En el ámbito local e internacional, los hermanos Peirano batallan para que se archiven o revean las investigaciones en su contra

Jorge, Dante y José reclaman ante la CIDH la anulación de sus condenas y una disculpa pública por la “gravísima violación” de sus derechos humanos en el juicio; Juan pide a la Justicia local que archive su causa porque tras 15 años sigue sin concluir

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Nº 2109 - 4 al 10 de Febrero de 2021

escribe Victoria Fernández

Tuvieron que pasar 15 años para que quedara firme la condena contra Jorge, Dante y José Peirano Basso por el desvío de varios millones de dólares del Banco Montevideo a empresas del grupo familiar, en el medio de una aguda crisis económica en 2002. En el caso de Juan Peirano, considerado el jefe del grupo, 15 años no bastaron para que concluyera la investigación en su contra, por lo que aún no hay una sentencia que lo condene o lo absuelva.

En ese tiempo, tres de los Peirano fueron procesados y encarcelados, otro se fugó a Estados Unidos y fue extraditado años más tarde, el padre falleció en la cárcel y su cadáver fue exhumado ante dudas sobre su identidad, el juez de la causa fue recusado y decidió apartarse en medio de una polémica política, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó a Uruguay por el tiempo excesivo de la prisión preventiva, una ley eliminó el delito que se les imputaba y la causa fue clausurada por un tribunal, la Suprema Corte de Justicia dio marcha atrás, cambiaron los fiscales y los abogados defensores, los hermanos fueron acusados, condenados y luego casi olvidados por la prensa local.

Hoy, a casi 20 años de la debacle financiera —que terminó con los bancos Montevideo y la Caja Obrera intervenidos por el Banco Central y con miles de damnificados que perdieron sus ahorros—, los cuatro hermanos se encuentran batallando en el plano local e internacional las investigaciones en su contra.

La CIDH tiene a estudio una petición presentada por Jorge, Dante y José Peirano en la que demandan que se declare la nulidad de sus condenas y que el Estado uruguayo les otorgue una “reparación integral” y una “disculpa pública”. Plantean que sus derechos humanos fueron violados de manera “gravísima” debido a la extensa duración de las causas penales, en “clara contravención al plazo razonable” del proceso.

Un argumento similar planteó la defensa de Juan Peirano en un escrito presentado esta semana ante el juzgado penal de 23er turno. En el documento, al que accedió Búsqueda, el abogado Daniel Sellanes pide a la jueza Isaura Tórtora que “disponga sin más trámite el archivo de las actuaciones” debido a la violación del principio del “derecho al plazo razonable en el proceso penal”. Es que la causa en su contra se inició en 2006, con el pedido de extradición a Estados Unidos, y el expediente todavía se encuentra en trámite. Incluso, aún está pendiente que la Fiscalía presente una acusación —o eventualmente desista de ello— ante la jueza, un paso previo a que esta resuelva si condena o absuelve a Peirano.

Los hermanos Dante y Jorge Peirano (al fondo) salen del juzgado de Montevideo el 8 de agosto de 2002. Foto: AFP.

“Botín político”

En 2001 se desató una crisis profunda en Argentina que derivó en un “corralito” que se llevó consigo los ahorros de miles de argentinos —y a varios presidentes—, y al poco tiempo los coletazos se empezaron a sentir con fuerza en Uruguay. El gobierno del colorado Jorge Batlle logró zafar del default gracias a un préstamo de Estados Unidos, pero las consecuencias fueron devastadoras para la economía y la pobreza trepó a más de 30%.

El 8 de agosto de 2002, en medio de la crisis política y económica, la Justicia procesó con prisión a Jorge, José y Dante Peirano. Juan Peirano se había fugado a Estados Unidos, luego de incumplir sus promesas a las autoridades de que el grupo devolvería los millones de dólares que el Banco Montevideo había desviado a empresas de la familia. El padre, Jorge Peirano Facio, fue procesado con prisión en noviembre de ese mismo año, a sus 82 años, y fallecería en la cárcel cinco meses después.

Fue tras la sentencia definitiva dictada por la Suprema Corte en 2017 que los hermanos decidieron denunciar nuevamente a Uruguay ante la CIDH. Es la segunda vez que acuden al organismo de la Organización de Estados Americanos; ya lo hicieron, con éxito, en el pasado, para denunciar el tiempo excesivo de prisión preventiva (sin condena) al que fueron sometidos.

