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Luego de acordar en el Congreso la nueva integración de sus órganos de dirección, el PIT-CNT busca terminar de consolidar su funcionamiento para este período. Las primeras reuniones entre los dirigentes estuvieron signadas por cierta incomodidad y molestia de la línea sindical minoritaria y de perfil más opositor.
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La controversia tiene varios ejes. Todos ellos están asociados a la conformación del Secretariado Ejecutivo y a la distribución de las responsabilidades ejecutivas.
“Para nosotros hay una violación de los acuerdos y un mal inicio de la presidencia de (Marcelo) Abdala. Está avalando por la vía de los hechos un desapego a las resoluciones del Congreso”, dijo a Búsqueda Sergio Sommaruga, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) y miembro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, que es uno de los referentes de la coordinación de sindicatos conocida en la interna como Grupo de los 8.
La principal diferencia es sobre la cantidad de miembros que tiene el Secretariado Ejecutivo. Ese asunto fue centro de discusión en la reunión de la Mesa Representativa del pasado viernes 19, informó El País.
Para el Grupo de los 8, el Congreso definió claramente que el Secretariado Ejecutivo tendría 22 integrantes, 17 titulares y cinco alternos. Sin embargo, hay 23 dirigentes.
Sommaruga dice que se trata de un asunto grave que podría motivar una “crisis” si las corrientes mayoritarias (Partido Comunista y Articulación) y la principal alternativa En Lucha —que en el inicio de este período se muestra más cercana al oficialismo— no dan marcha atrás y ofrecen una solución.
Según el Grupo de los 8, hay dos dirigentes en representación de la línea socialista, uno del sindicato de Ancap y otro de los portuarios, cuando en realidad debería haber uno solo. Gerardo Rodríguez, presidente de Fancap, dijo a El País que el acuerdo permitía que fueran los dos mientras tuvieran un solo voto.
Fuentes sindicales dijeron a Búsqueda que en el Secretariado Ejecutivo de esta semana solo partició uno de los representantes de la línea socialista.
Un escalón por debajo, hay un segundo elemento de molestia y objeción para la línea minoritaria. El Grupo de los 8 reclama que se defina cuáles son los sindicatos alternos. En ese asunto, apuntan en particular a Articulación.
Los dos temas se relacionan con una tercera diferencia, que es la distribución de secretarías. Para el Grupo de los 8 solo pueden ser titulares de una secretaría los miembros titulares del Secretariado Ejecutivo.
Sommaruga también cuestionó el hecho de que a tres sindicatos del Grupo de los 8 no se les dieran responsabilidades ejecutivas cuando todo el resto de los miembros del Secretariado Ejecutivo sí las tienen. Aunque allí no tiene objeciones formales, sí lo recibió como una “señal política”.
La Mesa Representativa volverá a reunirse el 16 de diciembre y deberá dirimir las diferencias sobre la integración del Secretariado en la cantidad de integrantes y en titulares y alternos.
Mientras transita esas fricciones, el PIT-CNT retomó esta semana varios asuntos de su agenda. El más inmediato es la elección de los representantes sociales del BPS. Para el movimiento sindical se trata de una instancia clave porque esta vez tendrán la competencia de candidatos apoyados por Un Solo Uruguay, pero también como una demostración de fuerza de cara a su objetivo de oponerse a la reforma de la seguridad social que impulsa el gobierno.
“Porque estamos enfrentados a una reforma de la seguridad social concebida para recortar derechos, para que la eleccio´n sea una demostracio´n masiva de que no compartimos la poli´tica de ajuste contra las grandes mayori´as del pueblo, es que llamamos a votar masivamente la Lista 11”, dice un texto que aprobó la Mesa Representativa como material de difusión para la última semana de campaña.
El PIT-CNT desarrolla por estos días una serie de asambleas en lugares de trabajo y campañas en redes sociales. También definió mantener todos los locales sindicales abiertos el día de la elección.
De cara al referéndum sobre la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, la Mesa Representativa definió un nuevo aporte económico extraordinario. Cada filial deberá aportar durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo $ 9 por cada afiliado. Eso en total equivale a cerca de $ 8 millones, según el padrón de afiliados del último Congreso.
En las próximas semanas, el Secretariado Ejecutivo analizará y tomará definiciones a partir de un plan de acción elaborado por la coordinación política de las organizaciones que promueven el referéndum.
La Mesa Representativa tomó una decisión más sobre la agenda próxima. El PIT-CNT se va a adherir a una movilización planteada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en rechazo al proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto para que reclusos de más de 65 años puedan cumplir sus penas en prisión domiciliaria. La manifestación será en el entorno del Palacio Legislativo a mediados de diciembre.
El tratado de libre comercio (TLC) que Uruguay negocia con China es otro de los asuntos que el PIT-CNT sigue de cerca. Para analizarlo y alcanzar luego un pronunciamiento, el Secretariado Ejecutivo resolvió el martes 22 crear una comisión de trabajo.
Control antilavado
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) le solicitó al PIT-CNT información financiera. También deberá presentar documentación el Instituto Cuesta Duarte.
Según dijeron a Búsqueda fuentes sindicales, es la primera vez que se le realizan al movimiento sindical ese tipo de controles. El pedido de la Senaclaft, que ya tuvo algunas reiteraciones, fue conversado en el último Secretariado Ejecutivo.
Parte de la dirigencia interpreta que hay en la solicitud una “connotación política” que busca poner en la lupa la financiación de la organización. Otros dirigentes lo asumieron simplemente como un control de rutina.
Fuentes de la secretaría antilavado dijeron a Búsqueda que el pedido de información es parte de un amplio operativo que abarca a unas 60 instituciones, incluyendo partidos políticos, sindicatos y clubes deportivos, entre otros. El objetivo principal es confirmar el cumplimiento de las normas de prevención.