La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU), el grupo Campo Unido –que integran la Asociación Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Rural del Uruguay, Comisión Nacional de Fomento Rural, Cooperativas Agrarias Federadas y la Federación Rural– y la Sociedad de Productores Forestales rechazaron de forma contundente el anuncio de aumento de las tarifas portuarias por parte de Katoen Natie - Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo.
Admitió que el anuncio “no nos tomó por sorpresa, porque luego de aquel intento de aumento de 24,1%, hace un mes y medio, se nos había dicho que se iba a evaluar el tema, por lo que esto era algo a esperar”. De todos modos, dejó claro que “no nos gusta para nada que venga este tipo de aumentos en estos momentos para la exportación”, y aseguró que “habíamos hablado hace mucho tiempo que este era un proceso de baja de tarifas y no de aumento”.
Recordó que “en ese momento –sin expedirnos sobre el acuerdo– dijimos que podría tener sus pro y contras, pero lo que nos importa de aquí para adelante es que el puerto tenga mejores servicios, sea más seguro y tenga menores tarifas. Se nos dijo claramente: la empresa va a aumentar su operativa, más que duplicar, va a seguir creciendo. Entonces parte de ese aumento de la operativa, por la rentabilidad, la productividad y eficiencia que genera, será derramado al sector exportador, sino el que gana es solo TCP”.
La suba de tarifas es del 17% en general y 13% para las exportaciones. La empresa sostiene que el aumento obedece al atraso cambiario (ver páginas 5 y 6), factor que “también nos pega a todos los exportadores, por lo que es un golpe doble”. A propósito, comentó que “también tenemos atraso cambiario, pero no podemos trasladar toda esa problemática a nuestros clientes porque simplemente los perderíamos, pero TCP nos traslada sus costos”.
Compromiso de bajar tarifas
El presidente de la UEU recordó que cuando se realizó el acuerdo entre el gobierno y TCP “se conversó formalmente y se dio una primera rebaja del 26%”.
También puntualizó que “de 2013 a 2018 veníamos con aumentos absolutamente fuera de cualquier razonamiento, de casi 350% en dólares. Es decir, la suba era sin ningún control. Esa baja del 26% se dio efectivamente y fue parte del acuerdo, pero luego de muchos años de aumento de 350% y luego de esta baja del 26% que se dio en enero de 2022, el compromiso era seguir profundizando la baja”.
Aseguró que los costos del puerto de Montevideo son “cuatro veces más caros que los de puertos comparativos en la región, como el de Río Grande –en Brasil– o San Antonio –en Chile–”.
“Estamos hablando del costo de la terminal, el operador que mueve el contenedor, que lo saca del barco, lo pone en tierra, lo lleva al almacén; el operador portuario que maneja los contenedores. Somos cautivos de esos costos, porque no podemos elegir con qué operador trabajamos. Acá se le dio prioridad a TCP”, afirmó.
Problema a resolver
Marquez precisó que “el tema es muy difícil porque todo se politiza, pero la realidad es que esto viene de 2013. Es una historia larguísima, que se complejizó con la concesión. Para nosotros es un agravante que el Estado sea socio de TCP, porque tiene el 20%. Entonces quien debería ser el juez también es parte. Ese es un problema que tenemos que resolver. Cuando se dio la ampliación de la concesión el gobierno negoció internamente en la coalición crear una herramienta independiente de control (ver nota aparte), porque la Administración Nacional de Puertos (ANP) es quien controla, pero al mismo tiempo es parte”.
El presidente de la UEU remarcó que TCP “va a estar 60 años y tenemos que tener la tranquilidad como país de que haya alguien que regule a una empresa casi monopólica”.
Pérdida de competitividad
Sobre los efectos de esta suba de tarifas, Marquez dijo que “se pierde competitividad. Cada eslabón de la cadena es muy importante, están todos los costos del país, pero si queremos competir tenemos que bajar los precios. Hoy existen muchas empresas que están trabajando a pérdida. Tenemos una muy buena relación con el gobierno y la idea es construir de acá para adelante”.