En esta nueva ocasión los Peirano piden a la comisión que repare “la gravísima violación a los derechos humanos” que les provocó el proceso penal. El escrito, presentado por el abogado uruguayo Pablo Donnángelo y los argentinos Carlos Varela Álvarez y Carlos de Casas, sostiene que la sentencia que los condenó “adolece de nulidad absoluta, en tanto acto procesal que pone ‘fin’ a un proceso penal seguido en directa y franca contradicción con las normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos”.

En la denuncia, que fue presentada a fines de 2017 y actualmente se encuentra a estudio de admisibilidad, los tres hermanos piden que se recomiende al Estado anular el proceso y eliminar sus antecedentes penales. En caso de que Uruguay incumpla con las recomendaciones, piden a la CIDH que eleve el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además de la “excesiva” demora del juicio, los hermanos acusan al Estado de violar el principio de legalidad por no respetar el principio de retroactividad de la ley penal más benigna, el principio de congruencia debido al “cambio sorpresivo e injustificado” de la imputación de la que fueron objeto, el principio de inocencia y el derecho a ser oídos.

Entre los diversos cuestionamientos sobre los avatares del proceso, señalan que la Suprema Corte “se tomó tres años para decidir el recurso de casación que finalmente desestimó”. Además, critican la “indebida injerencia” de altos jerarcas del Poder Ejecutivo que tomaron la “‘causa Peirano’ como botín político”, las medidas basadas en “la alarma pública” o el “grave daño social”, la “discriminación legislativa” de la que fueron víctimas cuando se los excluyó de una ley que buscaba descongestionar las prisiones y el cambio de imputación penal para “justificar una prisión injustificable”.

Finalmente, la petición se detiene en la “excesiva duración del proceso”, que no encuentra “justificación de índole alguna excepto en la propia falta de diligencia de la sede de primera instancia en la conducción del proceso”. “Cómo se explica” si no que cuando los hermanos “llevaban ya casi 1.000 días de privación de libertad, del expediente judicial no surgía una sola constancia de actividad procesal de índole alguna encaminada al esclarecimiento de los hechos imputados”.

Juan Peirano es escoltado por agentes de la Interpol en el aeropuerto de Santiago de Chile, el 10 de setiembre de 2008, camino a Montevideo. Foto: AFP.

El pedido de archivo

Mientras Jorge, Dante y José intentan abatir sus condenas en el ámbito internacional, Juan todavía tiene pendiente la resolución de su caso y aspira a que el tiempo juegue a su favor. La causa por la cual fue procesado en 2008 por el delito de “insolvencia societaria fraudulenta”, ha tenido pocos avances. Actualmente —de acuerdo a parte del expediente al que accedió Búsqueda— está pendiente una prueba solicitada por su abogado a Estados Unidos para que informe si en ese país existe una ejecución de sentencia extranjera en la que se condene a Peirano “a pagar sumas de dinero a la liquidación del Trade & Commerce Bank”, una institución financiera en Islas Caimán que era parte del grupo Peirano.

El pasado 10 de diciembre el fiscal Luis Pacheco, que recientemente asumió competencia en la causa al pasar a una de las fiscalías que atienden los casos iniciados antes de la reforma del proceso penal, solicitó a la jueza que deniegue el diligenciamiento de esa prueba debido a que “se trata de un exhorto librado en 2012 y reiterado en varias oportunidades, sin contestación”. El fiscal argumentó también que la causa ya ha “insumido un plazo de duración que excede lo razonable”.

“Mal puede un fiscal subrogante, que no ha dado pruebas de conocimiento cabal del expediente, solicitar la denegación de un medio de prueba que ha sido aprobado en dos ocasiones, por la sede y la propia fiscalía”, reprochó la defensa de Peirano en el escrito presentado esta semana. Insistió en que considera que la prueba “es de gran importancia para determinar la inocencia o culpabilidad” del defendido.

Por otra parte, señaló que sí “está de acuerdo” con Pacheco respecto a que el proceso excedió un plazo razonable, y pidió que, “de acuerdo a lo manifestado en el dictamen fiscal” sobre la violación del derecho a un plazo razonable en el proceso penal consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, “se disponga sin más trámite el archivo de las actuaciones”.

En caso de que la jueza Tórtora no cierre la causa, Sellanes pide que ordene nuevamente el diligenciamiento del exhorto a Estados Unidos.

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2021-02-03T23:19:00