“Por lo visto es un seguro que tiene muy poca suscripción anual, que es un producto que manejamos desde el 2016 y que en 2018, debido a la seca registrada ese año, pagó unos US$ 2,5 millones, en función al área suscripta, que fue de unas 55.000 hectáreas”, recordó. Y comparó: “Hoy no llegamos ni a las 4.000 hectáreas”.
Esas informaciones y comentarios aluden a un tipo de seguro de esa compañía estatal que “es masivo y que es un seguro de índice o paramétrico que se basa en la evolución del porcentaje de agua disponible en los suelos”, que está determinado por seccionales policiales por parte del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Inia), comentó Núñez.
Dijo que “con esa información, que es pública, el BSE hizo un seguro que se basa en la evolución de ese índice, que lo puede suscribir cualquier productor”.
Esa compañía estatal ofrece también “otro seguro que está vinculado al rendimiento productivo en los cultivos, que está restringido a algunos clientes por cuestiones técnicas, que son empresas que tienen una relación comercial integral con el BSE y cuyos seguros están contratados totalmente con el banco”, añadió. Eso dijo aludiendo a los otros seguros, no solamente a los agrícolas.
Agregó que tienen una relación con este tipo de seguros desde “hace más de 10 años” y que “es un seguro para empresas que trabajan con financiamiento a productores” en el cultivo, que “no son más de siete” firmas.
Indicó que los contratos de ese seguro medido como porcentaje de la totalidad del cultivo de soja “no ocupan una superficie muy importante”.
Respecto al interés de los productores de granos, de acceder a coberturas de riesgo para sus cultivos, Núñez señaló que “hay una demanda por un tipo de seguro que no puede ser masificado”.
“Precisamente porque Uruguay tiene una particularidad estructural y es que más allá de que pueda haber diferencias, como hubo este año, en general estos eventos son catastróficos y, por lo tanto, abarcan a una gran cantidad de productores”, argumentó.
Enfatizó que “es difícil para cualquier compañía de seguros en Uruguay soportar esta situación con un resultado favorable y positivo”.
“Por lo tanto, lo que tiene que hacer es trasladar eso al exterior, por una cobertura de reaseguro que no necesariamente es fácil de suscribir”, dijo.
Para ese jerarca, “la masificación de este tipo de seguros es restringida por esa situación vinculada a un país chico sin posibilidades de dispersar el riesgo”.
“En Argentina puede haber una sequía que afecte a una zona limitada y que no afecte a la totalidad del territorio; mientras que acá en el campo uruguayo, por más que haya diferencias zonales, siempre que hay un evento climático provoca daños considerables”, sostuvo.
El supervisor agronómico del BSE recalcó que “tanto el exceso como el déficit de lluvias son considerados por la empresa de seguros como catastróficos, lo que quiere decir que cuando suceden esos episodios afectan a una gran cantidad de productores”.
Recordó que “en 2002 y 2003 todos los cultivos de invierno fueron afectados por exceso de precipitaciones”. En ese momento “tuvimos todas las pólizas de seguros denunciadas por exceso de lluvias”, advirtió.
Y volviendo al ejemplo de los accidentes de tránsito, Núñez graficó que “en ese caso chocaron todos los autos juntos”.
Ganadería y otros rubros
La sequía registrada entre 2008 y 2009 en el campo uruguayo fue un golpe duro para la ganadería, pero en esos años no había seguros disponibles para esa actividad agropecuaria.
A raíz de esa sequía hubo un proyecto gestionado por el Ministerio de Ganadería y el Banco Mundial que derivó en un seguro de índice verde, a modo de experiencia piloto, dijo Núñez.
Duró unos tres años y también participó una empresa de seguros privada, con un producto aplicado en zonas de suelos superficiales, específicamente el basalto superificial y las serranías del Este.
“Estaba enfocado al productor ganadero con campo natural, con una afectación en la producción de forraje a consecuencia del déficit hídrico”, indicó.
Dijo que ese plan piloto de seguro, que terminó en 2018, cubría el forraje que se perdía por el impacto de la falta de lluvias y que indeminizaba un valor por vaca mensual que equivalía al complemento alimenticio requerido durante ese período. “No era un seguro que se suscribiera comercialmente, se manejaba con las sociedades de fomento rural y el MGAP pagaba el 100% del costo del seguro”, precisó.
Comentó que actualmente esa secretaría de Estado “está repensando esa posibilidad”.
La emergencia agropecuaria declarada por el Poder Ejecutivo en marzo está dirigida a dar apoyo a los productores de ganado de carne y de leche de zonas ubicadas en los departamentos de San José, Canelones, Montevideo y Lavalleja, y recientemente fue ampliada a otras zonas de esos departamentos y a los de Cerro Largo, Rocha y Treinta y Tres. Esa medida además se extendió a productores hortícolas y apicultores.
Hoy “no hay un seguro por sequía para ganadería o lechería”, dijo Núñez. Aunque reconoció que el BSE “siempre tiene en carpeta de evaluación” la posibilidad de crear un seguro para esas actividades del agro.
Un desafío
En el caso del seguro para soja, la suscripción “va asociada a un pronóstico de sequía, entonces si el productor ve que se prevé ese tipo de evento climático suscribe el contrato de seguro, y si no lo hay no lo suscribe”, dijo Núñez.
Advirtió que “si solamente hay suscripción de seguro cuando hay un pronóstico de sequía obviamente los costos de los seguros son más altos y, por otro lado, hay una siniestralidad considerable”.
Por eso, ese jerarca consideró que representa “un desafío para las empresas aseguradoras lograr un producto que sea potencialmente suscribible, independientemente de los pronósticos”.
“Nos pasa con algunas coberturas asociadas con exceso de lluvias, que se pueden suscribir sin ninguna restricción desde el punto de vista de los pronósticos, y entonces cuando había un pronóstico de exceso de precipitaciones había una gran demanda y cuando no existía eso bajaba la demanda”, comentó.
Dijo que “la relación entre indemnizaciones y suscripciones era desfavorable al mantenimiento en el tiempo del producto de seguro”.
Respecto al aumento en la suscripción de seguros agrícolas en los últimos años, Núñez consideró que se trata de “una demanda asociada con el auge que tuvo la producción agrícola en Uruguay, en momentos vinculados a la llegada de inversores extranjeros en esa actividad, principalmente argentinos”. Eso hizo que también la gestión de riesgos fuera un elemento incluido en las empresas agrícolas.
Más allá del perfil del productor o la empresa agropecuaria, la gestión del riesgo y el contrato de seguros, para ese técnico esa situación está asociada a que hay un riesgo intrínseco en la producción que está vinculado a la inversión que implica una hectárea sembrada de soja.
“Si tengo una inversión de US$ 600 por hectárea sojera y la tengo que cubrir por un período de ocho meses, ahí hay un riesgo muy grande. Ese mismo razonamiento se puede trasladar a otras actividades del agro, como pueden ser la ganadería, la lechería”, etcétera, analizó.
