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El desempeño de las firmas encuestadoras en estas elecciones internas, fue objeto de crítica, escarnio y mofa. Francamente no entiendo la saña, cuando los resultados probaron que las encuestas no incidieron en el veredicto popular, sino apenas en el humor de los operadores políticos, según cómo les fuera esa semana. La gente votó lo que quiso, sin fijarse en lo que decía El Sordo. El problema es de los encuestadores y solo de ellos, que viven de su trabajo. No hubo daño a sectores ni a partidos, ni mucho menos al sistema en general.
Sin embargo, hubo otra deriva colateral: la polvareda que levantó el patinazo de las encuestadoras ocultó el deficiente desempeño de las autoridades electorales, este sí, de alto impacto en la calidad de la democracia. Estas elecciones internas fueron un collar de errores y defectos, antes, durante y después del acto comicial, cuyas secuelas persisten pasadas dos semanas de las elecciones. Aunque, además de la distracción con las encuestas, estimo que el tema no saltó a los titulares por cuidado institucional, matizado con un sentido de honor nacional, muy encarnados en la dirigencia de los partidos tradicionales. (El Frente no comparte ese cuidado institucional, desde que lo político está por encima de lo jurídico, y se limpia las partes con la voluntad soberana, como no lo hizo ni la dictadura. Tampoco comparte ese sentido de honor nacional, desde que se agacha ante Argentina, mendiga en Brasil o se disfraza en Venezuela). Para blancos y colorados el sistema electoral, tallado en el espíritu patrio hace casi un siglo, es patrimonio nacional inalienable e incuestionable; eje sobre el que se asienta la libertad, la república y la democracia; prenda de orgullo que nos distingue en el concierto de las naciones civilizadas. Como el sistema educativo, como la seguridad pública, como el Censo de Población y Vivienda. Son todas cosas que en Uruguay funcionan, funcionan bien, funcionan en automático, ayer, hoy y siempre; estamos salvados. Pero no; no y no; ya no.
Quienes participamos en este proceso electoral podemos dar fe de sus crisis más notorias. Antes de las elecciones, la Corte se atrasó tres semanas, según su propio calendario, en el registro y autorización de las listas; casi un mes en una campaña de dos meses, porque falló el programa, una y otra vez. Durante las elecciones todos fuimos testigos de la vergonzosa improvisación de los cuartos secretos con mamparas, que si no provocaron el colapso de la elección fue exclusivamente por la buena voluntad de los funcionarios públicos integrantes de las mesas, que ensayaron toda suerte de malabarismos para que las listas pudieran exhibirse y los ciudadanos pudieran votar con alguna intimidad. Después de las elecciones, seguimos padeciendo errores, atrasos y cuestionamientos como no se tienen noticias desde 1971. ¿Cambiarán los resultados gruesos al final del escrutinio definitivo que se está procesando en estos días? Es muy poco probable. Pero se provocó un manifiesto daño reputacional al sistema, que es imperioso despejar para octubre. ¿Por dónde empezar? Hubo errores en las decisiones y en la conducción estratégica, en la implementación y la gerencia logística, en la programación y ejecución de actividades; pero el gran agujero negro estuvo vinculado al incipiente proceso de informatización. ¿Quiere decir esto que no podemos cambiar nada, que jamás tendremos voto electrónico, que debemos volver al ábaco? No, nada de eso. Quiere decir que lo que hicieron hasta ahora está mal, como estuvo mal el Censo, la subasta de Pluna y la asignación de horas en Secundaria.
Aún peor: con fecha 16 de abril de 2014, la OEA remitió a las autoridades de la Corte Electoral un informe sobre el desempeño del sistema TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), con “recomendaciones que se sugiere implementar previo a las elecciones primarias del 1 de junio próximo”. El informe es producto de un programa de apoyo solicitado por la propia Corte, y contiene 30 hallazgos y recomendaciones. Ninguna de las 30 recomendaciones implicaba un presupuesto adicional, todas podían ser puestas en práctica en el corto plazo y todas eran de alto impacto para la seguridad y confiabilidad del sistema. La misión técnica no profundizó en otros aspectos de la organización electoral. Pero en la evaluación realizada con motivo de las elecciones profesionales previas (en las que se testeó el sistema), fue tan chocante el evento, que el técnico no pudo dejar de asentar que “En algunos locales se puso en riesgo el secreto del voto. Las mamparas, por su diseño y disposición, permitían ver a quien estaba ejerciendo su elección”. ¿¿Cuántos de los 30 hallazgos se atendieron, si no se atendió este, el menos sofisticado, de cero costo, cero plazo y máxima importancia?? Ahora la OEA estará preparando el informe de observación de estas elecciones internas, pero no hace falta esperarlo: se debe llamar a responsabilidad a los ministros de la Corte ya, y no hay que perderse en anécdotas (que abundan), sino concentrarse en recomponer las garantías del sistema para las elecciones nacionales de octubre-noviembre y las departamentales de 2015. ¿Cómo se hace?
Sencillo: asumiendo sin ambages que este proyecto de elemental informatización ha fracasado. Los programas no funcionan, los sistemas carecen de seguridad, las ceibalitas no tienen memoria suficiente, las escuelas no tienen toma corrientes disponibles, las zapatillas hacen cortocircuito, UTE no asegura la energía, ANTEL no asegura la conectividad, los funcionarios no tienen capacitación, la empresa contratada no ofrece garantías, los ministros de la Corte la ven pasar, los partidos estaban en la luna. Esto no tiene remiendo, no se puede avanzar por acierto y error, no se puede jugar con la democracia. Las elecciones nacionales de octubre-noviembre y las departamentales de mayo deben llevarse a cabo con los procedimientos tradicionales (y los partidos tienen que cumplir con su derecho-deber de contralor). Pasado este ciclo electoral, habrá que renovar las autoridades electorales, y otros serán quienes reencaucen la (por supuesto que necesaria) modernización integral del sistema. Pero de cara a las próximas instancias, que serán altamente competitivas, la prioridad absoluta es la solidez de la información y el respeto milimétrico de la voluntad popular. Lo demás es lo de menos.
