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“El secuestro de los uruguayos”. Así se conoció la situación que atravesaron la maestra Lilián Celiberti y su esposo Universindo Rodríguez, ambos militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), cuando fueron detenidos ilícitamente el 12 de noviembre de 1978 por un comando del Ejército uruguayo, en colaboración con el régimen militar brasileño.
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Tras ser trasladados a Uruguay junto a sus dos hijos pequeños desde su residencia en Porto Alegre, la pareja fue sometida a torturas y permanecieron cinco años presos.
Casi 40 años después, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad pidió al Juzgado penal de 23º turno el procesamiento con prisión de cuatro oficiales retirados del Ejército por su participación en el caso. Glauco José Yannone De León, José Walter Bassani, Carlos Rossel Argimón y Eduardo Augusto Ferro son acusados por el fiscal Ricardo Perciballe de cometer los delitos de privación de libertad y abuso contra los detenidos, de acuerdo a pedido de procesamiento al que accedió Búsqueda.
El escrito, presentado la semana pasada, dice que la detención de Celiberti y Rodríguez fue realizada por personal militar uruguayo al mando del mayor Bassani y el capitán Yannone, quienes los condujeron a dependencias de la Secretaría de Seguridad y luego los trasladaron ilegalmente al Chuy. Allí fueron recibidos por el entonces capitán Ferro, acusado de los asesinatos del escribano Fernando Miranda y del militante comunista Oscar Tassino, así como de participar en la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Semanas atrás el Consejo de Ministros de España aprobó la extradición de Ferro, luego de que fuera detenido en España en setiembre de 2017.
Celiberti regresó con los militares a Porto Alegre, mientras que Rodríguez y los niños fueron enviados a Montevideo, donde el militante quedó detenido. Al poco tiempo, se presentaron en el domicilio de la maestra en Brasil dos periodistas de la revista Veja, que con la publicación dieron visibilidad a la detención ilegal de la familia.
Luego de ese episodio, Celiberti fue trasladada nuevamente a Uruguay y quedó en manos de los mayores Bassani y Rossel, relata el escrito fiscal. El 6 de diciembre del mismo año, ella y su esposo fueron llevados al Batallón de Infantería Nº 13, donde tras firmar una declaración falsa, fueron enviados a prisión por el régimen militar, donde permanecieron hasta el 19 de noviembre de 1983.
Testigos.
Entre las pruebas citadas por el fiscal se encuentran las declaraciones de Celiberti, en las que brindó información sobre el lugar de detención y las torturas físicas y psicológicas a las que fue sometida. También se tomó en cuenta el testimonio de sus padres, el de sus hijos —en ese entonces de 3 y 8 años—, el de los periodistas brasileños y el del exsoldado Hugo Walter García Rivas, quien se desempeñaba como fotógrafo de la Compañía de Contrainformación del Ejército en la época.
La Fiscalía aseguró que “existen elementos de convicción suficientes” para sostener que los exmilitares deben ser acusados por su participación en el caso, por lo cual solicitó su enjuiciamiento y prisión bajo la imputación de privación de libertad y dos delitos de abuso. Además, pidió que se oficie al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina con el objetivo de determinar las consecuencias que “los plantones, los submarinos, las golpizas generalizadas con manos, pies y/u objetos contundentes y la utilización de picana eléctrica” pueden ocasionarle a la vida de una persona y exigió que se convoque “en el más breve lapso de tiempo” una audiencia.
Justicia.
En los últimos años hubo pocos avances en los más de 200 expedientes en trámite que investigan violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Los últimos procesamientos a exmilitares fueron el de Pedro Barneix en 2015, Asencio Lucero en 2016 y Gregorio Álvarez Nieto, en 2017.
Sin embargo, las causas retomaron movimiento desde que comenzó a funcionar la Fiscalía especializada en febrero. El viernes 25 Brecha informó que el fiscal Perciballe pidió el procesamiento con prisión de cuatro oficiales del Ejército, un juez sumariante y un médico militar por las torturas cometidas contra presos políticos en el Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce, entre 1972 y 1976.
Asimismo, Perciballe pidió procesar a los cuatro oficiales retirados del Ejército Líber Morinelli, Gustavo Mieres, Alberto Ballestrino (hijo) y Daniel Blanco por el homicidio muy especialmente agravado de Oscar Fernández Mendieta, un joven trabajador rural de Durazno que en 1973 tenía 26 años (Búsqueda Nº 1.965).
En el caso de Celiberti y Rodríguez, la causa había sido reabierta en 2012 por la jueza Mariana Mota, luego de que el año anterior el Poder Ejecutivo revocara los actos administrativos que incluyeron causas por violaciones a los derechos humanos bajo la ley de caducidad. Posteriormente, el 14 de setiembre de 2016 la fiscal actuante ya había realizado un pedido de procesamiento, solicitud que “por distintos artilugios jurídicos, se ha diferido en el tiempo”, explicó Perciballe.