Al hablar del narcotráfico en Colombia, la figura de Pablo Escobar sigue siendo un parámetro vigente. El fiscal general de la nación de ese país, Francisco Barbosa Delgado, vuelve a los crímenes atroces que se cometieron hace más de 30 años, cuando el cártel de Medellín le declaró la guerra al gobierno, para contar cómo se logró reducir la enorme cantidad de homicidios de 90 cada 100.000 habitantes a 23, un índice promedio todavía muy por encima del que registra Uruguay, que fue de 8,5 en 2021.
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—Tenemos un muy buen intercambio de información y tenemos un cúmulo de resultados que involucran a varios países. Por ejemplo, hay 48 investigaciones estructurales en temas de lavado de activos, corrupción, narcotráfico, minería ilegal, contrabando, trata de personas, con Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Chile y Bolivia.
—En esa lista no aparece mencionado Uruguay, ¿trabajan en conjunto?
—En este momento hay algunos casos que están atados a Argentina. Pero parte de mi asistencia y el trabajo que queremos hacer con Uruguay es la construcción de casos en conjunto, en temas de extinción de dominios, de lavado de activos y de corrupción, si se presenta.
—¿Cree que actores vinculados al crimen organizado de Colombia pueden estar lavando activos en Uruguay?
—No me atrevería a decir rotundamente eso porque no tengo elementos, pero el problema más allá de los países es que hoy las estructuras criminales están hablando entre ellas y volvieron transnacional el crimen. Hay que estar muy atentos. Compartir experiencias y sellar acuerdos de coordinación nos permite ser más eficaces. El lavado de activos es una conducta que puede ocurrir en cualquier país y puede estar asociado a dinámicas multicriminales. El narcotráfico está vinculado al contrabando, puede estar vinculado a la cibercriminalidad, al homicidio, al narcomenudeo, a diferentes estructuras criminales. Estamos tratando de estandarizar nuestras maneras de actuar y hablar el mismo idioma, teniendo fiscales encargados en cada uno de los países que puedan llevar los mismos casos con comunicación constante.
—¿Considera que atacar el lavado de activos es una forma de llegar a los líderes de los grupos criminales?
—Sí. La persecución penal tiene que hacerse siempre al lado de la persecución a los bienes de la criminalidad. Normalmente los bienes o el lucro que se busca por parte de un criminal es la esencia de ese crimen. Si nosotros atacamos esos recursos estamos metiéndonos en el corazón del problema. Aquí en Uruguay no existe extinción de dominio, pero es importante que se ponga en su agenda.
—¿En qué consiste la extinción de dominio?
—Es un proceso civil que permite extinguir bienes que tengan que ver con recursos o fuentes ilegales. Nos permite atacar los bienes, quitárselos a los delincuentes y, al mismo tiempo, atacarlos penalmente. En Colombia le hemos quitado en los últimos dos años y ocho meses, desde que asumí la función de fiscal general, US$ 5.000 millones a la mafia, en bienes, inmuebles, sociedades y empresas. Esos recursos se destinan al fortalecimiento del Estado en términos de aumento de recursos para la Policía, la Fiscalía.
—Este año hubo cinco asesinatos a fiscales en la región. ¿Cuál cree que es el alcance de esta problemática?
—Estamos advirtiendo que los ministerios públicos y los fiscales están generando una preocupación a la delincuencia transnacional. Ver lo que ocurrió en Ecuador contra fiscales, en Honduras, el caso de Marcelo Pecci (fiscal paraguayo asesinado en Colombia) son eventos que no habían ocurrido en la región y que empezaron a ocurrir. Para poder enfrentar esto debemos ponernos de acuerdo sobre protocolos de seguridad para nuestros fiscales y llamar la atención de la ciudadanía de que hay que rodear a la rama judicial y a los ministerios públicos en su tarea. A veces ocurre que se ataca de manera inmisericorde a los ministerios públicos y la autonomía o independencia de los fiscales, pero la gente no observa que detrás hay un trabajo abnegado para tratar de mejorar la situación.
—¿Cree que los fiscales tendrían que acostumbrarse a tener seguridad?
—Cuando usted encuentra que hay una creciente criminalidad y hay una criminalidad transnacional no puede resolverla y enfrentarla con ingenuidad. La ingenuidad no sirve. Usted tiene que tener parámetros de protección a fiscales, criterios de priorización en las investigaciones, tener mayores recursos para la investigación de esos fenómenos. El mejor mecanismo para reducir la violencia y llegar a una circunstancia de tranquilidad pública para los funcionarios judiciales es que haya respuestas rápidas y la Justicia pueda procesar a los responsables. Allí se produce un desestímulo de la criminalidad. Cuando usted tiene un Estado fuerte, una Justicia fuerte, que esclarece rápidamente y determina las responsabilidades, el estímulo para delinquir es mucho menor y empieza a disminuir la violencia. Eso se ha venido probando en Colombia, en algunos delitos como violencia intrafamiliar, delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, en donde hemos llegado a tener tasas de esclarecimiento de más del 60% cuando antes eran del 10%.
—¿Qué mecanismos utilizaron?
—La itinerancia. Usted tiene que sacar a los funcionarios de los lugares donde se encuentran. Los fiscales tienen que salir a las calles, ir a los territorios, tenemos que asociar las investigaciones de las regiones. En Colombia muchas veces teníamos fiscales que tenían grandes investigaciones desde las capitales, pero había las mismas investigaciones en las pequeñas ciudades. Empezamos a asociar y articular, interna y externamente.
