El Hospital Británico quedó chico para tanta gente. Tuvo que adaptar una sala para que las más de 20 personas entre familiares y amigos que fueron a despedir a Pablo Cánepa pudieran instalarse aquel lunes 1 de junio. Por uno de esos amigos, que le había pedido a Pablo que lo esperara y llegó poco menos que volando desde El Pinar, el proceso se demoró unos minutos.
Poco después, Pablo, de 39 años, moría por una eutanasia. Su último intercambio con el médico actuante fue un chiste sobre fútbol. “Él era hincha de Nacional en Uruguay y de Racing de Avellaneda en Argentina. Me da un gran alivio que hasta el final estuviera con ese ánimo”, cuenta a Búsqueda su hermano Eduardo, un año menor. “Siento mucho orgullo por él, por su valentía, su talento, su forma de ser. Eso quedó reflejado hasta el final, en la cantidad de gente que lo quiso acompañar”, agrega.
La historia de Pablo, quien desde hacía cuatro años padecía ataxia cerebelosa idiopática, un trastorno neurológico sumamente inhabilitante que lo convertía en un prisionero de su cuerpo, totalmente dependiente del entorno, fue una de las más conocidas en todo el proceso que llevó a la despenalización de la eutanasia. Fue un trámite ágil y sin obstáculos, dice Eduardo. El decreto que reglamentó la Ley de Muerte Digna, la 20.431 de octubre de 2025, entró en vigencia el 21 de abril y su solicitud verbal fue el 29 de abril; la médica paliativista que lo atendía en su prestador hizo objeción de conciencia (“tenía una gran relación con Pablo, lo ayudó mucho, pero es muy católica”) y la institución activó su protocolo: un médico de familia accedió a firmar el procedimiento el 18 de mayo; el segundo profesional que establece la norma, el consultante, un neurólogo, validó la pretensión el 25 de mayo.
“Una vez pasado eso, la fecha la eligió Pablo. Escogió el 1 (de junio) porque a él le gustaba el número 1. El prestador de Pablo fue muy diligente, pero el procedimiento se hizo en otro lado, donde había enfermeras dispuestas a hacerlo. Ese día hubo autoridades y profesionales de los dos lados para atenderlo a él y a la familia. Dentro de todo, para nosotros fue algo sencillo”, dice Eduardo, que se excusa de nombrar a las instituciones implicadas.
Una amiga fue la persona que Pablo escogió para que lo acompañara en sus últimos momentos. “Muchas gracias por todo”, fue lo último que su hermano menor escuchó de él. Un analgésico (lidocaína), un anestésico para inducir el coma (propofol) y un bloqueador neuromuscular que lleva al paro cardíaco (atracurio), suministrados por vía intravenosa, concluyeron el procedimiento. Eduardo se emociona. “No sufrió. Eso también nos alivia”.
Primer caso
En esta semana se cumplieron los primeros 50 días desde que la eutanasia pasó a ser una prestación más en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). El Ministerio de Salud Pública (MSP) “valora globalmente bien” este arranque y subraya que hay “un permanente espacio de diálogo” con los distintos prestadores para “aclarar las dudas que siguen apareciendo”, aunque reconoce que puede haber “aspectos a afinar” que no implican “ninguna modificación urgente” a lo ya implementado, dijo a Búsqueda la directora general de Salud, Laura Llambí.
La primera eutanasia practicada legalmente en Uruguay tuvo lugar el viernes 22 de mayo —un mes después de la entrada en vigencia del decreto— en el Hospital Policial, uno de los efectores públicos de salud del país. Le fue practicada a una mujer de 69 años, madre de seis hijos, que padecía un cáncer terminal con metástasis avanzada en varios lugares del organismo y cuyo cuadro se había agravado en las semanas anteriores. Sanidad Policial subrayó que se cumplieron todos los pasos y plazos legales.
Según pudo saber Búsqueda, en este caso actuó un internista, ya que la paliativista que atendía a esta paciente también hizo objeción de conciencia.
Referentes de organizaciones como Muerte Asistida Digna en Uruguay (MADU) y Empatía Uruguay, que bregaron por la despenalización de la eutanasia, consideraron que los primeros casos demoraron más en concretarse de lo que esperaban. Según el decreto, entre la resolución del primer y el segundo médico no pueden transcurrir más de ocho días si hay consenso entre ambos, o 13 días si hay disenso y tiene que definir una Junta Médica para expedirse positivamente o no. No todos los solicitantes tuvieron experiencias ágiles: una mujer de 59 años, con esclerosis múltiple, pudo al final definir la fecha en la que quiere recibir la eutanasia luego que la internista que la atendía dudara (no negara) si en su caso se cumplían los requisitos requeridos. Otro internista y un neurólogo de su misma mutualista, cuyos protocolos aún no estaban aceitados, no encontraron objeción alguna.
