Fiscal afirma que “es cada vez más frecuente” que delincuentes  “se organicen” y presenten “testigos falsos” en los juzgados

“Estamos peleando esta guerra con un tenedor”, dijo Zubía a Búsqueda. Es que de la mano de nuevas modalidades delictivas como el narcotráfico y los ajustes de cuentas surgió un fenómeno nuevo en los juzgados uruguayos: la presentación de testigos falsos.

“El porcentaje de gente que denuncia pero que luego no va al juzgado es muy alto. Eso explicita el temor que tienen las víctimas de decir la verdad de los hechos por las represalias que pueden tener en el barrio”, añadió.

De hecho, el fiscal dijo que en casos en los que intervino ha habido situaciones de  amedrentamiento y represalias de parte de los familiares o amigos de delincuentes hacia las víctimas. En una ocasión, Zubía tuvo conocimiento de que el hermano de un rapiñero baleó a un comerciante que actuó en legítima defensa.

“Los amedrentan en su casa, en la puerta del juzgado e incluso hubo algunos casos dentro mismo de la sede”, relató Zubía.

“Esa misma organización de familiares y amigos que llamativamente están muy cerca del delincuente cuando comete un hecho de sangre, presentan después múltiples testigos del barrio que declaran en forma altamente sospechosa”, prosiguió.

De acuerdo con su experiencia, quienes tienen un papel protagónico en el armado de ese escenario ficticio son las madres de los delincuentes. “Tienen un papel destacado. Muchas veces son las que van a hablar con las víctimas para decirles que no les conviene ir a declarar al juzgado y convencen a otros vecinos de que deben ir a declarar en favor de sus hijos”.

Esos testigos “generan una gran suspicacia por su enorme nivel de preparación”, y en algunos casos consiguen su objetivo y hacen dudar a los magistrados acerca de la responsabilidad de los sospechosos.

“Esto es grave porque son focos de organización, quizás pequeños por ahora, pero que buscan enfrentar el sistema generando una subcultura tendiente a la impunidad de los delitos hasta ahora no vista”, opinó.  

Pésima.

Estas nuevas modalidades delictivas, según Zubía, se producen en un contexto de malas condiciones materiales y de herramientas jurídicas para hacerles frente.

“La pésima infraestructura en la que trabajamos condiciona la decadente superestructura que tenemos”, reflexionó.

Las oficinas de interrogatorios (conocidas en la jerga judicial como los boxes) miden en la mayoría de los juzgados 1,20 metros por 2 metros. Durante su turno cada fiscal atiende entre 6 y 12 casos, lo que imposibilita que “estén presentes en todas las diligencias, más allá de su voluntad”, remarcó Zubía.

“En esa estructura arcaica y demodé trabajamos e inevitablemente eso genera de por sí una incongruencia con los postulados garantistas y un agobio importante en el trabajo”, añadió el representante del ministerio público.

A su juicio eso provoca que exista una “selección natural” de casos por parte de los operadores judiciales que impide tratar los temas “menores” que en muchos casos son “el inicio de una carrera delictiva”.

“No hay un tribunal de faltas que sea una primera barrera al delito”, dijo, y agregó: “Estamos realmente atando con alambre a un tractor”.

Todo esto se produce en un contexto en el cual el proceso penal vigente “vulnera determinadas garantías de los indagados”. 

“Cambiar este código es responsabilidad del sistema político. Nosotros podemos hacer miles de seminarios, pero el sistema político hace 40 años que tiene este asunto encima de la mesa y no lo soluciona”, aseveró el fiscal.

Para Zubía tampoco debe cambiarse el proceso penal por otro que sea más garantista pero menos efectivo. “Si cambiamos tiene que ser para mejorar y no como pasó en el área de menores infractores, que se aprobó un código precioso pero que estaba alejado de la realidad”, concluyó.