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Cuando ingresé a la Universidad de la República, a la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, en 1985, estaba haciéndolo a una Universidad gratuita.
En 1994 se creó el Fondo de Solidaridad que me impone el pago de un impuesto vitalicio o me envía al Clearing.
¿Eso es legal? ¿Hacer la opción por la enseñanza gratuita, por convicción, o necesidad, y que pasados los años, uno se entere que contrajo una deuda de por vida? ¿Un impuesto que cuando ingresó a la Universidad no existía?
Ésta es la segunda carta que escribo sobre el tema. La primera era extensa, porque detallé las penosas condiciones de quienes cursamos la Licenciatura entre los años 85 y 89 hasta que la Universidad nos asignó un local: la ex morgue del Hospital Pedro Visca. Un lugar que había estado abandonado por años. Con vidrios rotos, goteras, paredes con moho donde corría el agua… y estábamos contentos… Nos deberían indemnizar por todo lo padecido.
Al día siguiente de mi carta en Búsqueda recibí una llamada del Fondo de Solidaridad.
Pensé que era por lo que correspondía: la carta. No, era un muchacho del call center del Fondo de Solidaridad, de su ¡Departamento de Cobranzas!
Yo era a la última persona a quien el Departamento de Cobranzas del Fondo de Solidaridad no debía llamar después de la carta con la que me dirigí a la opinión pública.
Correspondía que las autoridades del Fondo se implicaran en el tema y se contactaran conmigo. Eso es lo que hace toda organización seria, que vela por su reputación, respeta a la opinión pública y, especialmente, a sus contribuyentes.
Pero el Fondo de Solidaridad funciona como una especie de agiotista, persigue, amenaza, manda al Clearing y ejecuta.
Por otra parte, el Fondo está integrado por organizaciones tales como la Caja de Jubilados y Pensionistas Universitarios.
Hay una serie de profesionales universitarios que la Caja considera de segunda. No encuentro otra razón, ya que a los nacidos antes del año 1971, no nos corresponde ese derecho. Somos universitarios, pero no si nacimos antes del 71 como para gozar de la jubilación como el resto de los universitarios.
¿Cuál es el criterio?
No deberíamos estar comprendidos dentro de los contribuyentes del Fondo, si no existimos para uno de sus integrantes.
Pero el Fondo de Solidaridad no se caracteriza por tener criterio, el parámetro que considera para establecer el monto del impuesto son los años de duración de la carrera y no los ingresos: un abogado penalista, que cobra 70.000 dólares por defender a un cliente paga lo mismo que otro profesional al que le llevaría décadas de trabajo reunir esa cifra.
Pero en el caso de los Licenciados en Comunicación, nuestra situación es más absurda aún. Ya que, en la mayoría de los casos, no se exige el título para el ejercicio de nuestra profesión. ¿Somos o no universitarios?
Alguien puede denominarse “consultor en comunicación”, sin que ello se considere ejercicio ilegal de la profesión. Un derecho menos, el más sagrado: el derecho al trabajo. ¿Ir a “regularizar al Fondo? o ¿al Departamento de Cobranzas del Clearing?
¿Cómo puedo ir a “regularizar” una situación tan irregular? ¿Cómo le puedo llamar, sino fraude o engaño, el ingreso a una Universidad, convencida de su carácter gratuito, y que años después se cree un impuesto que me deja endeudada hasta la muerte?
Por lo menos quienes entraron a estudiar después de la creación del impuesto, en el año 1994, estaban enterados.
Que no se respeten los derechos, pero que tampoco se nos impongan obligaciones. Es un atropello.
