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Fiscalía investiga duplicación de gastos, dinero “de más” destinado a convenios y pagos excesivos a talleres mecánicos en el Mides
La denuncia penal presentada por las actuales autoridades del ministerio detalla diversos hechos en los que sostienen que hubo “discrecionalidad” o “fallas” en los controles
Nicolás Martinelli. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Durante tres años, el Estado pagó US$ 72.000 de más al gobierno de Cuba para que técnicos de ese país brindaran servicios de producción, diseño y reparación de prótesis en Uruguay. El monto extra se explica porque el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se basó en un borrador del convenio que contenía cifras más elevadas a las que figuraron en el documento que finalmente se firmó.
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En ese ministerio hubo además “fallas” en el control de las rendiciones de cuentas de los pagos de alquileres por parte de organizaciones sociales por montos cercanos a los $ 18 millones; durante un año y medio se pagó servicios de UTE y OSE en inmuebles que ya no estaban en poder del Mides y se realizó un gasto excesivo en talleres mecánicos de acuerdo a los valores de mercado.
Estos son algunos de los elementos que forman parte de un documento elaborado por la Dirección General de Secretaría del Mides que acompañó la denuncia penal presentada el jueves 4 por Nicolás Martinelli en la Fiscalía. Martinelli ocupó el cargo de director general de Secretaría hasta principios de esta semana, cuando pasó a desempeñarse como asesor directo del presidente Luis Lacalle Pou, y fue quien lideró las auditorías que se realizaron en el ministerio para inspeccionar la gestión anterior, en manos del Frente Amplio.
En el documento anexo a la denuncia, al que accedió Búsqueda, se describe el estado de situación de las diferentes áreas que componen la estructura de la Dirección General de Secretaría, se detallan algunos hallazgos de las auditorías y se desarrollan las medidas que se tomaron para solucionar los problemas. Esos hallazgos están, a su vez, relatados en la denuncia que será investigada por el fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos, Enrique Rodríguez.
Al investigar el Área Financiero Contable, se constató que en el convenio firmado con el gobierno de Cuba para que técnicos de ese país especializados en ortopedia brindaran servicios en Uruguay, se pagaron US$ 72.000 de más entre setiembre de 2017 y octubre de 2020. Esto se debió a que se pagaba “sobre la base de un borrador de convenio que contenía cifras más elevadas que el convenio finalmente firmado”, dice el informe. “Un ejemplo más de lo devastador que ha sido para este ministerio la ausencia de protocolos y procesos o rutas de expedientes debidamente establecidas”, evalúa.
En cuanto a la rendición de cuentas, se constataron fallas en los controles sobre los pagos de alquileres por parte de organizaciones sociales que cumplen servicios tercerizados, por montos cercanos a los $ 18 millones. Según se explica en el documento, el ministerio pagaba a las organizaciones los montos por concepto de alquileres, pero luego estas “no cumplían con el pago al propietario”. Entonces se activaba la garantía y era el Ministerio de Vivienda quien abonaba. De esta manera el Estado “pagaba dos veces”.
De acuerdo a las auditorías, se gastó $ 71.000 en servicios de UTE y OSE en dos inmuebles que “ya no se encontraban en poder del ministerio”. Actualmente, el Mides está revisando todas las cuentas de servicios asociadas a inmuebles arrendados por el ministerio o cedidos en calidad de comodato para saber si hay alguna otra irregularidad.
En el relevamiento se detectó también que era “muy común realizar contratos con organizaciones que presentaban incumplimientos o problemas de rendiciones en contrataciones anteriores, principalmente por falta de un sistema de evaluación y registro de incumplimientos”.
En el programa Uruguay Trabaja encontraron que durante la administración anterior hubo atrasos en la inscripción ante el BPS por un monto de $ 4,5 millones, lo que le provocó al Mides multas y recargos por $ 1,1 millones. Además, en el marco de ese programa, durante el período 2016-2019 el sindicato de la construcción (Sunca) debió pagar multas por $ 1,5 millones. Ese dinero era parte de lo que el Mides le transfería para el pago de jornales.
A nivel general, se constataron “rendiciones de pagos sin contar con el correspondiente comprobante de respaldo” y se imputaron pagos con “comprobantes totalmente ilegibles”.
Según una de las auditorías realizadas por el ministerio, un control interno inadecuado sobre los fondos públicos “puede aumentar el riesgo de incurrir en apropiación indebida”.
La actual administración observó además que se incumplía con el decreto de viáticos 279/012, ya que “prácticamente todas las Direcciones Nacionales tenían más de una caja chica” y un “uso desmedido de las solicitudes de los vales a rendir”. Además, no se pudo constatar un procedimiento formal en la Tesorería del Instituto Nacional de Alimentación para la “custodia, entrega y rendición de los tickets de alimentación”.
De toda la revisión surge que había “riesgos de colusión, uso indebido de fondos, posibilidad de fraude, ineficiencia del gasto”.
Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
En el documento se informa a su vez que se encontraron varios sobres con dinero de usuarios fallecidos en el centro Tarará Prado sin trámites iniciados de apertura de sucesión por parte de la División de Servicios Jurídicos Notariales. El centro Tarará Prado es un lugar de alojamiento transitorio donde se recibe a quienes se operan de los ojos en el Hospital Saint Bois o a personas en situación de calle que requieren cuidados transitorios.
Además, el Mides informa en el documento que en 2020 se redujo 50% el gasto en talleres mecánicos. A las autoridades les llamó la atención que en 2018 se pagara casi $ 7 millones en arreglos y en 2019 la cifra fue de poco más de $ 5 millones. El año pasado, en tanto, luego de un llamado público se gastó $ 2,1 millones. “Anteriormente los talleres eran elegidos a dedo por la gerencia Logística”, señala el informe como posible explicación del sobrecosto.
Plantea también que hubo “discrecionalidad y falta de control” en la compra y distribución de vouchers de pasajes. Según el informe, en 2019 se gastó por este concepto cerca de $ 30 millones, de los cuales aproximadamente $ 20 millones “fueron destinados a personas ajenas al ministerio”.
En el documento la Dirección General de Secretaría informa sobre distintas medidas que ha tomado para superar estos problemas. Entre ellas, menciona que se firmará un nuevo convenio para evitar la responsabilidad solidaria del ministerio por falta de pago de alquileres, se mejorará el sistema informático utilizado para el control de las rendiciones de cuentas, asimismo se disminuyó y se topeó el monto de las cajas chicas.
