Fiscal de Corte a favor de mantener el procesamiento de Alicia Castilla, investigada por tener 29 plantas de marihuana en su casa

Castilla apeló su procesamiento, alegando, entre otras cosas, que las plantas aún no tenían definido su sexo (solo las plantas hembras producen cannabis psicoactivo), con lo cual la “mera plantación y cultivo temporario de la planta” hasta que cumple seis meses y define su sexo “es una conducta impune”.

La ley 19.172, que reguló el mercado de la marihuana y legalizó el autocultivo, establece la responsabilidad penal de quien “sin autorización legal, produjere de cualquier manera las materias primas o las sustancias”.

Díaz entiende que la expresión “produjere de cualquier manera” comprende “todo el proceso de elaboración de la sustancia, que tiene comienzo en la siembra”. En consecuencia, no comparte el argumento de la defensa, que “considera que la mera plantación y cultivo temporario de la planta hasta cumplir los 6 meses es una conducta impune”.

Nueva ley.

La argentina fue una de las últimas personas procesadas antes de que el Parlamento legalizara el autocultivo del cannabis. Su caso generó una gran repercusión mediática y avivó el debate sobre la liberalización de la producción para uso personal.

Es que cuando Castilla fue procesada, la posición del Estado respecto a la marihuana era más dura. Aunque el consumo no estaba penalizado, sí lo estaba el autocultivo o la adquisición de la sustancia. Con la aprobación de la ley 19.172, el Estado flexibilizó su postura.

En su dictamen, el fiscal explica que antes de esa norma el consumo de drogas “era una actividad lícita, pero se planteaba el problema de determinar la cantidad de droga que podría considerarse que estaba destinada para tal fin, lo cual quedaba a criterio de los magistrados”.

Por otra parte, “para obtener la droga debía acudirse a un circuito, por supuesto que clandestino”. La “incertidumbre se acentuaba a la hora de evaluar las cantidades de plantas que podían considerarse como destinadas a la cosecha para el uso personal”, señala Díaz.

La sanción de la ley 19.172 dio “solución” a estos temas al eximir de responsabilidad a quienes produzcan hasta seis plantas de marihuana para uso personal. Si superan esa cantidad “será el Juez del caso quien valorará de acuerdo a las reglas de la sana crítica, si las cantidades incautadas, pueden igualmente ser consideradas que su destino era el consumo personal”, precisa Díaz.

En este punto el fiscal discrepa con el Tribunal de Apelaciones, que consideró que “una persona que tiene un vivero con 29 plantas de marihuana, luz artificial, toldos para ocultarlas y protegerlas, no tiene explicación ni justificación alguna para estar excluida del reproche penal”, ya que no puede considerarse que esa producción es “necesaria para su consumo”.

Díaz no coincide con esa conclusión, aunque dice que Castilla “no probó” que las plantas incautadas eran para consumo personal. “No surge prueba alguna que acredite que es necesario contar con 29 plantas para poder producir la cantidad de sustancias necesarias para su consumo personal”. Entonces “la valoración efectuada por el Tribunal no puede calificarse de absurda o arbitraria”, concluye.

Otra posibilidad.

El fiscal de Corte aclara que hubiera estado dispuesto a considerar la absolución de Castilla si la defensa hubiera ido por otro camino.

“Si en el planteo efectuado por (la defensa), se hubiera invocado la atipicidad de la conducta, por vulneración del bien jurídico protegido por la norma, quizás otra hubiera sido la posición de esta Fiscalía”, escribió.

Díaz plantea que si la defensa hubiera alegado que la conducta de Castilla, aunque ilícita, no violentó el bien jurídico que la norma protege —en este caso la “salud pública”—, ya que no distribuía marihuana, la defensa podría haber conseguido una posición favorable.

Tras el dictamen de Díaz, que es preceptivo pero no vinculante para los ministros, resta que se pronuncie la Suprema Corte.