinos se habilitó que parejas homosexuales puedan ser candidatas.
Creando jurisprudencia.
La jurisprudencia también hizo un camino similar. De hecho, el inicio del derrotero hacia la unión concubinaria de parejas del mismo sexo estuvo dado por una sentencia que en 1999 le otorgó daños y perjuicios a un hombre gay por la muerte de su pareja (ver nota aparte).
En junio de 2012, la jueza Gabriela Merialdo procesó sin prisión al dueño del local nocturno Tres Perros por entender que incurrió en “actos de desprecio y discriminación” contra el activista gay Fernando Frontán al expulsarlo del lugar por su orientación sexual.
Para Frontán, el caso —patrocinado por Suárez— fue la “demostración de que existe un marco legal” que ampara a las víctimas de este tipo de conductas.
Suárez también patrocinó otro caso que se convirtió en el primero y que dejó una marca en la jurisprudencia que los grupos que defienden los derechos de las minorías sexuales esperan transformar en ley.
En 2012, por primera vez en la historia de Uruguay, una sentencia de un Tribunal de Apelaciones estableció que los matrimonios extranjeros del mismo sexo no necesariamente contravienen el orden público internacional. “El caso en cuestión, un matrimonio celebrado en España entre dos hombres —explica Suárez en su libro— fue denegado en primera instancia por el juez, quien lo consideró ‘improponible’ (inadmisible) ante nuestro Derecho. La sentencia fue apelada (...) y el Tribunal de Apelaciones, por unanimidad, dio por errónea esa primera decisión y nombró a otro juez para que analizase la demanda”.
Y añade: “Esto no quiere decir que este matrimonio celebrado en España vaya finalmente a ser reconocido en Uruguay, pero sí permite que el caso sea analizado en profundidad y no sea rechazado de plano”.
Poder casarse.
En la actualidad, la Cámara de Diputados tiene a estudio el proyecto de matrimonio igualitario y la bancada oficialista prevé darle aprobación antes de fin de año. Allí se establece que “el instituto del matrimonio implicará la unión de dos contrayentes, cualquiera sea la identidad de género u orientación sexual de estos, en los mismos términos, con iguales efectos y formas de disolución que establece hasta el presente el Código Civil”.
Sin embargo, la posición respecto a esta iniciativa —tanto en el Parlamento como en la sociedad en general— está lejos de ser unánime. Al respecto, el integrante de Ovejas Negras Federico Graña, aseguró que quienes se oponen “quieren traficar una serie de supuestos valores que en realidad son propios de una ideología de la práctica judeocristiana, típicamente religiosos”, como si fuesen “comunes a toda la sociedad”.
“Pero nosotros en ningún momento pedimos que el matrimonio sea por Iglesia, eso lo discutirán ellos, qué hará cada rito (...) Se plantea que somos una minoría que queremos imponer nuestro modo de vida a la mayoría y no. Queremos vivir con los mismos derechos. Si no, los derechos son privilegios y hay ciudadanos de segunda y de primera”, señaló.
La homosexualidad y la izquierda.
Si bien para los consultados existe una relación directa entre la llegada del Frente Amplio al gobierno y la ampliación de los derechos de los homosexuales, muchos de los militantes de las organizaciones que trabajaron por ello —en su mayoría también militantes de la coalición—aseguran que no fue sencillo lograr que la izquierda incorporara sus reclamos como propios.
En ello, la organización Ovejas Negras fue clave porque resolvió presentar sus reclamos en el marco de luchas por los derechos humanos. “El acto del 1º de mayo era una lucha igualitaria, el acto del 20 de mayo era una lucha por igualdad en el derecho a la verdad y la justicia, hay un perfil muy de izquierda, por lo que también participaron en actos del Frente Amplio (FA) con sus banderas. Eso era impensado antes de 2005 y en eso comprometieron en que ser de izquierda también es eso”, sostuvo Scagliola.