Campo Unido también expresó su preocupación por la suba de los costos portuarios. Mediante un comunicado expresó que “este nuevo ajuste de las tarifas de TCP, empresa de la cual el Estado uruguayo es socio, no hace sino suponer un nuevo y severo perjuicio al sector productivo nacional, al que se carga con un costo que viene a agravar aún más la sostenida pérdida de competitividad sobre la que hemos venido advirtiendo con insistencia”.
“Solicitamos a las autoridades nacionales que adopten las medidas que garanticen que los costos de esta terminal dejen de representar un obstáculo más para la competitividad y que el puerto sea, como debe, un socio estratégico de quienes producen y aportan su trabajo y esfuerzo al desarrollo del país”.
La Sociedad de Productores Forestales, por su parte, también expresó su preocupación y disconformidad con el anuncio de TCP. A través de un comunicado mencionó que “las tarifas en las terminales del puerto de Montevideo son sensiblemente superiores a las de otros puertos de la región, lo que afecta negativamente la competitividad del sector exportador nacional”.
Advirtió que el aumento supondrá “un impacto desfavorable adicional sobre la competitividad de las empresas exportadoras, que ya vienen sufriendo un importante atraso cambiario y no es posible trasladarlo a sus clientes”.
Ausencia de regulación estatal
Al Partido Colorado “no le parece lógico que no haya una función reguladora a través del Estado, por cualquiera de sus organismos, en el puerto de Montevideo”, dijo a Agro de Búsqueda el diputado Ope Pasquet. Recordó que el socio de la coalición oficialista se enteró de que el gobierno había llegado a un acuerdo con Katoen Natie al mismo tiempo que el resto del Parlamento, cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, lo anunció en la Asamblea General. “Una vez enterados del contenido del proyecto dijimos que a nuestro juicio tendría que crearse la figura que ejerciera la función reguladora en el ámbito portuario, así como está la Ursec o Ursea en sus relativos ámbitos de competencia”, señaló el legislador.
El planteo se llevó a la Torre Ejecutiva, donde fue de recibo, y finalmente fue el propio Poder Ejecutivo el que terminó el proyecto de ley y lo remitió a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Posteriormente varias delegaciones concurrieron a dicha comisión y formularon críticas. Una de ellas fue que la unidad reguladora no tendría los poderes jurídicos necesarios para realizar controles y fiscalización, sino que quedaría reducida a un rol de asesoramiento técnico.
Considerando esas críticas, Pasquet redactó un nuevo anteproyecto, dándole a la nueva unidad poderes efectivos de control, fiscalización e imposición de sanciones a quienes violen esas normas. El nuevo anteproyecto fue remitido a la Torre Ejecutiva a fines de junio, para su estudio, con la idea de llegar a un texto acordado, que tuviera posibilidades de ser aprobado en el Parlamento.
Para Pasquet las discrepancias que generó el anuncio del aumento de las tarifas “demuestra la necesidad de que haya una entidad reguladora, un organismo que diga si los precios están o no alineados con los de puertos comparables al de Montevideo, así como la Ursea dice cuál es el precio de paridad de importación de los combustibles, y esa es una pauta fundamental para que el Poder Ejecutivo resuelva cuál será el precio”.
Explicó que no se opone a que sea la Administración Nacional de Puertos (ANP) la que regule este tema, pero sostuvo que “no puede hacerlo mientras sea accionista de TCP, como lo es, porque la ley de concesión le da el 20% de las acciones”.
El diputado colorado también admitió que “la oportunidad de la Rendición de Cuentas prácticamente pasó”, y que tal vez “lo más práctico para que empiece a funcionar antes sea la transferencia de las acciones desde la ANP a otro organismo, como la Corporación Nacional para el Desarrollo, por ejemplo”, para que la autoridad portuaria “cumpla un rol regulador que hoy no está cumpliendo”.