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Quería ser el príncipe de una república virtual y por eso su abogado pretendió que se lo declarara inimputable. Tenía en su casa imágenes de mandatarios, exmandatarios, magistrados y legisladores, cientos de miles de fotos y videos de pornografía infantil y otros documentos que prueban vínculos con grupos neonazis de Alemania, Grecia y otros países.
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Estos y otros hallazgos que hasta ahora determinaron la formalización de una persona fue el producto de una larga investigación de la División de Asuntos Internos del Ministerio del Interior que permitiría resolver, casi cinco años después, el caso de las amenazas a jueces, fiscales y políticos por parte del llamado Comando Barneix.
El hallazgo de pruebas que condujeron a la formalización, el miércoles 1º, de Nicolás Gonella, un estudiante de Medicina de 34 años que cuenta con antecedentes por incitación al odio contra la mae Susana Andrade, se produjo como consecuencia de la investigación por las actuaciones del Comando Barneix en 2017, que hoy está a cargo de la jueza Ana de Salterain y el fiscal Luis Pacheco. Fuentes judiciales indicaron que los materiales que condujeron a la formalización —con prisión preventiva por 180 días a pedido de la fiscal de delitos sexuales de 4º turno Silvia Lovesio— fueron encontrados en dos allanamientos que se realizaron en noviembre pasado, uno en Montevideo y otro en el interior, en el marco de la investigación por las amenazas.
Sin embargo, como el caso del Comando Barneix está comprendido en el anterior Código del Proceso Penal, la formalización por los delitos que se le imputaron —instigación pública a delinquir, apología del delito, incitación al odio y almacenamiento y distribución de pornografía infantil— se produjo antes que la conclusión de la causa original, que recién está en la etapa de presumario. Hoy jueves 2 Gonella y su hermano, ambos indagados, serán interrogados por Pacheco y De Salterain sobre su presunto vínculo con el comando.
Trece amenazados
“No se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente”, decía el correo electrónico que recibieron diferentes personalidades vinculadas con las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985). Entre los amenazados estaban el fiscal de Corte Jorge Díaz, el entonces ministro de Defensa (ya fallecido) Jorge Menéndez, la exfiscal Mirtha Guianze, la exvicecanciller Belela Herrera y los abogados Pablo Chargonñia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, Juan Errandonea, Federico Álvarez Petraglia y Óscar López Goldaracena. También fueron amenazados el defensor de los derechos humanos brasileño Jair Krischke, el magistrado francés Louis Joinet (fallecido en 2019) y la investigadora italiana Francesca Lessa.
Al principio, las investigaciones de inteligencia policial, que tuvieron el apoyo de técnicos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés) estadounidense estuvieron centradas en localizar el IP desde donde se había enviado el correo.
Además del caso de las amenazas, el presunto comando fue investigado por el robo al local de la Facultad de Humanidades donde funcionaba el Equipo de Antropología Forense dedicado a la búsqueda de los desaparecidos durante la dictadura y por una convocatoria bajo amenazas a votar por Luis Lacalle Pou por una supuesta orden del general Guido Manini Ríos en 2019.
El general Pedro Barneix, que fue jefe de inteligencia militar y estuvo a cargo junto con su colega Carlos Díaz de redactar un informe sobre el destino de los desaparecidos durante el primer gobierno del Frente Amplio, se suicidó de un disparo pocos antes de ser detenido por la Policía en 2015.
Barneix había sido procesado por la muerte del heladero frenteamplista de Colonia Aldo Perrini, a quien había interrogado bajo torturas en el Batallón de Infantería Nº 4 junto con los oficiales José Bodean y José Puigvert.
Amenazas a jueces y fiscales también se habían producido en 2011, durante el gobierno de José Mujica, cuando se conoció un video anónimo realizado por encapuchados contra los magistrados.
La investigación del Ministerio del Interior estuvo a cargo de un comisario que depende de la dirección de Asuntos Internos. El actual director es el abogado Héctor Martínez Amestoy, mientras que la anterior directora, durante el ministerio dirigido por Eduardo Bonomi, fue la doctora Estela González.
Aunque las amenazas del comando y otras realizadas a magistrados tuvieron mucha repercusión pública, los amenazados no se alarmaron demasiado. De hecho, nunca fue convocado el grupo de policías que protege a jueces y fiscales de posibles ataques de narcotraficantes.
Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a Búsqueda que en las casas allanadas no se encontraron armas.
