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“Si los países están desunidos, las condiciones las pondrán las transnacionales. Pero si nuestros países están unidos, seremos nosotros los que pongamos las condiciones”. Así resumía el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, el espíritu de una iniciativa de los gobiernos del Alba (Alianza Bolivariana para América Latina) para aunar esfuerzos frente a los intereses de las empresas multinacionales. Es que el aumento de litigios presentados contra los Estados por compañías extranjeras, amparadas en tratados de protección de inversiones, tiene a los gobiernos latinoamericanos “desconcertados” y “hartos”.
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“El propio marco jurídico internacional de protección de inversiones está hecho a la medida de estas empresas”, que además “cuentan con un arsenal legal infinitamente más potente que el de los Estados”, afirmó Patiño durante la II Conferencia Ministerial de Estados Afectados por Intereses Transnacionales, celebrada en Caracas el 10 de setiembre.
Uruguay participó como Estado observador de la conferencia y expuso sobre el enfrentamiento con la tabacalera Philip Morris. La “mejor forma de enfrentar los argumentos” de la industria es excluir “al tabaco y a sus productos derivados de los acuerdos de libre comercio, en especial de los Tratados Bilaterales de Inversiones (BITs)”, dijo en su discurso el viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Porto. “Sería una buena medida que América Latina adopte una posición común, para que en negociaciones de futuros BITs, no se incluyan cláusulas que usan para limitar nuestro derecho soberano a adoptar medidas de protección de la salud pública”.
Según la docente de Derecho Público Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Magdalena Bas —que está realizando la investigación titulada “América del Sur frente a los tratados bilaterales de inversión: hacia un retorno del Estado en la solución de controversias”— los países de la región están comenzando a cuestionar estos tratados porque los someten a un número cada vez mayor de litigios internacionales.
“Hay varios autores, organizaciones de la sociedad civil e incluso a nivel gubernamental, que entienden que se está cuestionando la soberanía estatal”, afirmó. Los tratados que protegen las inversiones suelen incluir cláusulas que terminan condicionando la libertad de los países para regular ciertos aspectos, como ocurre con Uruguay y Philip Morris.
Observatorio.
Representantes de 33 países de América Latina, África y Asia participaron en la conferencia, que apuntaba a delinear una estrategia conjunta para hacer frente al aumento de litigios por parte de las transnacionales. “Es importante que el sur pueda establecer elementos que nos permitan hacerle frente a esto que afecta directamente los intereses políticos, económicos y sociales de cada país”, dijo el canciller venezolano, Rafael Ramírez, que presidió la Conferencia.
Los países de la región acordaron crear el “Observatorio del Sur sobre Inversiones y Transnacionales”. Evaluará el estado de los litigios internacionales en materia de inversiones; monitoreará la acción de los tribunales internacionales de arbitraje en materia de inversiones y planteará mecanismos para reformar esas instancias arbitrales.
“A partir de hoy quitaremos el velo a la manera que algunas empresas transnacionales y otros poderes gubernamentales han manipulado los sistemas arbitrales, descubriendo así la verdad sobre los dobles discursos y el conflicto de intereses”, dijo Patiño. Los Estados se sienten “desconcertados” ante el creciente número de demandas internacionales que presentan compañías extranjeras y “hartos” de gastar “cada vez más fondos públicos en la contratación de costosos equipos legales”.
Philip Morris.
“Muchos países están enfrentando denuncias legales por parte de la industria del tabaco”, a nivel doméstico e internacional, dijo Porto. Los fundamentos “están basados en la supuesta violación de los principios de comercio internacional”, explicó. Pero, “el argumento central” de los países es que “la libertad de comercio está limitada por la obligación del Estado de proteger sus derechos y que el derecho al comercio no es un bien absoluto”.
Los foros preferidos por la industria tabacalera para demandar son: el Entendimiento sobre Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio en litigios entre Estados, y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), cuando una empresa litiga con un Estado amparada en un BIT.
“Esos instrumentos deberían tener como propósito la protección de inversiones que benefician el desarrollo de nuestros países, y no a productos que no deberían ser comercializados con el mismo nivel que el común de los productos que se transan en los mercados mundiales”, dijo Porto. Varios países coinciden en “la adopción de medidas que eviten que la complejidad y la expansión del sistema de inversión internacional terminen distorsionando el sentido de las BITs”, afirmó.
Soberanía.
Países como Ecuador, Bolivia y Venezuela están “en proceso de denuncia de los tratados y de retiro del Ciadi”, explicó Bas. Para que una empresa demande a un Estado en el Ciadi tiene que haber un texto jurídico que establezca que ese es el foro para resolver la controversia, que en muchos casos son los BIT.
Entre los países latinoamericanos, Bas identificó tres posiciones respecto a estos tratados. “La más extrema y radical es la de Brasil” que celebró 14 BITs, no ratificó ninguno y no es miembro del Ciadi. Por otro lado, Bolivia se retiró del Ciadi en 2007, Ecuador en 2009, y Venezuela en 2012. “Se retiraron y empezaron el proceso de denuncia de los tratados bilaterales de inversión, es una de las formas de terminar un tratado”, explicó Bas. “Surge más que nada por el mayor número de juicios y por un tema ideológico. Desde la llegada de presidentes como Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia) y Hugo Chávez (Venezuela) hay mayor reivindicación de la soberanía”, señaló. Todos los demás Estados mantienen los BIT y no los han denunciado. Algunos siguen firmando nuevos y otros mantienen los que están suscritos pero no firman más. Argentina, por ejemplo, no firma ninguno desde 2007.
“Los tratados en sí no son peligrosos, el problema son sus efectos. Si un Estado queda atado a no cambiar su ordenamiento jurídico —como por ejemplo, regular su salud pública— por miedo a que después lo van a demandar en el Ciadi o donde sea, no es tan soberano como parece”, concluyó Bas.