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Hay ocasiones en que a los periodistas nos quedan pendientes epílogos de algunas coberturas. Debido al vértigo informativo o a los cambios de rumbo hacia temas nuevos, ese vacío resulta imposible de llenar. Se agrava cuando el involucrado es protegido por corporaciones o personas, es extranjero o desaparece. En este caso confluyeron todas.
El mes pasado se conoció en España el origen de un hecho que estalló en Uruguay a comienzos de 1994. En un hotel de Montevideo fue detenido el cura español José Senabre, perteneciente a una parroquia de Barcelona. Había ingresado al país como turista y la Justicia española, que había pedido su captura, solicitó su extradición.
Le imputaban el delito de “corrupción” contra un monaguillo de 13 años que hizo la denuncia por el temor a haber contraído el HIV. Durante el proceso la fiscalía española solicitó cinco años de prisión pero el trámite se interrumpió cuando Senabre se desvaneció en 1991. ¿Un milagro? Claro que no.
Poco después de la detención consulté al extinto (2005) arzobispo de Montevideo, Monseñor José Gottardi, sobre si la Iglesia tomaría alguna medida. “Ninguna”, me respondió molesto. Mintió. Para evitar que Senabre permaneciera en una celda mientras se tramitaba su extradición, Gottardi puso como garantía valiosos terrenos de la Iglesia en La Floresta. Se hizo responsable y lo hospedó en la parroquia de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes y San Vicente Pallotti de la calle Paysandú 761. Para formalizar ese hecho el arzobispo declaró en el juzgado. Como quizá le pareció insuficiente también pagó los honorarios del abogado. Los expedientes no mienten.
La solicitud de extradición afirmaba que Senabre “siendo párroco titular de la Iglesia en Polynia del Valles (Barcelona), con intenciones libidinosas abusó de un menor de trece años de edad entre los años 1987 y 1989” y “mantuvo relaciones homosexuales con el menor” (Búsqueda Nº 809).
El 31 de octubre de 1994 el juez penal Juan Carlos Contarín, con el aval de la fiscal Elsa Machado, ordenó la extradición. El cura apeló y el 27 de junio de 1995 —17 meses después de haber sido detenido— el Tribunal de Apelaciones Penal de 3er turno revocó la sentencia. Dijo que no correspondía porque el tratado entre España y Uruguay de 1985 no preveía el delito de “corrupción”. Solo formal, pero inevitable.
Luego de esa sentencia, ante una consulta de Búsqueda, la oficina de Prensa del Arzobispado informó que “desde el punto de vista jurídico-canónico la Iglesia no ha tomado posición”. Otro dribling. ¿Y desde el punto de vista moral?
La oficina de Prensa agregó que los obispos no tenían comentarios que hacer sobre lo ocurrido y que en su momento hablarían. Nunca lo hicieron.
Tras ser liberado, Senabre volvió a convertirse en prófugo. Pero en diciembre el diario español El País lo ubicó en Ecuador. La información reveló detalles de una conspiración que al pedófilo le permitió huir y mantenerse oculto durante 23 años. ¿Gottardi fue informado desde Barcelona cuando avaló la libertad de Senabre con bienes de la Iglesia y le dio alojamiento?
Alguien puede considerarlo un hecho aislado pero explica el modus operandi de miles de casos que en el mundo contribuyen a la impunidad de curas pederastas. Desde hace algunos años en Uruguay se terminó. Ha sido claro el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, sobre que se aplicará “tolerancia cero”.
Senabre tiene ahora 84 años y está retirado desde hace cinco. Vive donde ejerció el sacerdocio, en la ecuatoriana diócesis de Santo Domingo de los Colorados, una provincia cercana a la cordillera de los Andes a 150 kilómetros de Quito.
“El cardenal (Ricard María) Carles firmó la carta que le permitió huir a Ecuador al cura acusado de abusos…”, tituló El País una información que publicó en dos etapas, el 9 y el 22 de diciembre. No queda claro por qué desde Ecuador vino a Uruguay y luego regresó a Ecuador.
Carles, fallecido en 2013, era en ese momento obispo de Barcelona y más tarde arzobispo. Cuando Senabre ya estaba prófugo, para encubrirlo firmó esa carta dirigida a la diócesis ecuatoriana para solicitar que admitieran a Senabre. La cuestión era protegerlo. No les advirtió sobre la denuncia de abuso sexual, confirmó al diario español el vicario judicial ecuatoriano, Jorge Apolo.
Para protegerlo lo envió a Ecuador, una fórmula que utilizan las diócesis para ceder sacerdotes a otros países en forma temporal. De cualquier manera, los curas siguen perteneciendo al obispado de origen y este conoce dónde trabajan, como lo supieron los obispos que sucedieron a Carles.
Juan Carlos Omellá, el actual arzobispo de Barcelona, hizo otro dribling: rehusó dar explicaciones al diario y se limitó a declarar que los antecedentes habían sido remitidos a Roma en 2016. Desde el punto de vista legal el delito prescribió. Con la lentitud de Roma y la edad de Senabre también podría producirse una prescripción biológica.
La diócesis ecuatoriana dijo que se enteró de lo ocurrido por la investigación periodística. Su vocero, Apolo, le explicó al diario que cuando consultaron a Senabre “se mostró tranquilo”, negó los hechos y los atribuyó a “un montaje de la alcaldesa (de Barcelona, Ada Colau) porque es comunista”. Colau encabeza una coalición de izquierdas.
Cuando El País llamó a Senabre para consultarlo “aseguró que se trataba de un error y colgó”.
