El proyecto, que, según se informó, recoge cerca de un centenar de propuestas surgidas del intercambio entre organismos del Poder Ejecutivo y diversos actores de la sociedad, tiene por objetivo aumentar la productividad, el crecimiento económico y la inversión, con el fin de contribuir a la reducción del costo de vida de los uruguayos. Pone el foco en el apoyo a las micro y pequeñas empresas (mipymes), el fortalecimiento de la competitividad, la promoción de la competencia y medidas para generar más y mejor empleo.
“El corazón de la competitividad está en los costos de gestión y de funcionamiento del sistema. El sector público, por costumbre, por no hacer revisiones profundas, pone un peso extraordinario” sobre las empresas, señaló Oddone en la presentación.
“Es un buque insignia de lo que queremos señalar desde el Poder Ejecutivo” en términos de competitividad, agregó. Según el ministro, se trata de una “modesta pero importante reforma del Estado”, algo que, comparó, desde 1995 no estuvo puesto sobre la mesa. “El objetivo final es hacer de Uruguay un país más competitivo y menos costoso”, insistió.
“Hay una zona de confort” de muchos agentes, que este proyecto “pretende remover” , admitió Oddone.
La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó el trabajo colectivo y lo oportuno de la presentación de este proyecto por el contexto internacional. “El mundo nos está mirando (...). Esto complementa la atracción de inversiones” y la búsqueda de nuevos mercados para exportar, señaló.
El proyecto de ley ingresará la semana próxima por la Cámara de Senadores, ya que la iniciativa de Rendición de Cuentas será presentada antes de fin de mes por Diputados.
Las medidas propuestas
Según una gacetilla divulgada por el Ejecutivo, en materia de “reducción de la burocracia”, la iniciativa promueve el uso de declaraciones juradas y la instauración de plazos máximos para obtener una respuesta y establece la falta de respuesta gubernamental como un consentimiento (silencios positivos).
Entre otras medidas, contempla la creación de un registro de apoderados y representantes de empresas; tras la inscripción allí, el Estado está obligado a usar esa información, evitando pedir en cada oficina estos poderes.
También prevé la gestión electrónica integrada de los trámites marítimos y portuarios (arribo, permanencia y salida de buques), bajo la dirección técnica de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).
Otra acción desburocratizadora es la instalación de una “plataforma de información positiva”, que pondrá a disposición datos sobre el cumplimiento efectivo de pago de los solicitantes de crédito.
Asimismo, promoverá un “notariado electrónico”.
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Todo trámite en Aduana no va a ser más en papel, lo mismo que la documentación contable que las empresas deben presentar ante la administración, enfatizó Oddone en la conferencia.
Se prevé, por otro lado, que los registros de mercadería sometida a vigilancia sanitaria, fitosanitaria, técnica o ambiental se ampliarán de cinco a 10 años (al igual que en Argentina y Brasil).
En el área de la salud, el proyecto establece un trámite en paralelo a la habilitación de depósito y obtención de registros de productos; un procedimiento simplificado a través de declaración jurada, y la incorporación de alternativas al certificado de libre de venta.
Competencia y baja del costo de vida
Una medida que ya había sido adelantada tiempo atrás por las autoridades, ratificada ahora, es transformar a la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) como un servicio descentralizado.
Dispone un fortalecimiento de la función investigativa de la Coprodec, definiendo nuevas reglas sobre acceso a la información y mayores poderes para requerirla, la realización de inspecciones y la solicitud de medidas cautelares, junto con garantías procesales para los investigados.
Para reducir el costo de vida y facilitar la toma de decisiones a partir de información de calidad, se anunciaron dos medidas.
Por un lado, la facilitación de importadores múltiples de un mismo producto sin requerir información que el regulador ya tiene. El ministro señaló que la pasta dental es un “caso típico” que exhibe problemas de competencia, que se prevé revertir. Su colega de Salud, Cristina Lustemberg, acotó que ello no implicará un debilitamiento de los controles sanitarios.
Por otro, el proyecto plantea que los locales comerciales deberán publicar, junto al precio de venta de los productos, los precios según unidad de medida equivalente en kilogramos, litros, metros o unidades del producto. Quedan contemplados los comercios con grandes superficies, los establecimientos que vendan alimentos y artículos de higiene personal o de uso doméstico.
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Conferencia de prensa de presentación del proyecto de competitividad, en Torre Ejecutiva.
MEF
Oddone subrayó la importancia de las empresas de pequeño porte en la economía uruguaya. Dijo que las medidas propuestas tocan el “corazón” de este tipo de unidades productivas.
El proyecto contempla mecanismos de “graduación tributaria a las empresas Literal E para acompañar su crecimiento”.
Para facilitar la gestión y facturación electrónica, prevé la creación de un sistema integrado gratuito para micro- y pequeñas empresas. El ministro recordó que esa era una acción propuesta por el Frente Amplio en la última campaña electoral.
Anunció que se propondrá una reducción de los costos de registro para productos por parte de las mipymes. Oddone puso como ejemplo que, actualmente, registrar un cosmético tiene un costo de US$ 1.800.
“Necesitamos darle un salto de escala y permitir que se internacionalicen”, acotó Cardona.
Para promover la innovación de las fintech, en la conferencia se enumeró la habilitación de espacios controlados con menores regulaciones a los efectos de probar y desarrollar nuevas soluciones financieras (sandboxes), las finanzas abiertas, el impulso a fondos de inversión cerrados, así como de plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding), ampliando su definición e incentivos tributarios.
