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Montevideo, 3 de noviembre de 2031. (De nuestras agencias). La presidenta Constanza Moreira salió hoy al paso de múltiples artículos de prensa y comentarios en radio y televisión que especulan con el definitivo fracaso de las negociaciones tendientes a la instalación de la segunda planta de celulosa de UPM en territorio uruguayo.
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—No es correcto lo que dicen los medios —afirmó la primera mandataria—. El acuerdo está prácticamente cerrado, la respuesta final de la empresa la tendremos en cuestión de días —enfatizó.
La presidenta informó asimismo, en conferencia de prensa, que había recibido en estos días una nueva carta del CEO de UPM, el Ing. Jussi Pessopesaden, en la que le informa al gobierno uruguayo que la respuesta vendrá “en cualquier momento”, pero que antes tendría que concluir satisfactoriamente una nueva visita de un grupo de técnicos a Uruguay, que se encontraba entonces en Montevideo “con el fin de pulir algunos detalles menores”.
Como nuestros lectores saben, desde el año 2016, cuando comenzaron las primeras conversaciones entre el gobierno uruguayo y la empresa finlandesa, las autoridades del país han hecho innumerables concesiones y han asumido ingentes inversiones en obras de infraestructura, para dar satisfacción a las exigencias de la empresa.
El tema tuvo momentos de enorme relevancia durante los años en que presidió Uruguay el hoy director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tabaré Vázquez.
En efecto, a lo largo de la segunda presidencia del Dr. Vázquez, entre 2015 y 2019, el Uruguay invirtió miles de millones de dólares en la instalación de vías férreas entre los departamentos de Durazno y Montevideo, que asegurarían el ágil traslado de la madera desde la futura planta de UPM hasta el puerto de la capital, así como en carreteras en las que se cubrió el mismo trayecto, de manera de asegurar el traslado de la producción exportable de la empresa.
Se le concedieron asimismo a UPM tratamientos fiscales preferentes, exoneraciones impositivas, extensión del tratamiento de zona franca para todo el predio de la empresa, así como, con el acuerdo de la central sindical PIT-CNT, una garantía de paz laboral sin precedentes.
Cuando el acuerdo estaba a punto de firmarse, a fines de octubre de 2017, llegó un nuevo mensaje de la empresa en el que se solicitaba un tiempo adicional para reflexionar sobre el acuerdo, así como una nueva serie de exigencias para que la inversión se concretara.
En los años siguientes, con fondos públicos, el gobierno erigió en la zona de la futura planta un hotel cinco estrellas con cuatro piscinas, dos exteriores y dos interiores templadas, un campo de golf de 18 hoyos y una cancha de polo para uso exclusivo de los ejecutivos y técnicos de la empresa finlandesa.
Tras la aprobación parcial de estas obras, UPM solicitó, asimismo, que se instalaran en el predio del hotel 20 cabinas de madera para sauna, con vestuarios anexos, lo cual fue inmediatamente llevado a cabo por las autoridades uruguayas.
Se pensó entonces en Uruguay que la firma del acuerdo bilateral era cuestión de días, pero una nueva misión técnica vino desde Finlandia con nuevas exigencias de parte de UPM.
Fue así como, ya durante la presidencia de la maestra Marina Arismendi, se construyó con más fondos públicos un casino, dos pistas de aterrizaje, una para aviones deportivos y menores, y otra para aviones de mayor porte que permitiera recibir vuelos interoceánicos tanto de carga como de pasajeros.
El gobierno seguía accediendo a los planteos de la empresa finlandesa, pero los reclamos de las otras empresas instaladas en Uruguay se hacían más y más estentóreos, quejándose del trato desigual y discriminatorio del cual eran objeto, a lo que se sumaron las quejas de la ciudadanía, harta de seguir sufriendo los aumentos de impuestos que les imponía el gobierno, de manera de financiar los requerimientos de UPM.
Fue así que, ya bajo la presidencia de la Ec. Constanza Moreira, que asumió la primera magistratura en marzo de este año, se construyó una autopista entre Durazno y San Pablo, en Brasil, que debió ser enteramente financiada por las autoridades uruguayas, ya que el gobierno brasileño se desentendió de este planteo. UPM defendió este requerimiento alegando que, en caso de dificultades para comunicarse por tierra, por tren o carretera con Montevideo, y a pesar de los dos aeropuertos ya construidos, era imprescindible que los ejecutivos de la empresa pudieran acceder rápidamente a una ciudad como San Pablo, que les aseguraba una conectividad esencial para el desplazamiento de sus técnicos y ejecutivos con otras regiones del mundo.
Unos meses más tarde, la empresa obtuvo de las autoridades uruguayas la concesión de un subsidio para la importación de camiones, así como la construcción de un complejo de salas de cine y de teatro de uso exclusivo para sus empleados y jerarcas, y también se financió la instalación de un yacht club en el río Negro para los yates y las lanchas de los ejecutivos finlandeses de UPM.
Después de la conferencia de prensa de la presidenta Moreira, a la que se alude al principio de esta nota, se anunció la presencia del ministro de Economía, el Cr. Braulio Telocon Cedo, quien emergió de la sala de reuniones en la que había estado negociando con una delegación finlandesa, que visita el país con la finalidad de proceder a los últimos ajustes.
Ante los sorprendidos periodistas, el secretario de Estado informó a la prensa sobre las últimas exoneraciones, subsidios, franquicias y prebendas que el gobierno acababa de asegurarle a la empresa inversora, hasta que uno de los periodistas presentes se animó a interrumpirlo, sugiriéndole que se subiera los pantalones, porque los tenía bajos y arrugaditos a la altura de los tobillos.