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    Gasto en pasividades plantea “riesgos” para la “consolidación fiscal”, advierte Moody’s

    Para la calificadora de riesgo Moody’s, la carga que suponen las pasividades para el Estado —dado el déficit creciente en el sistema de seguridad social— vienen presionando cada vez más sobre las finanzas públicas uruguayas. Y seguirán haciéndolo a corto y mediano plazo, de no haber una reforma.

    La agencia se enfocó en ese aspecto en un análisis difundido el viernes 20.

    Señala que el déficit en las finanzas exclusivamente del gobierno central bajó de 3,7% en 2016 a 3% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2017, y que espera se mantenga por debajo de ese guarismo en 2018-2020. Ello permitirá que el ratio de deuda se estabilice en torno a 48% del PBI, en línea con países similares y con calificaciones análogas.

    “Pero las rigideces del gasto plantean riesgos”, advierte Moody’s. Los gastos “endógenos —que incluyen transferencias a la seguridad social y otras difíciles de ajustar— son casi el 58% del total (66% incluyendo pagos de intereses), observa. Y afirma que en 2017, una expansión continua en el gasto relacionado con las pensiones generó un incremento general del gasto del gobierno, “a pesar de la capacidad de las autoridades para controlar los gastos operativos”. Sin un reforma en el sistema de pasividades, “la rigidez del gasto presentará riesgos a la baja para los esfuerzos de consolidación fiscal a mediano plazo”, advierte la agencia.

    Según sus proyecciones, el déficit del gobierno central en la actual administración de Tabaré Vázquez (2015-2019) se ubicará, en promedio, alrededor de 3% del PBI, el doble que durante la gestión de José Mujica (2010-2014). Aclara que eso obedece en gran medida a que ahora la economía está creciendo menos y por debajo del potencial, cuando en el período pasado lo hizo por encima.

    El crecimiento de los gastos relacionados con las pasividades está directamente vinculado con la evolución del crecimiento del salario nominal promedio. En ese sentido, Moody’s plantea que garantizar la continuación de los aumentos salariales nominales moderados será “clave” para la consolidación fiscal a mediano plazo.

    Durante la última década, las jubilaciones y pensiones han tendido a crecer más rápido que la economía (en 2017 lo hicieron 6% en términos reales, por la combinación del incremento de los salarios nominales). Esto llevó a un aumento adicional de los desembolsos de transferencias al sistema previsional como porcentaje del PBI, que ahora son casi dos puntos porcentuales más altos que hace una década, consigna el análisis. Apunta que las autoridades esperan que las pasividades crezcan a un ritmo más moderado en el futuro, en línea con la economía.

    Pero en el corto plazo, el resultado de las negociaciones en curso en los Consejos de Salarios será fundamental para determinar si el gasto relacionado con las pasividades efectivamente reportará un menor crecimiento. Con una inflación anual que alcanzó a 8% en junio y que continuará aumentando en los próximos meses, según Moody‘s, es probable que los sindicatos demanden mayores incrementos nominales que los contemplados en las directrices del gobierno, plantea.

    Otros elementos han contribuido a aumentar las presiones fiscales relacionadas con la seguridad social en los últimos años “y podrían seguir haciéndolo si no se abordan”, añade la calificadora de riesgo. Una fue el incremento en el número de jubilaciones como resultado de la flexibilización introducida en 2008; “el efecto de esta medida se debe disipar con el tiempo, pero ya ha debilitado las cuentas fiscales”. También influirá la situación de la “caja militar”, que actualmente requiere alrededor de 1% del PBI en transferencias del gobierno, agrega. Además, la ley que habilitó la desafiliación de las AFAP a los llamados “cincuentones” si bien puede impulsar los ingresos al sistema en el corto plazo, con el tiempo esta medida también conducirá a mayores desembolsos. En suma, para Moody’s “es difícil ver que los pagos de pensiones podrían reportar una tendencia a la mejora en los próximos años en ausencia de una reforma, que probablemente solo sea abordada por el próximo gobierno”.

    BCU y entes.

    Por fuera de la cuestión previsional, la agencia menciona otro factor que conducirá a una “convergencia más lenta al objetivo fiscal”: la factura de intereses de deuda relativamente alta que deberá pagar el Banco Central. En los últimos dos años ese organismo aumentó sus compras de divisas y, para retirar del mercado los pesos que vuelca al hacerlo, ha emitido títulos de deuda que pagan intereses. “A medida que el ritmo de las compras de divisas se aceleró en la segunda mitad de 2017 y la primera mitad de 2018”, esa cuenta creció “más de lo esperado, lo que contribuyó a un mayor déficit cuasifiscal”, explica.

    Por otro lado, para alcanzar el objetivo de déficit fiscal de todo el sector público de 2,5% del Producto para 2020, las empresas estatales “tendrán que seguir mejorando sus finanzas en los próximos años”, afirma Moody’s. Y agrega que será importante fortalecer la gobernanza en los entes, para evitar tener que sacrificar las inversiones.

    Economía
    2018-07-26T00:00:00