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Ex presidente de institución que atiende a menores infractores rechaza situación “caótica” denunciada por nuevas autoridades
Asegura que con “gusto” explicará ante la Justicia las supuestas irregularidades en varios centros
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El ex presidente del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), Ruben Villaverde, dijo que iría “con mucho gusto” si lo citan al Parlamento o a la Justicia para explicar los problemas que se generaron con la construcción de tres centros para la atención de menores de edad que cometieron delitos.
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Villaverde dijo a Búsqueda que sería una “oportunidad” para que “se aclaren” las “inexactitudes que se han dicho”. El ex jerarca no quiso dar más detalles sobre cómo defenderá su gestión en ese punto.
Los problemas detectados en la construcción de los tres centros llevaron a que se realizara una auditoría sobre las obras. Las autoridades del Instituto de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el nuevo organismo descentralizado que sustituyó al Sirpa, entienden que se deben enviar los antecedentes a la Justicia. Pero aún están a la espera de lo que decidan el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
El director del Inisa, Eduardo Katz, afirmó en una comparecencia en el Parlamento, en julio, que se encontraron “vicios de construcción” en los centros, y que hay paredes que parecen de “cartón”. Además, señaló que recibieron la institución en una situación “caótica”.
No obstante, Villaverde afirmó que no dejaron un “caos” en el Sirpa. “Entre 1991 y 2011 se produjeron 15.250 fugas. Desde 2012, cuando asumimos, hasta que nos fuimos no hubo ni fugas ni motines”, afirmó. Dijo que cuando asumió como director, los adolescentes habían rendido, en un año, 28 exámenes en centros educativos. Cuando dejó el cargo, la cifra aumentó a 2.500 exámenes.
Destacó además que hubo 400 pasantías laborales y que se trabajó con una de las “mejores psiquiatras” —en referencia a Eva Míguez— para bajar la cantidad de medicación que reciben los adolescentes presos.
Informe.
El INAU dispuso en setiembre de 2015 que se investigaran las obras realizadas en el Centro Colibrí (ex Batallón Nº 9), el Centro de Privación y Libertad (Ceprili), y el Centro de Ingreso, Estudio y Derivación.
En marzo de este año, el Directorio del INAU recibió el informe del equipo integrado por la División Arquitectura del Ministerio de Trabajo, y las divisiones de Arquitectura y Jurídica del INAU.
Los principales problemas se encontraron en el Colibrí y el Ceprili. Las empresas que trabajaron en la construcción de esos centros son Calpusa y el consorcio Tesor SA-Fedal SA. En el documento se responsabiliza a las empresas de los problemas generados.
“Las propuestas de las empresas no cumplieron en algunos casos con requisitos mínimos en cuanto a instalaciones sanitarias o eléctricas que están especificadas en normas departamentales vigentes. Esta situación llevó a que muchas de las soluciones adoptadas en cuanto a instalaciones de los sistemas de evacuación de agua, dispositivos sanitarios, instalaciones eléctricas o sistemas de aberturas, no fueran las adecuadas para un establecimiento de estas características, ya que permiten fácil acceso a elementos que pueden transformarse en armas o pueden ser vandalizados”, dice el informe.
Concluye que “cabe una responsabilidad muy grande” a las empresas involucradas en los casos investigados porque se generaron “dificultades de utilización de los edificios para los fines para los cuales estos fueron pensados”.
En función de ese informe, el INAU resolvió desestimar el pago de “costos adicionales de obra”, rescindir los contratos y analizar los “daños y perjuicios” que ocasionaron esos problemas.
Para realizar las obras, el Parlamento había autorizado recursos por $ 400 millones, y se usaron mecanismos especiales de contratación para agilizar los trámites.
