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El gobierno de Estados Unidos respaldó la posición de Uruguay en el juicio internacional millonario que entabló una empresa de telecomunicaciones extranjera por decisiones del gobierno que habrían perjudicado sus inversiones en el país.
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Desde el lunes 13 y durante toda una semana Uruguay participó en la sede del Banco Mundial de las audiencias orales en el arbitraje contra Italba Corporation. En la presentación de apertura de las audiencias, el embajador uruguayo en Washington D.C., Carlos Gianelli, afirmó que no existe “lugar a dudas que los permisos” de la empresa no constituyen una inversión protegida por el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) con Estados Unidos, como asegura Italba. “Es por este motivo, entre otros, que todos los reclamos de Italba que están basados en estos permisos deben ser desestimados por falta de jurisdicción”, señaló Gianelli.
Según supo Búsqueda, esa interpretación es la misma que fue presentada por Estados Unidos ante el Banco Mundial como parte no contendiente del caso, en un documento escrito donde dice que la inversión de Italba en Uruguay no estaba protegida por el TBI. “Estados Unidos apoyó básicamente las reivindicaciones de Uruguay”, describió una fuente oficial al tanto del caso.
Italba, empresa estadounidense proveedora de servicios de banda ancha satelital en Uruguay a través de la subsidiaria Trigosul, presentó la demanda en 2016 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, cuestionando la revocación de una licencia resuelta en 2011 por la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones (Ursec) por presuntos incumplimientos en la instalación de una estación. Indica en su demanda que el Estado uruguayo violó el TBI que tiene con Estados Unidos.
En la apertura de las audiencias, además de manifestar que ese tratado no protege su inversión en el país, Gianelli indicó respecto a la jurisdicción “que Italba no ha probado que es dueña de Trigosul porque sus acciones no fueron válidamente transferidas a Italba y no hay prueba de que Italba aportó los montos de capital que alega”. El embajador añadió que Italba no tiene derecho a beneficiarse del TBI porque no tiene actividades comerciales significativas en Estados Unidos. “Italba no tiene motivos para reclamar nada a Uruguay”, concluyó.
A diferencia del caso contra la tabacalera Philip Morris, que también se dirimió en el Ciadi, las audiencias orales del juicio Uruguay-Italba fueron públicas, transmitiéndose en una sala contigua con un delay de una hora a los periodistas que se encontraban en la sede del Banco Mundial en Washington D.C.
Como testigos de hecho, Uruguay presentó a jerarcas que tuvo la Ursec desde 1997 hasta 2015, y como testigos expertos, a los abogados Santiago Pereira Campos y Eugenio Xavier de Mello, especialistas en Derecho Administrativo y Derecho Procesal, y en Derecho Comercial, respectivamente. Todos estuvieron reunidos por más de una semana y media en la capital estadounidense preparando sus oratorias. El Estado uruguayo también citó como testigo a Gustavo Alberelli, presidente de Italba, y a su mujer, pero ninguno se hizo presente argumentando problemas de salud. Italba solicitó por ese motivo la prórroga del juicio, pero el tribunal lo desestimó.
Los alegatos de clausura se presentarán por escrito y se espera el laudo para dentro de cinco a ocho meses. En octubre, fuentes del gobierno habían señalado a Búsqueda que eran “optimistas” en obtener un fallo favorable pues el demandante no había mostrado aún argumentos jurídicos que justificaran la compensación de alrededor de US$ 100 millones que reclama al país.
Esa posición la sostuvo el propio Gianelli durante su presentación. “Se invocan tratados para tratar de fundamentar inversiones que han sido supuestamente erosionadas por los Estados y reclamando compensaciones exorbitantes desde el punto de vista financiero. Consideramos que todos los reclamos presentados en este juicio por Italba carecen de méritos, tanto los jurisdiccionales como los de fondo, así como su reclamo de daños. Todos los reclamos están prescriptos”.
