Gestión de Ancap no tuvo “ilicitudes”, pero generó “discordia parcial”

El grupo de Sendic sostiene que los problemas financieros que enfrentó Ancap fueron causados, al menos en parte, por decisiones del Ministerio de Economía, mientras que el astorismo cree que los motivos principales fueron las malas decisiones del ente petrolero. El informe reconoce una “discordia parcial” en la interna oficialista sobre la gestión investigada.

“Las inversiones deben realizarse y los costos deben ser tenidos en cuenta para la fijación de tarifas, pero bajo un esquema de funcionamiento que incorpore, en relación a las inversiones, las siempre presente restricciones en materia de recursos, su rentabilidad y pertinencia y la necesaria previsión de la capacidad de pago así como similares conceptos en materia de costos”, añade.

Y por último afirma que “la política antiinflacionaria incorporó la decisión de no trasladar a la población, a través de las tarifas, las consecuencias de decisiones que se entiende no estaban justificadas”.

No fueron las 15 páginas que pretendía el sector encabezado por Astori, aunque su visión quedó plasmada en el informe.

Sin irregularidades.

En las 187 páginas que tiene el informe de los senadores oficialistas se repiten una y otra vez dos ideas: que no hubo irregularidades y que Ancap pasó a jugar un rol determinante en el cambio de la matriz energética gracias a inversiones que antes no se habían hecho.

La petrolera estatal “se convirtió en un pilar del cambio en la matriz energética”, realizó “la mayor inversión ambiental del país”, instaló “cuatro plantas industriales de biocombustibles”, “mejoró el posicionamiento logístico” e “inició un proceso sistemático” de búsqueda de “recursos fósiles”.

Déficit.

En relación con las pérdidas, el informe reconoce los resultados deficitarios, aunque advierte que “no registran los impactos medioambientales o en la salud de la gente, las consecuencias sociales y económicas de la zona de influencia del grupo”.

El texto indica que hay costos que no fueron reconocidos por el Ministerio de Economía como causa de los deficitarios resultados en los balances. El 50%, unos U$S 400 millones, por incremento en los costos de distribución de la planta de Ancap hasta las estaciones de servicio, 25% por costos de logística y por inversiones, 12,5% (U$S 100 millones) por pago de intereses del financiamiento del endeudamiento y otro 12,5% por variación del tipo de cambio.

“Los resultados de los ejercicios 2011 a 2014 son deficitarios en U$S 602 millones y en el mismo período la empresa podía haber recibido U$S 800 millones”, dice el informe, y agrega que “algunos costos no se trasladaron a las tarifas por el control de la inflación”.

Inversiones.

Las diferencias entre el precio previsto y lo que terminó costando en las mayores obras de la petrolera estatal que denuncia la oposición son, para el Frente Amplio, una “novela periodística”. El argumento es que “no se puede comparar el costo de inversión real total con un estudio de factibilidad que tiene un nivel de precisión muy bajo”.

Y agrega que los denunciantes “no toman en cuenta” la variación en los costos a lo largo del período, como el precio del hierro, acero, mano de obra, medidas gremiales, modificaciones del proyecto original, como el software de última generación para el comando de la refinería de La Teja que costó U$S 10 millones, o los cambios de diseño para la toma y devolución de agua del Río de la Plata que costó U$S 30 millones.

El plan de inversiones estuvo incorporado en los presupuestos anuales aprobados por Economía, dice el informe. Además, señala que los representantes de la oposición en el Directorio de la petrolera tampoco cuestionaron esas iniciativas.

Publicidad.

En el informe, Otheguy afirma que no se verificó “ningún acto administrativo” irregular o ilícito en la denuncia acerca de que Ancap diera U$S 5.000 en publicidad a la radio “La Propia” de Quebracho (Paysandú) sin estar al aire. El oficialismo asegura que la pauta salió al aire y detalla que eso ocurrió entre mayo y octubre de 2014.

Remolcador.

El oficialismo también rechaza la denuncia del Partido Nacional respecto a demoras en la entrega del remolcador Kychororo por parte de la Armada a Ancap. La oposición cuestionó que la empresa no recibió la embarcación en tiempo y advirtió fallas en su funcionamiento. El informe del Frente Amplio dice que existieron “incumplimientos no imputables” a Ancap en los plazos de entrega.

Venezuela.

Otra de las denuncias de la oposición tiene que ver con el papel de la empresa Exor como intermediaria entre Petróleos de Venezuela (PDVSA) y Ancap para cancelar anticipadamente la deuda que tenía la estatal uruguaya. Exor fue retirada del negocio e inició un juicio a las empresas estatales de ambos países. El oficialismo concluyó que la intervención de Exor “se ajustó a derecho”, ya que “fue la única firma interesada en brindar una ingeniería financiera que permitiera a Ancap precancelar la deuda a largo plazo con PDVSA”. En cuanto al juicio que inició Exor, se entiende que no hay “fundamento alguno” para que se lleve adelante.

La oposición criticó también la pertinencia del contrato con la empresa Pleno Verde para trasladar la cal a Brasil. Al respecto, el oficialismo sostiene que la contratación se realizó por “razones de competitividad en un mercado muy competitivo”. “Por tanto —insiste—, no le resultan exigibles en la especie la aplicación de los procedimientos previstos en el Tocaf para seleccionar la mejor oferta”.