Graña, asimismo, explicó que “si se lee el programa del FA del 2004 no se va a encontrar nada sobre diversidad. Tal vez sí en documentos de grupos específicos dentro del Frente Amplio, pero no en documentos del Frente Amplio como tal”.
En 2009 —añadió— “ya hay un montón de cosas escritas” y adjudicó ese cambio al hecho de que varios de los dirigentes de Ovejas Negras tienen posiciones de militancia en sectores del Frente Amplio, como la Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad, la Vertiente Artiguista, el Partido por la Victoria del Pueblo o, como es su caso, el Partido Comunista.
Sin embargo, en la actualidad no todas son fáciles. “La izquierda fue homofóbica en Uruguay y todavía conserva restos. En la izquierda convive una parte que lucha y está comprometida y cree que la construcción de una mejor democracia tiene que ver con ampliar los derechos de la diversidad sexual, y otro sector que no se opone frontalmente pero lo asume desde un silencio de lo políticamente correcto y una inacción sobre el tema”, argumentó Scagliola, dirigente de Asamblea Uruguay.
Y añadió: “Hoy por hoy, mantenerse inactivo frente a esto se parece mucho a una cierta complicidad con el statu quo”.
El lenguaje y la conducta.
Más allá de los dos temas urgentes —el “matrimonio igualitario” y los crímenes contra la población trans (ver nota aparte)—, la comunidad homosexual tiene algunas cosas aún en la lista de los debes.
Para Scagliola, por ejemplo, aún existe discriminación en el terreno del lenguaje. “El lenguaje no es un subproducto de la realidad o una cuestión meramente simbólica, el lenguaje construye realidad”, señaló, para enseguida agregar que es clave “trabajar en los procesos de creación de cultura” y por ende en los medios de comunicación y en los centros educativos, que, en la actualidad, “siguen siendo expulsores y estigmatizadores”.
También sostuvo que “la legislación, que fue el gran avance en este tiempo, sin políticas públicas atrás no funciona”. “Tenemos un montón de leyes y normativas, pero si cuando llega una mujer trans a uno de los mostradores (del Mides) el funcionario la llama por su nombre masculino, se cae todo. Se reproduce la violencia, se genera exclusión y esto sigue pasando”, explicó.
En ese sentido, informó que el Mides ya capacitó 300 funcionarios de los 1.000 con los que cuenta “en cosas tan básicas como qué es la orientación sexual y qué es la identidad de género”.
En una línea similar, Suárez sostiene que “las opiniones y posturas de los profesionales son, en parte, reflejo de lo que sucede en las sociedades”, porque “dan cuenta de ambivalencias, contradicciones y procesos de transformación así como de resistencia a los cambios”.
“Disponer de políticas públicas y orientaciones claras para las prestaciones en salud, servicios jurídicos, educativos, etc., son elementos clave para garantizar derechos pero estas deben ‘hacer carne’ en los profesionales para que se traduzcan efectivamente en relaciones de nuevo tipo, basadas en el respeto de las personas, y sus capacidades para tomar decisiones”, sostiene.
La especialista añade sin embargo que “estos procesos no son lineales ni están exentos de contradicciones”, sino “muy por el contrario, las representaciones sobre las mujeres y los hombres, la sexualidad de unas y otros, la reproducción y la familia, la maternidad, la anticoncepción y el aborto o la paternidad y la crianza atraviesan los modos de organizar diversos servicios y las prestaciones que se ofrecen a la población en estas materias”.
Pero a veces, aunque se modifiquen leyes e, incluso, conductas que discriminan, lo ocurrido en el pasado deja huellas que aparecen en el presente. Tal vez sea Graña quien mejor lo resume: “Mi pareja es más chica que yo y lo vive de otra manera, mucho más natural. Muchas veces me agarra de la mano en la calle y yo quedo helado (…) Es que vuelvo atrás. No es cerebral. Tengo miedo que alguien me grite, como me gritaron en su momento. Tengo miedo que se me acerquen y me quieran pegar, como me pegaron en su momento. Yo revivo todo eso”.
