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El impacto del cambio climático es incuestionable. Hoy estamos viendo en nuestra región cómo el incremento de los fenómenos relacionados con el clima se traducen en eventos extremos cada vez más frecuentes e intensos, con serias consecuencias para los medios de vida agrícolas y el desarrollo de los países.
Ante los desastres asociados al clima, el sector agrícola es uno de los más vulnerables, absorbe el 23% del total de los daños y pérdidas que genera. Incluso fenómenos que rara vez amenazan las vidas humanas, como las sequías, socavan los medios de vida de la población rural, incrementando su vulnerabilidad a la seguridad alimentaria y nutricional.
Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 2005 y 2015, los desastres naturales costaron a los sectores agrícolas de las economías de la región la suma aproximada de 22.000 millones de dólares solo en cosechas y ganado dañados o perdidos (1). En algunos países, los desastres pueden causar pérdidas económicas que representan un porcentaje importante o mayor al Producto Interno Bruto, en algunos casos.
Sin embargo, a pesar de ser uno de los sectores más vulnerables a las amenazas por fenómenos naturales, los impactos en la agricultura, y sobre todo los daños y pérdidas económicos directos causados por esos eventos, no suelen ser debidamente cuantificados.
Algunos países realizan evaluaciones de daños y pérdidas, sobre todo en caso de desastres de gran intensidad, pero no de manera sistemática ni tampoco para desastres de menor escala, pero de alta frecuencia —conocidos como “fenómenos extensivos”—. Esto dificulta la toma de decisión informada de cara a la planificación de la gestión del riesgo de desastre y la evaluación del retorno de la inversión y de la efectividad de las políticas públicas.
Sin un registro de las pérdidas en valor monetario es difícil que se hagan asignaciones presupuestarias regulares y suficientes para la gestión integral del riesgo y la adaptación a la variabilidad climática en el sector agrícola con, por ejemplo, un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el sector como el que Uruguay acaba de presentar, con apoyo de la FAO, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania.
El cálculo económico del costo de los desastres en el sector es esencial. Para ello es necesario institucionalizar, a nivel país, un sistema de evaluación de daños y pérdidas que abarque la recopilación, sistematización, análisis, y reporte de datos.
Solo con un sistema de evaluación se pueden definir estrategias de respuesta más efectivas para amenazas y desastres de distinta escala, focalizar las acciones, inversiones, programas y los esfuerzos de recuperación y rehabilitación de medios de vida, apuntando a los subsectores y poblaciones más vulnerables y a informar, para el diseño de políticas que reduzcan el impacto de los desastres en el sector agropecuario.
Evaluar daños y pérdidas por desastres en el sector es, además, parte de la agenda con la que están comprometidos los países a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.
Para apoyar a los gobiernos en la institucionalización y sistematización de los procesos de evaluación, la FAO ha puesto a disposición una metodología que permite calcular los daños de producción y activos y pérdidas de producción.
Esta herramienta proporciona la información de manera desagregada por subsector: cultivos, ganadería, pesca, acuicultura, silvicultura, y para desastres de pequeña, mediana y gran intensidad. En América Latina la metodología ya está siendo adoptada por Uruguay, al igual que por Chile, Bolivia y Paraguay.
En el marco de ese trabajo, el martes 17 de setiembre en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uruguay lanzó la implementación a escala nacional de un proyecto regional, que cuenta con el apoyo técnico de la FAO, en el que participa junto a los demás países del Consejo Agropecuario del Sur (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
El objetivo de este proyecto es conocer y evaluar las consecuencias económicas, sociales y ambientales de los desastres, estableciendo estándares regionales de evaluación y sistematización comunes y consensuados entre los países de la región para mejorar eficiencia, resiliencia y apoyo mutuo.
Y la adopción de sistemas de evaluación de daños y pérdidas basados en una metodología avalada permitirá asegurar la comparabilidad de los datos entre países y subregiones.
Estos esfuerzos resultarán en un mejor monitoreo y registro de los daños y pérdidas y en la implementación de medidas de reducción del riesgo respaldadas por instrumentos financieros (asignaciones presupuestarias, fondos, seguros), así como en una valoración objetiva del retorno de la inversión en cuanto a la eficiencia de las políticas públicas para la resiliencia de los medios de vida agrícolas.
(*)Oficial de Gestión de Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