En otra mutualista, una junta médica finalmente le negó el procedimiento a una mujer de 68 años con múltiples patologías y que hace un año está postrada en la cama; su familia piensa elevar el caso a la Junta Nacional de Salud (Junasa).
“No hay protocolos sin afinar”, respondió Llambí. “Sí es cierto que la ordenanza no establece formularios específicos para la primera etapa del proceso, la segunda o para el consentimiento final. Por eso hay prestadores que han elaborado distintos formularios, pero eso no equivale a decir que no hay protocolos”, puntualizó.
Coordinación
El jueves 4 se reunieron en el despacho del diputado frenteamplista Federico Preve, exintegrante de MADU, representantes de Empatía, MADU y Tenemos ELA (esclerosis lateral amiotrófica) para conformar una suerte de grupo “de coordinacion” para ver conjuntamente “casos de solicitudes, resolver acompañamientos y ver qué obstáculos surgen”, dijo a Búsqueda Florencia Salgueiro, portavoz de la primera de esas organizaciones.
La existencia de “cuestiones a resolver por los prestadores”, al decir de Salgueiro, motivó la conformación de este grupo a partir de otros grupos con idéntico objetivo. “Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, que iban a demorar en resolver sus procedimientos internos, resolver cómo actuar con sus objetores de conciencia y cómo gestionar los consentimientos. Pero sigue siendo complejo para los pacientes que ya de por sí están en una situación muy compleja”, agrega quien abrazó esta causa luego que su padre Pablo muriera en 2020 de ELA, cuando el entonces proyecto de ley, inicialmente impulsado por el diputado colorado Ope Pasquet, estaba recién en la etapa de bosquejo.
“Estos primeros días han sido de complicaciones y de preguntas a resolver. En el medio de todo eso hay personas que están pasando un momento muy complicado. Estamos esperando que todo se normalice”, anadió Salgueiro.
Tal como informó Búsqueda el 2 de junio, la mutualista Hospital Evangélico informó a sus usuarios que “fiel a sus principios cristianos” considera “incompatible” practicar la eutanasia, por lo que, de acuerdo con la ley, deberá derivar ese procedimiento a otro prestador.
El MSP está “en reuniones permanentes” con esta mutualista para solucionar ese último punto, indicó Llambí. Es la única institución que se expresó de esta manera, agregó.
El Evangélico había tomado esta misma postura cuando la despenalización del aborto, en 2012, en esa ocasión junto con el Círculo Católico. Esta última mutualista aún está estudiando qué determinación tomar en este procedimiento.
Objeción
Durante los años previos a su despenalización, se insistió en evitar la oposición entre eutanasia y cuidados paliativos y apuntar en cambio a la complementariedad entre ambas prestaciones. Sin embargo, estos primeros tiempos de implementación los han visto más opuestos que complementarios. Prácticamente la totalidad de estos especialistas que trabajan en las sanidades Policial y Militar y en la mutualista Casmu presentaron su objeción de conciencia, reconoció a Búsqueda el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos (Sumcp), Fernando Elhordoy. Sin embargo, subrayó que “no hay tal cosa como una declaración conjunta ni recomendación” para ampararse en la objeción de conciencia por parte de este colectivo.
En un comunicado de la Sumcp fechado el 26 de mayo, poco después de la primera eutanasia en el Policial, esta sociedad científica remarcó el “respeto a la autonomía del profesional”, reivindicó el derecho del médico a “actuar conforme a su propia conciencia ética, moral o filosófica” y calificó a la objeción de conciencia como un “pilar que garantiza la integridad y la autenticidad” del acto médico. Más adelante, destaca que “recae sobre las instituciones prestadoras de salud y las autoridades regulatorias”, en alusión al MSP, “disponer los mecanismos de gestión necesarios” para acceder a las prestaciones.
Según las organizaciones que promovieron la despenalización, hoy hay aproximadamente media docena de personas iniciando el trámite para acceder a la eutanasia. El diputado Preve, quien dijo haberse puesto “a disposición” de ellas para coordinar una tarea en conjunto, dijo a Búsqueda que en estas primeras semanas “era razonable una puesta a punto sobre los plazos”, que se pueden evitar las trabas burocráticas, “pero tampoco ser estrictamente duros en esta etapa inicial”. Una vez el sistema funcione fluidamente, estimó que en un plazo de entre cinco a diez años las muertes por eutanasia iran de un piso del 1,5% a un techo del 4,5% de los fallecimientos totales por año. Esto es, se practicarán de unas 500 a 1.500 eutanasias por año.
El MSP no brinda números de casos en proceso ni de objeciones de conciencia. Tampoco tiene ninguna estimación sobre cuánto representará la eutanasia en los fallecimientos anuales. “Como es un derecho recientemente consagrado, puede haber muchos casos al principio y luego una reducción. Es que había varias personas que esperaban esto hace mucho”, concluyó la directora general de Salud.
