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A instancias del fiscal de Corte, Jorge Díaz, el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, inició un sumario con separación del cargo y retención de la mitad de los haberes a un fiscal civil por incumplir con la obligación de concurrir a las audiencias y rebajó de categoría a una fiscal departamental del interior por “un cúmulo de irregularidades”, dijeron a Búsqueda fuentes vinculadas al caso.
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Según las fuentes, estas medidas se producen en el marco de una política de recursos humanos que implica el efectivo control de las obligaciones administrativas de los fiscales de concurrir a los actos de servicio y de vivir en el lugar en el que desempeñan sus funciones.
Para cumplir con esa política el año pasado se reforzó la plantilla de funcionarios del Ministerio Público con el ingreso de 84 fiscales adscriptos.
En un evento realizado a fines de 2013 en un hotel céntrico para introducirlos en el Ministerio Público, el fiscal de Corte le dijo a los nuevos fiscales que otorgaba mucho valor a la obligación de asistir a las audiencias, porque esa era una de las formas de acercar el servicio a la población. Manifestó que es necesario “verle la cara” a las partes en un proceso civil o a las víctimas o victimarios en un proceso penal para tomar una decisión, porque de allí surgen una cantidad de datos que no están en los expedientes. Incluso el fiscal manejó casos en los que debió intervenir como juez, en los que el contacto cara a cara fue determinante para tomar resolución.
“Obligación”.
La ley de Rendición de Cuentas del año 2012 (18.996) dispuso una serie de modificaciones de la Ley Orgánica del Ministerio Público, entre las que se estableció la obligación de todos los fiscales de concurrir diariamente a su despacho y a todas las audiencias y actos de instrucción en los que deban intervenir en función de su cargo.
La misma norma creó el puesto de fiscal inspector para controlar que esa y otras obligaciones efectivamente se cumplan.
Precisamente en una inspección realizada por el fiscal inspector Luis Pacheco, el magistrado detectó que en la Fiscalía civil de octavo turno esa obligación no estaba siendo cumplida.
El titular de la Fiscalía civil de octavo turno es Luis Franzoni, quien se desempeñó durante mucho tiempo con anterioridad como fiscal de menores.
Según el informe de la inspección, del control de los libros de la Fiscalía surge que de unas 3.000 vistas estudiadas, menos de 20 habían sido hechas en audiencia. Eso hizo presumir a Pacheco que no se estaba cumpliendo con la obligación de concurrir a las audiencias.
A raíz de ese informe se dispuso una investigación administrativa que constató el incumplimiento de la obligación. En el marco de esa investigación se entrevistó a las juezas que trabajaban con el fiscal Franzoni, quienes declararon que la inasistencia a las audiencias del representante del Ministerio Público perjudicaba el servicio en la medida que enlentecía el trámite de varios expedientes.
En función de que se considera que constituye “falta grave” la inasistencia a las audiencias, se dispuso el sumario al fiscal con separación del cargo y retención de la mitad del sueldo. El salario de un fiscal nacional es de $ 130.000 nominales.
“Irregularidades”.
El otro caso data de fines del año pasado e implicó la rebaja de categoría de la fiscal de Río Branco (Cerro Largo). En ese caso, la jueza de esa localidad puso en conocimiento de la Suprema Corte de Justicia una serie de irregularidades administrativas que presuntamente había cometido la funcionaria.
Por ejemplo, se informó como un hecho sorprendente que en una oportunidad la fiscal solicitó el procesamiento del denunciante de un delito. En otros casos, la magistrada asumió competencia y solicitó el diligenciamiento de pruebas en casos que notoriamente no correspondían a su jurisdicción, según las fuentes.
Además se indica que tenía “problemas de relacionamiento” con otros actores del sistema, como los jueces y la Policía.
Como sanción en ese caso se rebajó a la magistrada al cargo de fiscal adjunta.
Recursos.
La política aplicada por la Fiscalía de Corte no es aceptada pacíficamente por todos los fiscales. Por ejemplo, el fiscal civil Enrique Viana sostiene que es inconstitucional obligar a los representantes del Ministerio Público a concurrir a las audiencias y cuestiona el hecho de que se designe un fiscal inspector. Incluso el magistrado llegó a plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, por la que hubo una “audiencia in voce” en los últimos días.
