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En la campaña electoral que se cierra esta semana, uno de los temas en discusión por parte de los candidatos fue la edad de retiro. La necesidad de un estudio que defina cómo asegurar la sustentabilidad de las pasividades con una población envejecida aparece en todos los programas de los partidos con representación parlamentaria que se enfrentarán este domingo 26. Pero, según expertos, esta reforma debe tener un “abordaje integral”.
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Helmut Schwarzer, especialista en seguridad social para las Américas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo en diálogo con Búsqueda que “es claro que todos los países de América Latina van a tener que irse adaptando” pero que en esto no se puede tener “una visión aislada, con un foco exclusivamente en el tema del cambio de las reglas de jubilación”. Si bien evitó dar recomendaciones para la situación uruguaya, el jerarca dijo que “los países deben desarrollar abordajes integrales”.
“Hay que verlo como una cosa integrada y coordinada. En las reformas está la necesidad de garantizar prestaciones básicas a todas las personas y universalizar las garantías básicas de seguridad social. Pero al mismo tiempo hay que discutir qué cambios en las reglas de acceso a prestaciones van a ser necesarios en cada país, para mantenerlas en el largo plazo en la medida en que estas poblaciones van envejeciendo”, dijo.
En los últimos años, estudios de la Asesoría General en Seguridad Social del Banco de Previsión Social (BPS) recomendaron reformas en los márgenes mínimos para configurar causal jubilatoria. Según los técnicos de la asesoría, Uruguay debería caminar hacia una edad mínima de retiro de 67 años para 2055 (hoy son 60 años) y/o una baja en la tasa de reemplazo (el porcentaje del sueldo que se cobra en la jubilación), que hoy es de 45% (Búsqueda Nº 1.728).
“Los países deben desarrollar abordajes integrales que de un lado miren cómo las políticas de mercado laboral pueden aumentar la participación, disminuyendo o eliminando las barreras. Y por otro lado qué reformas de los sistemas de protección social son necesarias para tratar la transición demográfica del envejecimiento de la población”, agregó Schwarzer.
El experto habló de “aumentar la participación femenina” en el mercado laboral, permitir a los adultos mayores seguir actuando “de forma parcial”, así como prevenir los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales. “Cuando una persona se invalida, se transforma tempranamente en un receptor de prestaciones y deja de ser un contribuyente. Una política de prevención de accidentes y enfermedades también es parte del abordaje”, dijo.
Hoy el BPS cuenta con 1,5 millones de cotizantes, y ha implementado algunas reformas en su sistema mediante la ley de flexibilización de jubilaciones, que bajó a 30 los años mínimos de trabajo requeridos para configurar causal y modificó la jubilación por edad avanzada. También se permitió otorgar años de servicio por cada hijo para las mujeres y se aprobó la ley de jubilación parcial, que permite continuar trabajando luego de haber configurado causal. Estas reformas, junto con el sistema de asignaciones familiares (que se reformó para alcanzar a la población contemplada por el Plan de Equidad), fueron destacadas por el especialista de la OIT.
“En la conferencia internacional de trabajo del año pasado se discutió cómo los países deben tratar el tema del envejecimiento demográfico y cómo ir reformando sus políticas de mercado laboral y de protección social. Esa discusión no ha generado ninguna norma internacional”, advirtió Schwarzer, quien evitó pronunciarse sobre qué tipo de cambios debería aplicar Uruguay. “Esa es una discusión que tiene que ser hecha con fundamento en la situación real de Uruguay”, concluyó.
Schwarzer participó el martes 7 de octubre en un acto por los 22 años de la integración de los representantes sociales en el Directorio del BPS. En el acto habló de su “aprecio” por el modelo uruguayo, que fue “pionero” en la región al incorporar un pilar de solidaridad intergeneracional —administrado por el BPS— y otro de capitalización individual —operado por las administradoras de ahorro previsional, AFAP—.
“Es el modelo más avanzado porque permite una participación importante y transparente”, dijo durante su intervención, en la que destacó la presencia de trabajadores, empresarios y jubilados en el Directorio del BPS.
El experto alabó las pensiones no contributivas que otorga el modelo uruguayo, la ampliación de la cobertura de las prestaciones, el nivel de formalidad y la incorporación de las trabajadoras domésticas como cotizantes en el sistema de seguridad social.
“El escenario de los últimos 10 años es bastante positivo. Pocos países han tenido evoluciones favorables en sus indicadores sociales. La trayectoria de Uruguay nos hace creer que es posible que otros países expandan sus coberturas y cumplan con los regímenes internacionales”, concluyó.