—En Uruguay hay quienes critican al gobierno por centrarse en el narcomenudeo y no en los líderes de grupos narcotraficantes. ¿Qué piensa al respecto?
—Estoy de acuerdo en lo siguiente: creo que el fenómeno del narcotráfico es un fenómeno que tiene dos caras, el fenómeno de la exportación de drogas hacia cualquier lugar y el otro es que ese narcotráfico alimenta estructuras criminales en el interior. Entonces normalmente se exporta droga, pero se reciben recursos a través de contrabando u otros mecanismos que empiezan a generar economías delictivas o criminales en el interior de las ciudades, que multiplican el narcomenudeo, el sicariato, la extorsión, en lugares donde el Estado escasamente llega. Lo importante es saber que el problema no solamente es el delito que se produce con el narcomenudeo sino de dónde viene esa estructura criminal que alimenta el narcomenudeo. Si rompes las estructuras criminales, si atacas esas estructuras criminales, vas a tener una disminución del narcomenudeo. Si tú te dedicas caso a caso sin entender la situación criminal y la organización que está detrás, no creo que vayas a lograr mucho.
—En ese sentido, ¿qué sugerencias puede hacer a Uruguay?
—Algunas ideas pueden ser la de focalizar el trabajo en las organizaciones criminales que se encuentran detrás del narcomenudeo, para poder romper las estructuras criminales y enviar un mensaje en la parte final de la cadena. De lo contrario vamos a tener una persecución desordenada de la criminalidad que no va a llevar a ningún resultado eficaz, porque una persona que es capturada en un narcomenudeo al poco tiempo es reemplazada por otra y por otra y por otra.
—Con respecto a los homicidios, ¿cómo se hizo en Colombia para reducirlos?
—Colombia era un país que en la década de los 90 tenía más de 80 o 90 por cada 100.000 habitantes, hoy tiene 23. Ciudades como Bogotá tienen 11, cuando tenían 70 cada 100.000 habitantes hace 25 años. Medellín tuvo 160 muertos en la época de Pablo Escobar, hoy tiene 14 o 15 muertos por cada 100.000 habitantes. Colombia ha vivido una reducción importante del índice de homicidios. Lo que ocurre es que se siguen presentando asesinatos, tenemos una opinión pública mucho más activa, una prensa mucho más vigilante y estamos viendo que se van presentando fenómenos criminales que alertan a la ciudadanía. Lo que hay que hacer es que los fiscales sean itinerantes en las zonas, que hagamos una investigación judicial mucho más inteligente.
—¿Cómo debería ser esa investigación inteligente a la que hace referencia?
—Usted asocia casos, rápidamente entiende qué está ocurriendo en los territorios, y para eso tiene que tener mapas interactivos, un sistema de inteligencia artificial importante, una investigación técnica atada a fenómenos repetitivos de criminalidad en ciertos lugares de la ciudad, saber qué tipo de organizaciones se están armando en sus territorios, saber cuál es la temporalidad. Y eso no solamente hacerlo con la criminalidad organizada. Lo hemos hecho frente a los depredadores sexuales: hoy sabemos que si en una ciudad se han presentado cinco denuncias de acceso carnal violento en zonas específicas con parámetros similares, terminamos asociando el caso para rápidamente capturar al responsable y no sumemos casos de personas que habían violado a 30, 40 o 50 personas.
—En Colombia los datos sobre delitos se encuentran publicados en la web y uno puede acceder a planillas de Excel con los datos en bruto, actualizados permanentemente. ¿Por qué se decide hacer eso?
—Es un tema de transparencia pública, de ir mostrando qué es lo que estamos haciendo. Tenemos una política de mostrar resultados de forma permanente. A la opinión pública no le interesa, creo yo, que le digan: “Vamos a hacer investigaciones exhaustivas, esto es lo que no debería pasar pero lo vamos a resolver”. Creo que a las poblaciones les interesa la respuesta: “Esto es lo que acaba de hacerse y este es el resultado”. No puede pasar que nos digan que no hacemos las cosas.
—La Rendición de Cuentas en Uruguay cambió la asignación de casos en la Fiscalía y pasará a ser aleatorio. ¿Qué piensa de eso?
—Estoy en desacuerdo, porque creo que la priorización está atada a la idea de dirigir una política criminal. Pongo un caso concreto: si hay un caso de corrupción que usted mismo denuncia, ese caso debería tener los mejores recursos y fiscales para que pueda resolverse. Deberían poderse crear grupos especiales de investigación. Si usted pierde como fiscal general esa posibilidad, pierde la posibilidad de respuestas rápidas. Pongo otro ejemplo, nosotros al tener prioridades en los distintos países podemos decir “este caso debe ser relevante”. ¿Cómo voy a cooperar con otro país cuando dice “no lo puedo hacer de esa manera porque perdí la capacidad de dirección administrativa en el caso concreto que estamos hablando”? Creo que es un debate que iría en contravía de la misma idea de dirigir una entidad, y si pierde la gerencia de la entidad va a haber una especie de atomización de las iniciativas investigativas.
—¿Cree que podría perjudicar la investigación de crímenes transnacionales?
—Sí, porque no podría existir una coordinación adecuada entre las diferentes fiscalías.
- Recuadro de la entrevista
Pese a dichos de Petro, no hay pruebas que vinculen a Marset con el homicidio del fiscal paraguayo
