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El plan de ajuste del gasto que afecta a la educación, las pautas dictadas para la negociación salarial, así como la idea de pasar el sistema carcelario de adultos y adolescentes a un organismo descentralizado, encuentran divididos a sectores del oficialismo.
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El proyecto de ley de Rendición de Cuentas que incluye medidas de recorte y postergación de gastos —inclusive en la educación—, además de varios cambios impositivos, empezó a ser discutido el martes 27 en el Parlamento. Allí el equipo económico encabezado por el ministro Danilo Astori defendió el plan de ajuste y enfrentó críticas de diputados de la oposición. Se acabó el “dream team”, señaló uno ante los problemas en los que entró la economía.
Pero el oficialismo no está del todo alineado.
La semana pasada, fuera del Parlamento, se reunieron diputados de sectores que tienen coincidencias en modificar el proyecto —Movimiento de Participación Popular, Lista 711, Partido Socialista por Montevideo, un representante del grupo Ir, Partido Comunista y Partido por la Victoria del Pueblo— con el objetivo principal de evitar un recorte de partidas para la educación, dijo a Búsqueda una fuente política. Si bien asumen que la situación es compleja por lo “ajustado” de los números, del intercambio surgió como propuesta que todas las partidas no ejecutadas en la administración pasen a la enseñanza, informó. Piensan que esa medida permitiría cubrir las necesidades presupuestales de la educación.
Según la fuente, de esa reunión, no fueron enterados los representantes del Frente Líber Seregni —el grupo que lidera Astori— ni la estructura central del Partido Socialista.
Salarios.
Un segundo frente potencialmente conflictivo son las pautas salariales.
Ante la menor cantidad de convenios que siguen los lineamientos que dictó el gobierno, el Ministerio de Trabajo elabora una propuesta de flexibilización sobre la base de la incorporación de correctivos anuales (en lugar de cada 18 meses) si la inflación supera el ajuste nominal concedido, así como volver a mantener para los 105 subgrupos que empiezan a negociar ahora la misma escala de aumentos anunciada para 2015 (10% en el primer año del convenio, 9% en el segundo y 8% en el tercero para los sectores dinámicos; 8,5%, 7,5% y 7% para los intermedios; y 8%, 6,5% y 6% para los problemáticos). Una vez delineada la propuesta, será el propio ministro Ernesto Murro quien la defienda, probablemente en una gestión directa ante el presidente Tabaré Vázquez, dijo otra fuente política.
“No somos partidarios de que aumenta el salario y aumenta la inflación, pero si el objetivo es el control de salarios en función del empleo y la inflación, no se está generando el efecto deseado para quienes así piensan. Los lineamientos están siendo superados por la realidad”, dijo Murro ayer miércoles entrevistado en radio El Espectador.
Por su parte, Astori volvió a hablar de los mismos lineamientos fijados por el Ejecutivo cuando el martes 28 visitó la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados para describir el contexto macroeconómico y el plan de ajuste fiscal.
Pero el PIT-CNT intensificó sus reclamos. Ayer miércoles realizó un paro parcial pidiendo cambios en las pautas y contra el “achique” del gasto, entre otras reivindicaciones.
El gobierno tiene que “barajar y dar de nuevo” en los lineamientos porque las previsiones económicas no se están cumpliendo, planteó el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, el orador principal tras la movilización.
Recordó el compromiso que asumió Vázquez en cuanto a que los trabajadores no perderían poder adquisitivo y agregó: “Señor presidente, con respeto, le solicitamos que para que no haya pérdida de salario real cambie ya las pautas en los Consejos de Salarios”.
“Estamos en un momento de importantes diferencias con el gobierno”, evaluó Abdala.
El PIT-CNT organizará el próximo 14 de julio un paro general de 24 horas que se centrará en el reclamo de la modificación de las pautas salariales.
Cárceles.
Dos semanas atrás, durante una reunión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Eduardo Bonomi, retomó la iniciativa de crear un organismo descentralizado que integre a los dos sistemas carcelarios —de adultos y adolescentes—, como funciona en muchas partes del mundo. Pero su planteo fue resistido por la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, informó un integrante del oficialismo. (Más información en páginas 3, 20 y 26)
