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Judicialización de medicamentos de alto costo aumentó por siete en siete años y el MSP busca actualizar operativa
Solo el año pasado se pagaron US$ 160 millones en amparos; se busca asesorar técnicamente a magistrados y analizar qué hacer con fármacos no registrados
Convocatoria del MSP por el acceso a tratamientos de alto costo.
En solo siete años, la judicialización para acceder a medicamentos o procedimientos de alto costo se multiplicó por siete en Uruguay. En 2018 se registraron 318 procesos de amparo; en 2025, 2.219. Eso le significó al país un gasto de US$ 159,5 millones el año pasado.
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En lo que va de 2026 ya hay 1.328 nuevas acciones, también según datos oficiales. “La judicialización dejó de ser una excepción y se transformó en un síntoma de falla estructural del sistema. En ese sentido, los amparos han marcado la agenda de incorporaciones de prestaciones: no porque sean el camino ideal, sino porque revelan dónde el sistema quedó desfasado frente a la medicina moderna”, escribió el cirujano Gerardo Bruno en el portal del Observatorio del Sistema de Salud (OSS) del Centro de Investigaciones Económicas. Este médico, también docente universitario, precisó que el año pasado el 77% de esos reclamos correspondió a medicamentos de alto costo y el 23% a “actos médicos o dispositivos”.
El acceso a terapéutica de alto costo hoy es una de las principales preocupaciones del sistema sanitario. La exvicepresidenta Lucía Topolansky propuso al Parlamento a fines del mes pasado la creación de una comisión que reestudie su financiamiento y actualice aquellos tratamientos que el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) facilita a los usuarios a través del Plan Integral de Atención en Salud (las prestaciones) y el Fondo Terapéutico de Medicamentos. Era algo así como la creación del “GACH (Grupo Asesor Científico Honorario) para el Fondo Nacional de Recursos (FNR)”.
El jueves 9, el Ministerio de Salud Pública (MSP) citó a referentes de diferentes ámbitos —jueces, parlamentarios, prestadores públicos y privados de salud y académicos— para elaborar una “hoja de ruta” con ese mismo fin, como señaló la cartera en un comunicado.
Si bien en ningún lado se lo mencionó directamente, la situación del científico Gonzalo Moratorio, quien tuvo una destacada actuación en el combate a la pandemia en Uruguay y que debió acudir a la Justicia para acceder a un costoso medicamento para tratar un tumor cerebral muy agresivo que padece, fue uno de los catalizadores de estas movidas, según reconocieron a Búsqueda distintos actores participantes.
“El desafío es permitir que todo el mundo pueda acceder al medicamento prescripto por su médico y a la vez mantener la sostenibilidad del sistema”, dijo a este semanario Alicia Ferreira, presidenta alterna del FNR. Es un dilema sanitario, económico y ético, sostuvo. Situó el inicio del problema en 2010, cuando comenzó un sostenido incremento de la judicialización, invocando el artículo 44 de la Constitución, referido a “la salud y la higiene públicas”, que indica que “el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan solo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. Para los medicamentos de alto costo, incluyendo aquellos experimentales, no registrados en el país o sin suficiente evidencia de eficacia, que también son amparados, “todos somos indigentes” a los ojos de la Justicia, añadió.
Temas
El evento del jueves, presidido por la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, buscaba el involucramiento de distintos actores más allá del aporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El encuentro fue calificado como un “diagnóstico de situación” por el senador frenteamplista Daniel Borbonet, quien asistió en representación de la presidenta de la Asamblea General, la vicepresidenta Carolina Cosse. El siguiente paso se realizó este miércoles 15 con una reunión técnica en la sede de la OPS para conformar una media docena de grupos de trabajo. “Hay que distribuir los temas para discutir y, luego, puesta en común. Pero esto no puede quedarse en meras reuniones”, indicó Ferreira.
Algunos de los temas a abordar están claros. Uno de ellos es qué apoyo deberán tener los jueces a la hora de fallar a favor de un amparo, que son resueltos favorablemente en un 97% de los casos, según datos del FNR. En diálogo con Búsqueda, el infectólogo Homero Bagnulo, impulsor de la Ley 16.343 de 1993, que creó el Fondo de Recursos, sostiene que la Justicia debe contar “con un grupo técnico asesor” para analizar los casos. Estos deberán, por caso, estudiar la evidencia empírica que respalde el fármaco o el tratamiento en cuestión. “De otra forma, resulta una amplia carga para los jueces resolver algo de tanto peso”, añadió.
Bagnulo fue el nombre sugerido por Topolansky para presidir ese “GACH para el FNR” que ella propuso. Consultado al respecto, dijo no tener una idea de cómo eso podría instrumentarse: “No digo que no me hayan llamado, pero ese es un tema que está en otras manos. Soy una persona muy veterana (82 años) como para asumir determinadas responsabilidades”.
Otro de los temas a estudiar será cómo proceder con los medicamentos no registrados en el país, sin farmacovigilancia, lo que hace que el FNR no los pueda ingresar. “Estos representaron la tercera parte de los amparos el año pasado”, dijo Ferreira.
Los amparos, además, colisionan contra el principio de equidad que promueve el SNIS. “El 91% de los amparos del año pasado fueron interpuestos por abogados particulares, que son unos cuatro. El resto acciona por el Consultorio Jurídico (de la Universidad de la República), que está desbordado. El que no tiene plata, no accede a un abogado. Es un sistema sumamente inequitativo”, afirmó la presidenta del FNR.
