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    Error de cálculo

    N° 1967 - 03 al 09 de Mayo de 2018

    Hace unos años, trabajando en la sección de cultura de una revista semanal, me tocó leer una novela de un escritor argentino del que no sabía nada. La novela era Error de cálculo y el escritor era Daniel Sorin. El libro, ganador del Premio Emecé de Novela de 1998, era una reflexión oscurísima sobre la muerte, sobre lo fácil que es destruir lo construido, basta calcular mal, y sobre cómo una mecha relativamente pequeña puede comenzar una gran hoguera social de consecuencias más bien imprevisibles. La novela de Sorin fue definida por Luis Pestarini como una “reinterpretación de las atrocidades de la dictadura militar en clave de ciencia ficción”.

    Por raro que pueda parecer, es posible encontrar una conexión entre esta novela y lo ocurrido en estos días con el caso de La Manada, en España. O mejor dicho, el caso de cómo se expandió la información sobre el caso de La Manada hasta el punto que hay gente que cree que los acusados fueron exonerados y están en libertad. O que, ante una sentencia que nos parece injusta, lo más adecuado sea pedir la inhabilitación de los jueces. O juntar un millón de firmas para ello. Son distancias de la realidad y gestos que pueden terminar siendo pequeños errores de cálculo. O no tan pequeños.

    Entre los datos del caso original (resumido groseramente, la violación colectiva de una joven en las fiestas de los Sanfermines de 2016, en Pamplona, España) y la desinformación intencionada en torno al caso, hay una distancia que deja a un montón de opinantes parados en un campo minado de falsedades. En el medio queda la desinformación no intencional, que es la mayoritaria. Y mucha indignación, algo que además de ser motor de manifestaciones ahora parece comienza a imponerse como aceite para la ley: si el tema es “correcto” y nuestra percepción es la única correcta, si mi dolor y mi implicación son tan fuertes, entonces, no hay dudas de que la ley está mal y es necesario reformarla. Y que España es una pesadilla machista, sin más.

    Es esa una “opinión pública” que comenta furiosa e informada a medias, sin tener la menor idea de los antecedentes del caso, con poco o nulo conocimiento del sistema legal español, mezclando sin ton ni son categorías legales con convicciones y percepciones sociales o personales. ¿Percepciones muy válidas y que quizá deberían ser incorporadas a la ley? Seguramente, pero siguiendo los procedimientos que el sistema democrático tiene previstos y que son, por completo, contraintuitivos: ¿por qué no juzgamos siempre en caliente? ¿Qué podría salir mal si lo hacemos? ¿Quizá que nos carguemos todas las garantías procesales que nos costó un disparate construir? Y que por cierto, en sus versiones más recientes son especialmente atentas a la perspectiva de la víctima. El Código Penal español es de 1995 y fue reformado cuatro veces desde entonces.

    Una perspectiva, la de la víctima, que todos los que no leyeron la sentencia del caso de La Manada están seguros no está presente en ella. Es muy aburrido (y a la vez interesante) escarbar en las 370 páginas de la sentencia, pero sirve para ver que es precisamente la perspectiva de la víctima la que ha enviado a estos tipos nueve años a la cárcel. Una lectura que permite ver que ninguno de los jueces involucrados se tomó el caso superficialmente (incluido el juez disidente, que no merecía la descalificación del torpe ministro de Justicia español). Que, al contrario, tenían claro que era un caso especialmente difícil y delicado en donde la perspectiva de la víctima era clave. Y que si su sentencia nos parece mala o injusta o insuficiente, es necesario poder tasar en qué sentido lo es.

    Para poder tasar es necesario dedicar tiempo al asunto e informarse. Y claro, la información no puede partir de la base de que los tipos de La Manada están en libertad, cuando el hecho es que están en prisión preventiva desde hace un tiempo y les queda lo que les queda. Como señalan los catedráticos Alicia Gil y José Núñez Fernández, la pena que recibieron es “cercana al límite mínimo de la que se prevé para el homicidio doloso (10 años). Además, en contra de la extendida creencia, lo más probable es que los condenados no lleguen a disfrutar de la libertad condicional: los datos oficiales evidencian que en los últimos años solo catorce de cada cien reclusos terminan su condena en libertad condicional. La gravedad del castigo no es menor, ni en términos relativos ni en términos absolutos”.

    ¿Por qué gente habitualmente seria da por buenas informaciones que no tienen el menor vínculo con los hechos? ¿Quizá porque se ha dejado de priorizar la reflexión como forma privilegiada del intercambio en la área pública? ¿Quizá porque en ese terreno moral uno puede erigirse como superior sin tener que echarles un ojo a los datos, a la legislación española, al código penal de ese país y, last but not least, a la sentencia? Indignarse está muy bien siempre que esa indignación pueda convertirse en razones de alguna clase y luego, con un poco de suerte, tiempo y lobby, en un hecho legal o en una política pública. Pero importa, también, que esa indignación no sea un gol en contra. En nuestros países democráticos cualquier causa, cualquier expresión de voluntad, está amparada por un sistema de normas y tiempos que nos permite ser afines y hasta fans de esas causas, con todas las garantías disponibles. Es decir, tirar al tacho el librito de los procedimientos (con Montesquieu adentro) es malo para todos, no solo para aquellos que son percibidos como “malos” por los “buenos”.

    Aplicar la ley no es aplicar las matemáticas. Al tiempo que necesitan de pausa para poder meditar y asentar sus decisiones, los jueces saben que trabajan sobre un terreno móvil, humano, moral. Y entonces tratan de unir eso con el Código Penal y con aquello que efectivamente se pudo probar en el proceso, más allá de una duda razonable. Como la lógica de la indignación tiene unos plazos y unos métodos instantáneos y más bien irreflexivos, quizá justos emocionalmente pero inaplicables si se desea respetar la presunción de inocencia, todo eso parece poca cosa, algo frío y, en estos días, algo machista.

    Y entonces el error de cálculo: cuántas cosas no previstas se romperán cuando esa lógica, que funciona medianamente bien como motor de la protesta, pase a aplicarse en el sistema legal. Como bien recuerda Manuel Arias Maldonado: “Es preciso recordar el valor civilizatorio de nuestras instituciones, incluido el Derecho Penal, cuya existencia nos separa de las sociedades organizadas alrededor de la venganza privada al margen de todo control público”. Tal como están las cosas, la indignación y la desinformación están amagando patearnos 200 años atrás en el tiempo. En nombre de la mejor de las causas, faltaría más.

    ?? El calor de las mejores causas