Funcionarios del Registro Civil critican proyecto de ley que habilita a los escribanos a celebrar matrimonios

Los funcionarios sostuvieron que con los cambios propuestos se “afecta a la sociedad y a la tarea que realiza el Registro Civil”. También cuestionaron que el proyecto “beneficia” a los escribanos y que “contemplaría” a los ciudadanos que pertenecen a “determinada clase social y poder adquisitivo”.

Además, el proyecto permitiría descongestionar el trabajo del Registro Civil y de los juzgados de Paz, sostuvieron los autores del texto.

En Uruguay se registraron en los últimos tres años unos 10.000 matrimonios. En la década de los 90 rondaban los 20.000. Si el casamiento se realiza en una oficina estatal se paga una tasa de $ 410. En caso de querer realizarlo en un lugar privado, el costo es de $ 12.545.

La Asociación de Escribanos está de acuerdo con la medida, ya que permitirá un “descongestionamiento” y los contrayentes tendrán “más libertad para fijar horarios”. Además, adelantaron que los honorarios “no van a ser más onerosos” de los que hoy fija el Registro Civil.

En mayo de este año las autoridades del Ministerio de Educación evaluaron el proyecto. “No tenemos dudas —y no traemos aquí ningún cuestionamiento— sobre la idoneidad de los escribanos para llevar a cabo el acto del matrimonio”, dijo la subsecretaria Edith Moraes. Luego realizaron algunas propuestas de cambios al proyecto que en su mayoría fueron recibidas por los autores del proyecto.

Sin garantías.

La semana pasada una delegación del Registro Civil criticó el proyecto. La iniciativa es “inconveniente e innecesaria dada la tarea registral” y de la “sociedad”, afirmó Javier Mederos, integrante de la delegación que concurrió al Parlamento. “Con esto se afecta a la sociedad y a la tarea que realiza el Registro Civil”, afirmó.

La “confiabilidad y la seguridad” de la celebración de matrimonios “nunca han sido cuestionadas”, dijo Mederos, quien afirmó que los funcionarios no le encuentran fundamento a la iniciativa.

“En el proyecto también se fundamentan los beneficios que se generarían al Estado y el descongestionamiento de las tareas del Registro de Estado Civil, hecho que tampoco se condice con la realidad. Tal como está presentada la iniciativa, el Registro de Estado Civil seguiría realizando la tarea que tiene que ver con los matrimonios y muchas otras, por lo que el descongestionamiento no sería tal. Los beneficios económicos y por otro tipo de prestaciones no parecen ser muy claros en ese sentido”, opinó.

Para Mederos, con esta medida “no se brindan garantías a los ciudadanos o por lo menos no quedan del todo claros la incidencia y los beneficios que se van a generar en una materia tan delicada y de tanta significación para las personas y la sociedad”.

El cargo de oficial del Estado Civil exige una “capacitación especial”, explicó.

“Por otro lado, en el proyecto de ley y en la exposición de motivos se manejan conceptos tales como la libertad y la igualdad que el cambio que se propone traería aparejado. En cuanto a la libertad, la normativa vigente es muy amplia y contempla la realización de todos los matrimonios con sus distintas facetas, así como las posibilidades que pretenda el usuario”, afirmó.

Mederos dijo que hay “un tema medio oculto” en el proyecto. “Entendemos que el principio de igualdad se vería bastante afectado, ya que con el planteo actual van a existir varios tipos de matrimonios. Principalmente el proyecto de ley contemplaría a ciudadanos que pretendan casarse, pero que pertenezcan a determinada clase social y poder adquisitivo. ¿Por qué decimos esto? Porque se dice que el ciudadano puede tener un escribano de cabecera o estar habituado a realizar intercambios que ameriten contar con el asesoramiento de un escribano. Lo que vemos en la práctica, por nuestra tarea en el Registro Civil, nos lleva a afirmar que eso no es así. En general, los ciudadanos no tienen escribano de cabecera; incluso, a veces, al momento de acudir a otro tipo de servicios que tienen que ver con el Registro de Estado Civil y que requieren la participación de un profesional de este tipo, les es difícil identificar cuál es la tarea que realiza un escribano o un abogado. Entonces, no conocen a un profesional que pueda realizar un matrimonio. Esa es una realidad”.

Con la propuesta se “trasluce la intencionalidad que existe dentro del proyecto para beneficiar a un grupo de ciudadanos que cumplen una tarea. Esto no tiene sentido en la realidad social del Uruguay de hoy y además se afectan las garantías que el ciudadano tiene, pero estas no son cuestionadas o no sirven como argumento para este proyecto”.