Una pequeña sala con tres sillones de un cuerpo y una mesa ratona constituyen el único “espacio común” de una residencia estudiantil ubicada en el Centro, donde conviven durante el año alrededor de 40 personas, cifra que disminuye significativamente durante el verano.
En esta residencia estudiantil, una de las 130 registradas en Montevideo, las reglas son claras: no fumar, no utilizar aparatos de calefacción eléctrica y no salir y entrar entre las 23:00 y las 6:00. Los estudiantes del interior que eligen esta opción al venir a estudiar a la capital saben que su costo relativamente bajo frente a otras alternativas implica algunos sacrificios.
Existen diversos tipos de residencias, sin embargo, todas tienen algo en común. Ninguna cuenta con una habilitación municipal específica que avale su actividad, ya que pese a que esos establecimientos existen desde hace décadas, la Intendencia de Montevideo (IMM) no cuenta con una normativa para fiscalizarlos. “Existe un vacío legal, por lo que hoy lo único que se les pide es que tengan una habilitación como cualquier otro lugar comercial”, explicó a Búsqueda el prosecretario de la IMM, Christian Di Candia. Esto implica controlar solo aspectos como la habilitación de bomberos, contralor de la edificación e instalaciones eléctricas.
Así, la comuna no puede exigirles a sus propietarios que cumplan con condiciones especiales para alojar jóvenes. “Para realizar las inspecciones, la IMM nos sigue aplicando el mismo reglamento que rige para pensiones comunes, pero que no tiene nada que ver. Entonces nos piden cosas sueltas que a veces no podemos cumplir”, dijo a Búsqueda Gabriel, propietario de cinco residencias estudiantiles en Montevideo.
En los últimos dos años un grupo de propietarios presentaron tres escritos (uno ante Inspección General, otro ante la Junta Departamental y otro al intendente Daniel Martínez), pero ninguno obtuvo respuesta.
Igualmente, Di Candia confirmó que la intendencia trabaja desde 2018 en un proyecto de decreto relativo a este tema que será presentado ante la Junta cuando se levante el receso legislativo. Así se pretende solucionar el vacío normativo en torno a los hogares estudiantiles.
La nueva reglamentación, que se está elaborando junto a Bienestar Estudiantil —dependencia que se encarga de brindar ayuda y asesoramiento a estudiantes del interior—, establecerá pautas como un número máximo de camas por metro cuadrado y la existencia de salas de estudio, cantidad mínima de baños y cocinas, y comedores más amplios. Además, no habrá un mínimo de habitaciones, como sí hay para las pensiones.
Peras con boniatos
Laura es propietaria de una residencia en Parque Rodó que alberga a un máximo de 35 personas. Las instalaciones son sencillas: los cuartos son para dos y tres estudiantes y cuentan con una cucheta, un ropero y un pequeño escritorio. Los dormitorios no tienen ventanas y en todo el hogar hay solo cuatro baños y dos cocinas.
Según contó a Búsqueda, aunque la cantidad de residencias aumentó casi al doble en los últimos dos años, la demanda disminuyó. “Bajó el poder adquisitivo. Antes cuando los chiquilines se iban de vacaciones en verano te dejaban reservada la habitación. Ahora te entregan las llaves a fin de año y cuando regresan en marzo ven qué hay disponible”, se lamentó.
A esto se suma el aumento de los gastos solicitados por la IMM, agregó. Desde hace dos años, la comuna exige que las residencias realicen controles bromatológicos y desde 2018 la habilitación de bomberos obliga que se coloquen sensores de humo en cada pieza, con un costo de US$ 5.000. “Ahora además nos complican con el tema de la accesibilidad. Hay que colocar rampas y baños adaptados”, se quejó.
Gabriel estuvo de acuerdo con ese punto: “Nos cambian las reglas del juego sobre la marcha. No hay un criterio uniforme”, afirmó.
Di Candia sostuvo que en un principio la nueva normativa sería presentada en 2018, pero el surgimiento explosivo de pensiones irregulares a causa de la ola de inmigración obligó a las autoridades a enfocarse en esos controles. “Cuando vienen a registrar un hogar en la IMM, lo que hacemos es otorgarle un permiso de construcción con destino a residencia estudiantil, para que por lo menos haya un arquitecto responsable que le ofrezca garantías a la intendencia”, explicó el jerarca.
El abogado Juan Pablo Pola, representante del grupo que presentó sus descargos ante la comuna, dijo a Búsqueda que cuando los propietarios iniciaron la actividad “la IMM les dijo que como no había regulación alguna, que se administraran como entendieran correspondiente”.
Así comenzaron, controlados por Bienestar Estudiantil, que llevaba un registro y planteaba los requerimientos necesarios para mejorar las condiciones para los estudiantes. Pero a partir del año pasado, la IMM envió inspectores a controlar las residencias “bajo la excusa de que estaban controlando pensiones ilegales”. “Venían en la noche, pretendiendo entrar a las habitaciones cuando había gente durmiendo, con una actitud de patoterismo”, dijo Pola.
Les exigían, entre otras cosas, que colocaran en el exterior un cartel que dijera “Pensión”, algo a lo que todos se negaron al entender que no correspondía. Para el abogado, los propietarios solo quieren tener las reglas claras y que “no se mezclen peras con boniatos”.
Para todos los gustos
Uno de los servicios que presta Bienestar Estudiantil es informar en su página web un listado de residencias que cumplen con los requisitos que ellos consideran esenciales para los estudiantes. Sin embargo, Gabriel dijo que este año no se registró ningún hogar y que en la web continúan estando solo las del año pasado.
Las experiencias de los estudiantes son variadas. Paula, por ejemplo, una estudiante de Medicina oriunda de Mercedes, vivió durante tres años en la Residencia del Mar, regenteada por numerarias del Opus Dei. “Me resultó una experiencia espectacular”, dijo.
Según contó a Búsqueda, al llegar a la residencia, solo para mujeres, se encontró con un ambiente familiar. Con un costo en 2013 de $ 15.000 mensuales, tenía todo incluido: las cuatro comidas, cuentas, servicio de lavandería. Convivía con otras 50 personas, pero tenían un baño cada dos habitaciones y constantemente se fomentaban actividades de integración. Y si bien entre las 22:00 y las 6:30 no podía salir, asegura que esta opción fue “fabulosa” para su época de estudio.
En el otro extremo se ubican las residencias municipales que albergan a jóvenes que comienzan una carrera terciaria. Gastón, de Treinta y Tres, vivió ahí durante sus años de estudiante. Compartía habitación con otros cinco universitarios. El hogar era mixto y tenía un costo simbólico de $ 600 mensuales. “Me gustó mucho la experiencia, aunque no se compara con vivir en un apartamento con tus amigos”. Aspectos como la poca privacidad o la escasa comida (que aportaba la residencia) son los que recuerda con menos cariño.
Agustina, de Castillos (Rocha) vive en una residencia ubicada en la Ciudad Vieja desde hace dos años. Paga $ 5.600 al mes por una habitación para tres, que no incluye comidas. El precio por una habitación individual asciende a $ 9.000. Lo peor, dice, es que haya tres baños para casi 40 personas. Pero hoy es su única opción para acceder a la educación terciaria.