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La terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, Terminal Cuenca del Plata (TCP), es la principal afectada por la resolución 1108 que tomó Argentina el año pasado y que impide que sus cargas se trasborden en puertos uruguayos. A casi nueve meses de que esa medida se haya puesto en vigencia, la belga Katoen Natie, accionista mayoritaria de la empresa, ve con preocupación los pocos avances para llegar a una solución y cuestiona que el Estado no haya salido a defender el proyecto.
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“Nadie ha salido a defender el proyecto de TCP. Es la primera vez que Uruguay, frente a una restricción al comercio tan grande como la que se impuso al Estado uruguayo, no reacciona solicitando una mesa de negociaciones de forma inmediata. La primera vez. Hemos tenido arroz, lácteos, bicicletas… Hemos pasado con trabas con todos los países y todos los sectores”, dijo a Búsqueda el gerente de Relaciones Institucionales de TCP, Fernando Correa.
Al ejecutivo le resulta “realmente extraño” que luego de la última reunión entre los cancilleres de ambos países, se acordara “hacer una reunión de trabajo por el dragado del río Uruguay y este tema se deje de lado”.
La resolución 1108 establece que las cargas argentinas no pueden ser trasbordadas en puertos de países que no tengan un acuerdo bilateral de reserva de cargas con Argentina. Para Correa, el gobierno uruguayo debería buscar que en forma urgente se forme una “mesa de negociación específica entre los dos países” y contemplar los intereses de ambos.
TCP cerró el primer semestre de 2014 con una caída de movimiento de contenedores de 35% respecto al mismo período del año pasado. Según Correa, el 95% del impacto de la medida tomada por Argentina está siendo absorbido por TCP.
La terminal tiene que cumplir por contrato con niveles de movimiento mínimos que le exige el gobierno y de no alcanzarlos debe pagar la diferencia. Correa informó que el año pasado la empresa debió pagar al Estado más de U$S 300.000 por no poder alcanzar la meta y sostiene que este año tampoco podrán llegar al objetivo.
Al ejecutivo le sorprende que el Estado no defienda el proyecto de TCP cuando es socio en la empresa a través de la Administración Nacional de Puertos, que tiene el 20% de las acciones. Además, asegura que, en oposición a lo que se quiere hacer ver desde Argentina, la terminal especializada de contenedores es un proyecto del Estado uruguayo y no de una multinacional.
“TCP es un proyecto del Estado uruguayo, que hizo un contrato, que fijó objetivos de captación de carga de la región para ser un hub regional, marcó las reglas, marcó el contrato, y llamó a subasta. No es un proyecto de una empresa multinacional”, resaltó.