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En el artículo anterior se abordó la gestión del MGAP en los últimos años, en materia de políticas públicas. Se hizo mención allí que separaríamos dos áreas en este tema: el de las políticas macroeconómicas, que no refieren estrictamente a la órbita de esta Secretaría de Estado y aquellas que sí son su materia específica.
El primer conjunto de políticas (las llamaríamos genéricamente macroeconómicas), es sin duda el más determinante en el desarrollo económico del sector, y es allí donde el “peso técnico” de MGAP, su prestigio y su capacidad, deben hacer gravitar su opinión para asegurar que el diseño de esas políticas no afecte negativamente la actividad agropecuaria. Mencionamos, en el último artículo, que la sucesión de diferentes ministros, con diferente peso político, no consiguió nunca jugar ese papel, y se ha mantenido al margen de todas las discusiones relevantes (política comercial, política fiscal, política tributaria, política salarial, etc.).
Pero además de esta triste e infructuosa gestión hacia dentro del gobierno, el MGAP se ha dedicado a destruir algunas fortalezas con las que esa Secretaría contaba y a transformar la actividad productiva en un penoso, sufrido y duro camino plagado de trabas burocráticas improductivas, que la encarecen, la entorpecen, la desalientan y, lo que es peor, la hacen más débil para enfrentar los momentos adversos. Y todo consecuencia de una grave confusión de cuál es su función, donde sistemáticamente se pretende ocupar el área de gestión del privado y olvidando la posibilidad de agregado de valor de la gestión estrictamente pública.
El caso más elocuente, pero no el único, y que abordamos en este artículo, de destrucción de fortalezas, es lo que se ha llevado adelante con el sistema de información de la Secretaría. La Diea, oficina encargada de la información y las estadísticas, había sido puesta bajo la dirección de una autoridad incuestionable en la materia, la economista Rosa Grosskoff, que había venido transformando y desarrollando la actividad de esa oficina; aún quedaba mucho por hacer. Abundan aquí muchas señales de la mala gestión de la dirección que la sucedió: por ejemplo, y tal vez la más elocuente, fue que el Censo Agropecuario de 2010, se demoró y se postergó un año; todos sabían del compromiso asumido de un censo por década; en el 2000 se había hecho el último, y ahora en pleno auge económico, con abundancia de recursos como nunca en la historia, con el avance tecnológico inusitado que se verifica en esta época en esta área, el MGAP debió postergar un año la realización del relevamiento más importante del sistema de información del sector.
Pero además de la postergación, la demora en procesar sus resultados fue sorprendente, más a la luz de la mencionada disponibilidad de herramientas tecnológicas que facilitan, aceleran y abaratan el procesamiento de la información relevada. Y para colmo, en el mercado hay serias dudas sobre la credibilidad de los resultados.
La información sobre las actividades productivas sigue deteriorándose en una paulatina muerte por inanición de iniciativas. Las cifras sobre la actividad agrícola, área, producción, rendimiento, etc., antes datos relevantes para el mercado, hoy son sustituidas por lo que dicen “opinantes calificados”, ante las dudas que generan las cifras oficiales. Tal vez el elemento más importante de la década, como fue la expansión de la soja, es una actividad que no cuenta con información oficial confiable sobre estos indicadores.
En materia pecuaria, todo es peor. La información de Dicose se demora como nunca, además de contar con el pesado y gravoso SNIG. Todo es peor, todo es más lento. Hoy no están publicadas las cifras completas de la declaración jurada de julio de 2015, y han sido sacadas de la página del ministerio las anteriores, no se sabe con qué fin.
El SNIG, organismo que desarrolló y maneja el sistema de identificación individual, no ofrece ninguna información. En 2006, esta fecunda administración, transformó en obligatoria la identificación individual (mal llamada trazabilidad), y se argumentaron varios beneficios para justificar esta violación del derecho de los empresarios ganaderos de optar por el mejor sistema de producción y gestión. Se dijo que con el tiempo se iba a disponer de mejor información y que se iba a ir dejando de lado la actividad de Dicose. Esto se hizo, se la dejó de lado, pero la declaración jurada y toda la parafernalia burocrática siguen en pie, agravadas por la incorporación de nuevas “herramientas”. Y no sabemos cuánto ganado se exporta en pie, ni de qué sexo y categoría, hecho que se podría conocer fácil y económicamente con una periodicidad semanal, y es un dato relevante del mercado; no sabemos cuántos animales hay encerrados en confinamientos de engorde (feedlot), cuántos se venden por mes, cuántos entran, etc., otro dato importante que sería muy fácilmente publicable y nada de eso ocurre.
También se argumentó que esta parafernalia burocrática de la “trazabilidad” iba a otorgarle al país mucha credibilidad, porque facilitaría el control de las exportaciones en ocasión de algún evento sanitario adverso. Decían las autoridades del MGAP que el consumidor en la góndola de un supermercado en Suecia tendría la información de dónde viene esa carne, de qué ganado, de qué región, de qué establecimiento, e incluso Inac desarrolló una campaña para que se pudiera poner la foto del productor en la etiqueta. Hoy hay un problema con la exportación de carne a EEUU y no se sabe de dónde viene esa carne, y el ministro dice que “no se puede saber todo”. Trazar o no trazar es una decisión del ámbito privado y no de un desbordado poder público.
Y esta semana se anunció la creación del Sistema Nacional de Información Agropecuaria con apoyo de entidades internacionales. ¿Con qué autoridad esta Secretaría reclama recursos para desarrollar este sistema? Los antecedentes mostrados no respaldan esta operación. ¿Por qué si no se han sabido manejar los abundantes recursos disponibles durante una década, se va a hacer un uso eficiente en estos momentos más difíciles? Es imperioso exigir debidos fundamentos, no de las necesidades de información confiable de calidad y oportuna, sino en cuanto a la adecuada capacidad de gestión a la hora de solicitar recursos.
En futuras columnas trataremos de detallar la sucesión de medidas hacia adentro del sector, su área de especialidad, que multiplicaron la burocracia improductiva a niveles nunca vistos ni imaginados: registros, permisos, habilitaciones, autorizaciones, formularios, etc., etc., que han transformado la actividad no solo en un calvario, sino que la hacen menos competitiva.
(*) El autor es ingeniero agrónomo y consultor privado
