Experiencias como el Liceo Jubilar o los CAIF alientan el avance de la “incipiente” privatización educativa en Uruguay, según expertos

Este avance de la “privatización educativa” en lo local se explica, en parte, por “lo regulado en el marco de los gobiernos progresistas posteriores a la crisis (del 2002), que permitió abrir nuevas posibilidades a partir de esquemas de participación público-privada” y habilitó la renuncia fiscal sobre las donaciones especiales.

La investigación, de 90 páginas, se inserta en una “campaña mundial” de la Internacional de la Educación (IE) —la mayor federación de sindicatos y asociaciones de docentes y trabajadores de la educación del mundo, que nuclea a unas 400 organizaciones en 170 países— contra “el comercio educativo y la privatización de la enseñanza”, lanzada en 2015 en Canadá.

Los autores del capitulo uruguayo son Eloísa Bordoli y Pablo Martinis, profesores del Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades, junto a los asistentes de investigación del instituto Stefanía Conde y Marcelo Alfonzo, y el profesor asociado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB Mauro Moschetti.

El sutil encanto.

América Latina es la región del mundo en la que la privatización educativa “creció de forma más acusada y constante” en los últimos 25 años, expresa el informe. En paralelo, como “rasgo particular y paradójico”, se registró un creciente ingreso a la educación pública de “sectores largamente excluidos”, los más pobres.

En ese mapeo, Uruguay destaca por haberse mantenido “relativamente” al margen de la “agenda privatizadora” que permeó en la región. El peso de la educación privada en el país como porcentaje del total de alumnos matriculados se ubica en torno al 16,4%, abarcando los niveles inicial, primario y medio en su conjunto. Este valor es inferior a los que presenta el continente, a excepción de casos como Bolivia, Brasil, Costa Rica y México (Unesco, 2016).

No obstante, hoy los especialistas caracterizan el caso uruguayo como el “más emblemático” de privatización “latente” o incipiente.

Entre las experiencias educativas donde los expertos constataron un mayor avance de la acción privada en Uruguay, aparecen las modalidades dirigidas a “poblaciones que no acceden a las prestaciones del Estado” por falta de infraestructura y recursos (primera infancia e inicial) o por dificultades en los formatos educativos (media).

Otra modalidad es la que aplican instituciones de educación media de gestión privada que reciben financiación indirecta del Estado por exoneraciones impositivas y renuncia fiscal sobre las donaciones especiales. Para los académicos, estas instituciones desarrollan “sutiles” criterios de selección del alumnado, aunque se dirigen a adolescentes y jóvenes “en situación de vulnerabilidad socioeconómica”.

El documento expresa que estas instituciones educativas —y cita en concreto el caso del Liceo Jubilar, el Centro Educativo Los Pinos, Fundación Impulso, Bachillerato Tecnológico Ánima y los liceos Francisco y Providencia— “se presentan enfáticamente como ‘modelos a seguir’ por diversos actores políticos y sociales”, que procuran “incidir en el diseño de las políticas educativas” del país.

Para los investigadores, estas instituciones reflejan un “solapamiento discursivo que se opera entre los modelos de gestión y las formas de trabajo pedagógico, y el modo de intervención sobre las políticas educativas”.

Otras experiencias cuestionadas son las “modalidades de hibridación público-privada” en primera infancia e inicial. En ese concepto “se inscriben” los proyectos de intervención social como los Centros de Atención a la Infancia y a la Familia (CAIF) y el Programa Nuestros Niños, que regula el Ministerio de Educación y desarrolla la Intendencia de Montevideo.

Además, el informe es crítico con la aplicación del sistema de contratación de participación público-privada (PPP) para la construcción de infraestructura educativa.

En Uruguay “hay un sutil y progresivo encanto por la gestión privada que va ganando terreno” en la educación, dijo en marzo a Búsqueda el director de la Campaña Mundial contra el Comercio Educativo, Angelo Gavrielatos. Este docente australiano aseguró que el país “está en el radar” por tratarse de un “mercado en ascenso” y atractivo.

Policymakers.

El informe refiere además a la construcción de “nuevos paradigmas de políticas que inciden sobre las acciones de los policymakers”, o responsables de definir la educación pública. “En Uruguay advertimos una creciente disputa de sentidos por la elaboración de tales diagnósticos” en materia educativa, donde “cobran progresivamente mayor relevancia” actores de la sociedad civil y del sector privado.

“La privatización aparece de modo más evidente a través de la política educativa, por cuanto agentes privados de diversa naturaleza —corporaciones, organizaciones no gubernamentales y filantrópicas— se han involucrado crecientemente en el proceso de producción de ideas que procuran incidir en la formulación de políticas” sobre el “debate educativo”, precisa el estudio.

Los esquemas de subvención estatal “focalizada o selectiva en la educación no formal (…) son presentados por algunos actores como instancias de naturalización, legitimación y modelo de reformas proprivatización a mayor escala”.

Además, los autores atribuyen a los medios un papel en la “escandalización de la opinión pública”, por la difusión de los resultados de “evaluaciones internacionales estandarizadas”, como las llamadas “pruebas Pisa”. Y reprochan el “rol creciente” de organizaciones internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). “Estas fuerzas globales ejercen gran presión sobre las agendas de reforma educativas de los gobiernos”.

Señalaron además una “falta de definición y precisión” de propuestas educativas que ligaron a una posible “heterogeneidad” de posiciones en organizaciones civiles, “como en el caso de Eduy21”, o que “no trascienden cierto oportunismo político”, y citaron al “Instituto Ceres”.

“Aparecen con frecuencia paradigmas de política que responden a normas globales conjugadas con elementos locales, como la crítica a la ‘burocratización’ de los organismos educativos estatales y el ‘bloqueo a la innovación’ encarnado por los actores sindicales”, precisaron.

Y agregaron que “la falta de incidencia real” sobre el proceso de formulación de políticas por parte de las organizaciones que nuclean a los proveedores educativos privados —“más clara en el caso de los laicos que en el de los religiosos”— tiene que ver con “la voluntad de no exponerse a mecanismos de rendición de cuentas”, interpretados como “amenazas a la libertad de enseñanza y autonomía de gestión” que gozan.

“A excepción de los actores gubernamentales y los miembros de la coalición de gobierno, el resto de los relevados tiende a identificar a los sindicatos docentes como espacios de resistencia a todo cambio. De allí que no se propicie la incorporación de trabajadores del sector educativo en los debates promovidos, por ejemplo, por Eduy21”.

También fustigaron la acción gremial: “Habría que señalar que la propia posición reactiva o pasiva que asumen los sindicatos lleva que sea sumamente difícil que puedan emerger como interlocutores de un diálogo y debate público”.

“Existe por tanto una necesidad de que los actores del ‘arco progresista’, y en particular los sindicatos, asuman el desafío de lanzarse a un trabajo de corte programático que les permita superar su posición de meros defensores de un estado de cosas más o menos estabilizado”, finaliza el estudio.