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    Fracaso populista

    N° 1845 - 10 al 16 de Diciembre de 2015

    Fue muy evidente durante la campaña. El liderazgo y el aparato “chavista” apeló a todas la ventajas y arbitrios que habilita el ejercicio del poder. Al empleo de recursos públicos para apuntalar a los candidatos del oficialismo, a la constante persecución, a la agresión y al miedo para paralizar a la oposición, a la acción prepotente de bandas de matones bolivarianos.

    Aún así, el hartazgo de los venezolanos pudo más. Y se expresó en guarismos más que elocuentes: casi dos de cada tres venezolanos (65,2%) votaron por un cambio de rumbo y apenas un tercio (32,9%) por su continuidad.

    Hartazgo de las penurias que afrontan en su diaria subsistencia, producto de una disparatada política económica que tocó fondo tras el desplome de los precios internacionales del petróleo. De los privilegios y la corrupción imperante de la nomenclatura del régimen, de la inoperancia ante la violencia y la inseguridad pública. Del descreimiento que produce la palabra, arrogante y prepotente, de quienes empuñan el timón de la “revolución bolivariana”.

    La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conquistó 112 de las 167 bancas de la Asamblea General, lo que la habilita a tomar decisiones políticas e institucionales relevantes. Paradójicamente, la oposición terminó beneficiándose de un sistema de distribución de bancas concebido por el chavismo para asegurarse el control del cuerpo legislativo. La oposición derrotó al chavismo incluso en bastiones del oficialismo como el estado de Barinas, en el que nació Hugo Chávez y que es gobernado por su hermano Adán. La oposición superó allí al oficialista PSUV por trece puntos porcentuales.

    Administrar su triunfo es ahora el problema de la MUD, una coalición de fuerzas con propuestas y sentimientos disímiles. Maduro, Cabello y los prohombres del régimen tendrán que hacerse cargo de la derrota y actuar en consecuencia. Y, por sobre vencedores y derrotados del domingo, estarán las Fuerzas Armadas, principal factor de poder en el país, cuyos jefes han sido involucrados en el proceso chavista, premiados con enormes privilegios e incorporados a importantes posiciones de poder.

    El resultado de la elección pone a unos y a otros ante el enorme desafío de recuperar las instituciones y las prácticas democráticas, restablecer la vigencia del Estado de derecho, reencarrilar la economía y restablecer la seguridad pública para evitarle más penurias al pueblo. Desandar lo andado. No es tarea menor.

    La elección venezolana del domingo, que sigue a la derrota del kirchnerismo en la Argentina, sugiere que la era “populista-progresista” que se enseñoreó en la región en los últimos tres lustros da muestras de agotamiento.

    Basados en liderazgos personalistas, propósitos fundacionales y autoritarismo, la extensión de los dominios y controles del Estado justificados en la pretensión de “privilegiar los intereses del pueblo” y una retórica grandilocuente proclive al autobombo, estos “populismos” están derrumbándose por su ineficiencia, su tendencia a la concentración de poder y la debilidad de sus economías ante el cambio de un ciclo del que se beneficiaron enormemente.

    Las respuestas que han dado los argentinos después de doce años de “kirchnerismo” y, más rotundamente, los venezolanos luego de tres largos lustros de “chavismo”, importan no solo porque constituyen un reclamo de cambio de rumbos en la conducción de sus países, sino porque señalan cómo, tarde o temprano, las políticas económicas demagógicas, así como los atajos antidemocráticos, terminan pasando factura.

    Nadie puede garantizar que Macri sea la solución para los problemas de un país que hace mucho tiempo no cesa de cometer error tras error, hipotecando un futuro que a mediados del siglo pasado era promisorio. Y no puede asegurarse que lo sea cuando, desde ya, la ex presidenta Cristina Fernández se atrinchera tras sus convicciones ideológicas y sus neurosis, mientras diseña una estrategia de resistencia antes de que el nuevo gobierno se haya instalado a la espera de condiciones propicias para su retorno dentro de cuatro años.

    Tampoco puede asegurarse que esta compleja situación política venezolana evolucione favorablemente teniendo por escenario un campo minado y precios del petróleo en sus niveles más bajos de los últimos ocho años.

    Aun así, los triunfos opositores en Argentina y Venezuela, como la actual crisis económica y política de Brasil, tienen el valor de exhibir al resto de los países de la región a dónde lleva la ingeniería social progresista que alentó el gasto público para la construcción de hegemonía política. Pan para hoy, hambre para mañana.

    Por la dimensión y la enorme riqueza de estos países, los procesos políticos y económicos de Argentina, Brasil y Venezuela no dejan de gravitar sobre los otros gobiernos populistas o progresistas de la región, principalmente el del ecuatoriano de Rafael Correa y el del boliviano de Evo Morales. En ambos países la oposición ha logrado éxitos en elecciones regionales que indican cierto desgaste del oficialismo y la carencia de relevos carismáticos para Correa y Morales.

    En Bolivia, la Asamblea Legislativa aprobó una iniciativa de reforma constitucional para habilitar un cuarto mandato de Evo Morales en el 2019. La reforma será sometida a plebiscito el 21 de febrero. Las primeras encuestas registran una mayoría contraria a la nueva reelección del presidente, que está en el cargo desde el 2006 y que ya consiguió reformar la Constitución en 2009.

    La Asamblea Nacional Legislativa ecuatoriana acaba de aprobar 16 enmiendas constitucionales, incluyendo la reelección indefinida del presidente y de todos los cargos de elección popular a partir de 2021. Correa ha anunciado el envío de una segunda tanda de enmiendas constitucionales, que por no ser una nueva Constitución no requerirán de ratificación popular.

    Consciente de las dificultades económicas que enfrenta el país —caída de la renta petrolera, impacto del alza de la cotización del dólar en una economía dolarizada— Correa ha anunciado que no luchará para lograr una nueva reelección en 2017. A sus 52 años, bien puede esperar que otros afronten el temporal para intentar la vuelta en el 2021. Para entonces con reelección indefinida.

    En Chile, el gobierno “progresista” de Michele Bachelet, carente de la impronta autoritaria del chavismo o del kirchnerismo, de Evo o de Correa, ha visto caer su popularidad golpeado por un par de casos de corrupción y enredado en la concreción de sus principales promesas preelectorales (reformas tributaria, educativa y política). Chile vive hoy el fin de una ilusión y el aterrizaje en la realidad.

    Los casos de Venezuela y Argentina se exhiben como víctimas de sus propias utopías. De las consecuencias de proyectos ideológicos que encubren la ambición de poder, que tarde o temprano se derrumban ante el peso de la realidad y de la condición humana.

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